“Hoy el litio, no sólo está en la agenda púbica; está en la agenda del gobierno. ¿Cuándo logramos esto?, cuando el presidente de la república, como jefe de las instituciones, instruyó a la Secretaría de Economía a hacer una investigación a fondo para atender este tema”, señaló esta mañana el senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, durante la presentación de su propuesta para crear el Instituto Nacional del Litio.
La iniciativa se discutirá en septiembre cuando inicie la próxima legislatura. Para realizar un cambio constitucional se requieren dos terceras parte del Senado; Armenta Mier asegura que cuentan de momento con 56 senadores dispuestos a apoyar la iniciativa (de los 128 que integran la Cámara), por lo que habrá que cabildear con miembros de otras bancadas que decidan unirse a la lucha por la nacionalización del mineral. El plan B consiste en un marco normativo secundario para lograr que el Estado tenga la rectoría del litio, aunque no se modifique la Constitución.
El artículo 27 constitucional señala que: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
“De todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos”. El problema, señala el morenista, es que solo contempla las piedras preciosas, ciertos metales y sales, además de hidrocarburos como el gas y el petróleo, mientras que el litio sólo es clasificado como un mineral aprovechable en la Ley General de Minería. “No se trata de discutir por qué no tiene rango constitucional, de lo que se trata es de elevarlo a rango constitucional”.
El litio es clave para el desarrollo de las baterías de los teléfonos celulares y los autos eléctricos, entre otras cosas, lo que lo ha convertido en uno de los minerales más codiciados por las grandes empresas transnacionales; ejemplo de ello es el golpe de estado fallido ocurrido en Bolivia, el cual fue provocado, en parte, por la nacionalización del llamado “oro blanco” por parte del expresidente Evo Morales.
El yacimiento más grande del mundo
Un reporte publicado por Mining Technology, en 2019, señaló que México cuenta con uno de los diez yacimientos más grandes de litio en el mundo. Ubicada en Sonora, la veta podría tener más de 243 millones de toneladas del mineral. Pero para comprobarlo se necesita explorar, labor que hasta ahora sólo realizan las empresas mineras dueñas de las concesiones.
La creación de un Instituto Nacional del Litio permitiría “conocer desde el Estado mexicano, como un acto de soberanía estratégica en materia energética, las características de ese potencial minero que tenemos. Sería un error estratégico que México le pregunte a China cuáles son las características del litio mexicano”.
“Mientras no haya exploración del gobierno, el Estado mexicano depende de lo que hagan los extranjeros en materia de exploración y explotación de un mineral tan importante”.
Alejandro Armenta, senador de Morena
Armenta Mier planteó que, después de la nacionalización, el litio podría usarse como divisa para pagar la deuda externa de México, como, apuntó, hizo Rusia con el gas natural tras la caída de la Unión Soviética.
El senador resaltó la importancia de la colaboración con los gobiernos de Bolivia y Argentina en el tema; relación que se fortaleció tras las visitas de los presidentes Luis Arce y Alberto Fernández a México.
Tanto argentinos como bolivianos han avanzado en cuidar la injerencia extranjera en la explotación de sus yacimientos de litio, situación contraria a la que sucede en México, donde las 31 concesiones mineras sobre dicho mineral pertenecen a compañías extranjeras.
“Esa dependencia tecnológica vulnera nuestra soberanía, por lo tanto, el Instituto Nacional del Litio es una necesidad, hoy o mañana”, finalizó el senador de Morena.
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