Por Alexis Lira, Anaid Piñas y David Celestino
Mariel, Ysa, Andrea, Brenda y Patricia son algunos de los nombres de las mujeres víctimas de violencia vicaría, que este 25 de noviembre alzaron la voz en Puebla y exigieron justicia ante el machismo.
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, decenas salieron este viernes a las calles a manifestarse, exigiendo que se apliquen las leyes en contra de los agresores.
En entrevista con El Ciudadano México, las mujeres compartieron sus historias, cada una de ellas con sus obstáculos y adversidades que han sufrido en el camino por reencontrarse con sus hijos.
Sustraen a su hija dos veces
Mariel Martínez lleva más de ocho meses sin ver ni saber nada de su hija de 7 años de edad, quien fue sustraída por su expareja, Jesús N., en marzo de 2022. Ella denunció a su expareja, con quien tenía una relación de más de 10 años, por haberle quitado a su hija en dos ocasiones.
La primera vez ocurrió el 2 diciembre de 2021. Recordó que el hombre se aprovechó de la muerte de su mamá durante la pandemia, para ir a su domicilio y quitarle a su hija con el uso de la fuerza.
“Él llega, abro la puerta, se mete y rompe los vidrios, muebles, mi teléfono celular y se llevó a mi hija con gritos y llantos, con desesperación salí detrás de él, pero ya no pude alcanzarlo”
Mariel Martínez
Tras emitir la primera denuncia, acusó que fue violentada por su agresor, quien le rompió un vaso de vidrio en la cabeza; pese a que emitió una denuncia, sólo obtuvo medidas precautorias.
Después de algunos meses, Jesús N., vuelve a quitarle a su hija en marzo pasado, pero esta vez sin tener información ni saber nada de ella.
Fue hasta julio cuando las esperanzas de Mariel regresaron, luego de que el Congreso de Puebla aprobó tipificar como delito la violencia vicaria.
Más de cinco años sin ver a su hijo
Ysa Lucena Marquina, de 34 años, originaria de Venezuela, acusó a su expareja Marco Antonio N., por sustraer por cinco años a su hijo, cuando el menor tenía apenas nueve meses de vida.
Hace cinco meses, logró recuperar a su hijo, pero la violencia por parte de su expareja aumentó, incluso señaló que la ha amenazado de quitarle a su hijo de nuevo.
“Son cinco meses y tengo un vínculo muy grande con mi hijo, pero no tenemos paz, no tenemos vida, por culpa del agresor. Él me amenaza hasta en la escuela”
Ysa
Asimismo, acusó que desde el inicio de su relación ha sufrido todo tipo de violencia e incluso violación.
Ysa ha denunciado a su expareja ante la FGE por violencia familiar y vicaria, pero ha tenido diferentes obstáculos durante su proceso, ya que el caso ha cambiado de abogados y de jueces hasta en cuatro ocasiones.
Ahora ella confía que haya justicia por parte de las autoridades poblanas, además, espera que su agresor sea detenido y el caso se judicialice.
Andrea demanda terminar con la impunidad
Otro de los casos es el de Andrea Rosas, quien desde el 14 de mayo pasado no puede estar con sus hijos de 10 y 14 años, debido a que su expareja Alsthon N., se los llevara.
Todo empezó cuando ella le descubrió una infidelidad, motivo por el cual le exigió que se fuera de su casa, pero el hombre de manera violenta la corrió, no dejando que se llevará a sus hijos ni sus cosas.
Durante las semanas siguientes ella trató de localizarlo, pero su familia lo ha escondido, incluso dijo que hay apoyo de la Cruz Roja.
“El señor cambió de número, se esconde, su familia lo esconde, la Cruz Roja lo encubre, ellos trabajan ahí y lo han encubierto y se han burlado de mí, diciendo que son temas de viejas”
La Cruz Roja informó que colaborarán en las investigaciones, y condenaron cualquier hecho de violencia en contra de las mujeres.
A pesar de emitir una denuncia y haber obtenido visitas y convivencias, Alsthon N., ha “manipulado” a los menores para que se alejen de su madre.
Andrea busca que su caso sea tipificado a violencia vicaria, ya que ésta ha sido negada por las autoridades, las cuales afirman que el papá “tiene derecho de estar con los hijos”.
La suegra le quita a su hija
Hace más de dos años que Brenda, de 27 años, no sabe nada de su hija que fue sustraída por su abuela paterna, Julia, el 1 de septiembre de 2020.
Ella recuerda que siempre fue amenazada y violentada por su expareja, pero nunca hizo caso a estas señales, hasta que dejó de ver a su hija.
Por este motivo, emitió una denuncia por sustracción de menores, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) no procedió legalmente, al señalar que solo era “un tema familiar”.
Exige que le regresen a su nieta
El último caso es el de Lourdes, quien acusó a su yerno Omar N., de haberle quitado a su nieta, de 6 años, cuando iba por ella a la escuela, el 27 de julio de 2022.
Ella denuncia a su yerno de haber “secuestrado” a la menor, con ayuda de agentes de la FGE, luego de que él presuntamente había obtenido la guarda y custodia de su hija.
Lourdes señaló que desde que el hombre se separó de su hija, Patricia, él preparó un proceso legal de manera “irregular” para quedarse con la menor.
Ahora exige que le regresen a su nieta, debido a que la menor tiene problemas del habla y anhela regresar con ellas: “cuando nos ve, ella estira sus bracitos para que la agarremos y la calmemos”.
¡Marcha demanda un alto a la violencia!
