La Malinche: la plaga como negocio

Por Gabriela Hernández/Redacción El Ciudadano

Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala. Pobladores de comunidades indígenas que circundan las faldas del extinto volcán La Malinche, la sexta cima más alta de México, aseguran que los bosques de esa Área Natural Protegida son escenario de un ecocidio.

Por un lado, una plaga de escarabajo descortezador ha avanzado desde hace dos años y ya ha dañado más de 6 mil hectáreas que representan una cuarta parte de la cobertura forestal de esa montaña, sin que las autoridades competentes tengan un plan eficiente para controlar la sobrepoblación del insecto.

Y por otro, los lugareños acusan que funcionarios y empresarios vieron en esta problemática una oportunidad para hacer negocios, pues con el permiso de autoridades, talaron bosques libres del insecto. Por esto, ya han presentado denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Los bosques de Matlalcuéyetl –como prefieren llamar las comunidades a esa montaña y que en náhuatl significa “la de faldas azules”– se ven ahora entreverados de rojo y ocre. Pareciera un paisaje otoñal, pero esos matices evidencian la creciente muerte de pinos generada por la plaga.

Camino arriba de la comunidad de San Bartolo Cuahuixmatlac, municipio de Chiautempan, los lugareños muestran los escurrimientos de resina en troncos, señal de que los ocotes están infestados y se defienden así del escarabajo; también, los extensos claros donde ahora sólo quedan tocones de los pinos que unos meses antes vestían de verde esos parajes.

Extermino por hongo en escarabajo

Eliber Bello, bióloga de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, explica que no es el escarabajo –habitante natural que ahora sobre puebla esos bosques– el que mata los árboles, sino un hongo que éste porta en sus patas, que taponea los conductos de savia y acaba por secarlos en menos de dos meses.

En imágenes satelitales del territorio de Santa Ana Chiautempan, tomadas el 27 de mayo de 2018 y el 21 de abril de 2021, se aprecia en marrón la pérdida de cobertura forestal que la plaga ha generado en esta demarcación. 

Inoperatividad

Carlos Pacheco, ingeniero agrónomo del municipio de Coaxomulco, indica que en base a reportes de las comunidades, estiman que el escarabajo ha dañado más de 6,000 hectáreas boscosas del parque.

Aunque la Comisión Nacional Forestal (Conafor), ha diagnosticado al insecto sólo en 1,600 hectáreas, Pacheco dice que esa cifra sólo incluye áreas que fueron notificadas para saneamiento y, la diferencia entre ambos reportes, refleja el rezago que se mantiene en cuanto a la atención de la plaga.

Bajo el cálculo de 400 coníferas por hectárea, expone que sólo las mil 600 hectáreas ya saneadas implica la pérdida de unos 640 mil árboles. Sanear las 6 mil hectáreas acabará con unos 2.4 millones de pinos.

Pobladores alertaron a Conafor en 2020

Recuerda que fue en febrero de 2020 cuando los pobladores alertaron a la Conafor que había una sobrepoblación del insecto. En ese entonces se estimó que la plaga afectaba alrededor de 300 hectáreas de los municipios de Chiautempan y Telocholco. 

Sin embargo, pasaron meses en los que las dependencias competentes no hicieron nada, pues los programas de control del insecto quedaron detenidos en trámites como solicitar escrituras y comprobantes de predial que los posesionarios indígenas de los predios no tenían. 

Pacheco recuerda que fue hasta julio, cinco meses después, que se expidieron los primeros permisos para sanear. Para entonces la plaga estaba en 1,500 hectáreas.

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Fue en esos meses que, en conjunto con dependencias federales, la Coordinación Estatal de Ecología (CEE), de Tlaxcala puso en marcha una estrategia para atacar la sobrepoblación del insecto, consistente en el derribo, troceo, descortezado y fumigación de los árboles infestados. Para esas acciones, las comunidades contratan empresas aserradoras que son las que costean el saneamiento a cambio de tener el derecho de comprar la madera fumigada y pagar por ese material sólo una diferencia, pues descuentan el costo de los trabajos.

Sin embargo, por más de dos años, indica Pacheco, los programas de contención avanzaron a “paso de tortuga”, y fueron rebasados por la plaga que se multiplicó de manera exponencial.

En los últimos años, dependencias como la Conafor y la Conanp han tenido recortes presupuestales de un 50 y un 75 por ciento, respectivamente.

En Tlaxcala, cuenta, esto se traduce en que hay un solo empleado de la Conafor para tramitar los permisos para sanear. Así, éstos pueden tardar de tres a cuatro meses, cuando por ley tendrían que expedirse en 15 días.

