Chile presentó el proyecto de ley «Inteligencia económica contra el delito«, que busca elevar los estándares para perseguir la ruta del dinero ilícito en el país, aplicando inteligencia y métodos sofisticados, más información y trazabilidad de operaciones sospechosas, informó el Ministerio de Hacienda local.
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El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseveró esta jornada que «para la detección de conductas sospechosas, es fundamental el análisis de microdatos con base en metodologías de inteligencia artificial, que permitan identificar anomalías que se apartan de lo que uno esperaría de un contribuyente que esté realizando una operación de comercio exterior o de flujos de capitales».
«Luego, una vez que se identifica ese comportamiento sospechoso y sobre la base de los antecedentes que hay de carácter tributario, financiero y otras bases de datos, se puede ir siguiendo cuál es la ruta del dinero ‘aguas arriba’ o ‘aguas abajo’; es decir, de dónde viene y a dónde eventualmente se fue el dinero»
Ministerio de Hacienda local
«Y una vez que se detecta una conducta cercana o indicativa de delito, es posible interrumpir ese flujo de dinero. Por supuesto, llega un punto en el cual ya pasa a las instancias propias de la administración de Justicia como el Ministerio Público. Pero es importante todo el trabajo previo que permite ir identificando ese tipo de operación», agregó el funcionario.
En tanto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, complementó que «dentro de los diez ejes de nuestra Política Nacional contra el Crimen Organizado está desbaratar la economía del delito, desbaratar el negocio que está detrás del crimen organizado, que es una actividad económica, ilegal, pero económica, que lo que hace es mover y buscar dinero».
Carolina Tohá señaló que este proyecto ataca al corazón de esa dimensión, pero además busca prevenir la corrupción que provoca el crimen organizado, que, donde entra, llega a las policías y se mete en la judicatura, en los municipios, en los parlamentos.
Esta iniciativa busca hacer la trazabilidad de los movimientos del dinero proveniente del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado con distintas herramientas fiscalizadoras y de inteligencia, más el levantamiento del secreto bancario bajo reglas especiales, ampliación de rubros obligados a informar y un trabajo interinstitucional robusto, entre otros aspectos, indicaron desde el Ministerio de Hacienda chileno.
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Foto: Internet
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