Vestidas en su mayoría de negro, portando pañuelos verdes y morados, integrantes del Frente Feminista Radical Puebla, del Bloque Negro y simpatizantes del movimiento, marcharon en la ciudad de Puebla para exigir un freno a la violencia machista.
Entre las asistentes destacó la presencia de embarazadas y madres de familia que han sufrido la sustracción de sus hijos, quienes se unieron en un grito por acompañamiento a las maternidades deseadas y por la exigencia de la despenalización del aborto.
Desde las 15:30 horas y hasta las 17:30 horas, en las principales calles de la ciudad se escucharon consignas como “no queremos machos”, “no estás sola” y “aborto sí, aborto no, eso lo decido yo”; así como con pancartas que decían “te prefiero violenta que violada y muerta”, recordaron que en la entidad no se sienten seguras.
A su paso, y denunciando la falta de acción por parte de las autoridades para atender sus casos, algunas realizaron pintas en los paraderos de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) y el Palacio Municipal.
También colgaron calcomanías con los datos de quienes, en sus palabras, han disfrutado de la impunidad y el pacto patriarcal a pesar de ser agresivos, violadores, acosadores, secuestradores, deudores alimentarios, tratantes de personas y feminicidas.
Durante la marcha, algunas mujeres policías que resguardaban los inmuebles históricos y públicos, se sumaron a sus exigencias, portando pañuelos alusivos al movimiento feminista en las manos o el cuello.
Al llegar al Congreso de Puebla, las organizadoras emitieron un pronunciamiento en el que, entre otras cosas, afirmaron que hasta el 2021, 93.2 por ciento de los delitos contra las mujeres no fueron denunciados; además, existe un subregistro en casos de feminicidio cometidos en la entidad.
Llamaron al personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y a los cuerpos de seguridad estatales y municipales a realizar su trabajo, y dejar de ser omisos en el proceso de impartición de justicia o resguardo para quienes lo solicitan.
Además, solicitaron que los diputados busquen la obligatoriedad de un 3de3 (tres de tres) contra la violencia, “para que ningún deudor alimentario, ningún acosador, ni ningún agresor llegue al poder en Puebla”; así como la despenalización del aborto.
Esto, mientras en el fondo podían verse dos cartulinas con la fotografía del coordinador de la bancada de Acción Nacional (PAN) en el Legislativo, Eduardo Alcántara Montiel, que exigían “que pagara la pensión de sus hijos”. El legislador respondió que sí cumple.
Antes de que culminara la movilización, se dejó el micrófono abierto, para que las mujeres de forma anónima pudieran exponer sus casos, la falta de atención por parte de la FGE, o sus vivencias en un entorno machista.
Entre lágrimas, y acuerpadas por las asistentes que se acercaron a abrazarlas para fortalecerlas, se denunció a Israel C, por ser deudor alimentario y padre ausente; a Ernesto N, por asesinar a la profesora María Elizabet Méndez; a Alejandro Z, por violar a una joven; y a Alfredo R por tentativa de feminicidio, quien, por cierto, tiene una carpeta de investigación en la FGE con datos erróneos.
“Algún día saldré de casa con la certeza de que llegaré sana, caminaré sin miedo a que alguien vaya tras mi espalda, vestiré como me sienta cómoda y no seré juzgada (…) Estudiaré lo que quiera sin miedo a ser rechazada, trabajaré sin miedo a que me paguen como si fuera limosna. (…) Seré mujer sin miedo, con sueños cumplidos, metas realizadas y sentimientos aceptados”
Leyó una de las participantes
¡Nos faltan todas!
Otro grupo de feministas recordaron a las asesinadas en Puebla durante 2022, con el pase de lista de víctimas de feminicidio, que hoy están ausentes.
En su memoria, colocaron cruces rosas con los nombres de las víctimas en la calle 14 Oriente, cerca de Casa Aguayo, sede del Poder Ejecutivo local, que estaba resguardado por vallas y policías con equipo antimotines.
Las colectivas nombraron a las 49 mujeres halladas muertas con señas de violencia en la capital, Atlixco, Huauchinango, Tecamachalco, Cuetzalan, Xicotepec de Juárez, por mencionar algunos municipios, que de acuerdo con el observatorio de la Universidad Iberoamericana de Puebla deben ser investigados como feminicidios.
Al grito de «¡Ausente!», reclamaron que cada víctima de feminicidio era una madre, hija o hermana de alguien que perdió a su ser amado, por lo que reclamaron a la autoridad justicia y señalaron que por cada mujer que falta «faltan todas».
Las mujeres mencionaron especialmente a Cecilia Monzón Pérez, abogada que fue asesinada tras mantener un juicio por la custodia de su hijo, presuntamente por su expareja el político Javier López Zavala.
Señalaron que Cecilia también fue víctima de violencia vicaria porque utilizaron a su hijo para hacerle daño y recordaron su activismo para ayudar a madres que denuncian la sustracción de sus menores.
Socorro Quezada Tiempo, líder de la Red Plural de Mujeres, acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de no tipificar los asesinatos de manera correcta, pues según información del ente judicial suman 19 carpetas de investigación por este delito y 96 de homicidios dolosos contra mujeres.
Indicó que hay 747 investigaciones por violencia familiar, ente los cuales hay querellas por violencia vicaria pues no está tipificada aún, así como 360 carpetas por violación y suman 651 mujeres sin localizar.
Las mujeres reclamaron que denunciar la violencia ante las autoridades es «luchar contra una institución que no cree en nosotras», incluso, ha orillado a las madres a atentar contra su vida.
Foto principal: Agencia Enfoque
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