En un desplegado, organizaciones, colectivos y espacios académicos saludaron que se haya retomado el proceso legislativo rumbo a la armonización del marco jurídico estatal con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
Expresaron su preocupación en torno a algunos puntos de la iniciativa de Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, presentada por el gobernador en días pasados.
Dicha iniciativa contiene elementos que contribuyen a una buena armonización legislativa y a dotar de herramientas para hacerle frente al fenómeno de la desaparición, consideraron.
No obstante, de acuerdo con la revisión realizada por las organizaciones, colectivos y espacios académicos, la iniciativa del Ejecutivo estatal:
No incorpora en su glosario definiciones importantes como “áreas de resguardo”, “búsqueda inmediata”, “fosa clandestina”, “fosa común” y “fosa individualizada”.
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La iniciativa tampoco reconoce condiciones de preferencia sexual y de orden social, económico, histórico y cultural como parte del enfoque diferencial que presenta como principio orientador.
Además, debilita al Sistema Estatal de Búsqueda de Personas al no sujetar su actuación a los principios para la búsqueda de desaparecidos de la Organización de las Naciones Unidas.
Consideraron que la iniciativa limita su integración al no incorporar a actores como la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
Advierten poca transparencia
La iniciativa del gobierno estatal no obliga a las autoridades a fortalecer la actuación del Consejo Estatal Ciudadano, a través de la entrega expedita de la información que requiera, según el desplegado.
También le falta incorporar estándares internacionales de estructura, proceso y resultado para rendir cuentas.
También se señaló que no garantiza que el personal que participe en acciones de búsqueda reciba la capacitación y certificación necesaria y adecuada.
Consideraron que pone en riesgo la capacidad de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado al no establecer un proceso transparente para la designación de su titular.
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Además no garantiza la participación de las familias en las acciones realizadas por los grupos de trabajo para la búsqueda de personas y el análisis del fenómeno de desaparición.
Sobre todo, no reconoce los derechos de las víctimas directas como “el ser buscadas de forma independiente al delito de desaparición y presunción de vida”.
Ley de altos estándares
A la iniciativa del gobierno le falta integrar a familias de las víctimas en la supervisión del quehacer estatal, participar en planes de investigación y búsqueda, y recibir un trato digno, puntualizaron.
Recordaron que hay una iniciativa paralela trabajada con familiares de desaparecidos, un grupo técnico de la IBERO y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
Por lo anterior, solicitaron al Congreso que en la revisión conjunta de ambas iniciativas puedan rescatarse las bondades de ambos proyectos.
La finalidad es garantizar que la ley que se apruebe contenga los más altos estándares de protección para las personas desaparecidas y sus familiares.
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