Al tardar en controlarla, indica que el descortezador puede crear resistencia. También temen que los químicos usados para fumigar dañen otras especies, y contaminen suelos y mantos freáticos.

El insecto, asegura, ya está en zonas de los 16 municipios que circundan la Malinche, así como en bosques de los volcanes vecinos Iztaccíhuatl y Popocatépetl.  

Exclusión

En octubre de 2020, la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, acudió a esta entidad para instalar el Mando Unificado del Sistema de Comando de Incidentes para un manejo integral de la plaga, en conjunto con Conafor, CEE, Profepa y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). 

La Semarnat ofreció incluir a las comunidades en su estrategia, relata la promotora ambientalista, Socorro Hernández; sin embargo, eso no funcionó porque los pobladores pidieron a los funcionarios informes sobre planes de trabajo y evaluaciones de resultados.  Entonces, optaron por excluirlos. 

A la fecha, señala Hernández, no hay información puntual sobre los avances del programa de control, sobre las afectaciones, ni sobre evaluaciones de los métodos que usan, entre otros.

Mientras tanto, los pueblos que circundan la Matlalcuéyetl –hablantes de náhuatl y otomí–, han trabajado por su cuenta para salvar a la montaña, pues desde tiempos prehispánicos la consideran un lugar sagrado. 

De la venta de madera fumigada, los posesionarios entregan una parte a la comunidad que se usa para financiar el salvamento de pinos, la reforestación, así como acciones de limpieza, pues algunas empresas aserradoras dejaron cortezas y desechos que pueden representar riesgos de incendios en el futuro.

Hernández cree que la participación coordinada entre habitantes y autoridades ayudaría ante la falta de personal y presupuesto que enfrentan las dependencias. 

Oportunistas del desastre ecológico

Desde los primeros meses de operación de este programa, los pobladores se dieron cuenta de que en lugar de coordinarse y actuar con la urgencia que reclamaba la problemática, funcionarios y empresarios vieron en el desastre ecológico una oportunidad para hacer negocios, tanto con la compra de la madera extraída a bajo precio como al manipular permisos para talar áreas libres de plaga, cuenta Dulce Hernández, habitante de Cuahuixmatlac. 

Ante esto, las comunidades nombraron comités de vigilancia, la mayoría integrados por jóvenes profesionistas, y un total de 12 pueblos conformaron la red Comunidades Unidas por la Defensa de la Matlalcuéyetl. 

En los primeros días de mayo de este año, uno de esos comités de vigilancia de la localidad de San Pedro Muñoztla bloqueó el paso de varios tráileres, pues se percataron que cargaban madera sana. 

La maestra Isabel Meléndez, habitante de esa localidad, narra que en esa ocasión los lugareños confrontaron a un empleado de la Conafor que autorizó talar cinco hectáreas del PNM bajo el argumento de que estaban contaminadas, aunque los pinos no tenían indicios de plaga. 

“Fue un ecocidio –asegura la profesora– estaban talando a plena luz del día un bosque sano, cuando había áreas donde el insecto se extendía y teníamos meses esperando los permisos para sanear”

Isabel Meléndez
Maestra, habitante de esa localidad

Los pobladores exigieron la actuación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). 

Pero en lugar de eso, el 7 de mayo pasado, cinco representantes de la comisión de vigilancia fueron citados por Arturo Zárate, delegado de la dependencia en Tlaxcala. En una denuncia que presentaron ante la Secretaría de la Función Pública (folio 42158/2021/PPC/SEMARNAT/DE475), acusan que, al llegar a la dependencia, Zárate exigió que todos los asistentes apagaran sus celulares.

En esa denuncia, aseguran que el funcionario denostó la autoridad de la comisión de vigilancia que la comunidad de Muñoztla conformó y que había retenido los tráileres con la madera sana. Incluso, amenazó con denunciarlos. Este expediente fue turnado al órgano de control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la cual asegura que a la fecha está “en investigación”. Y aunque se solicitó una entrevista a Zárate, el funcionario nunca respondió. 

Y mientras que esta denuncia no ha prosperado, el presidente de la comunidad de San Pedro Muñoztla, Gregorio Muñoz, y otros habitantes que participaron en el bloqueo de los tráileres, fueron notificados de que tienen una averiguación abierta en la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala y en la Comisión de Derechos Humanos. 

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Otras denuncias estancadas

En enero de este año, la Profepa abrió el expediente PFPA/35.7/2C.28.2/00001-20, con denuncias de los habitantes de San Pedro Tlalcuapan. Advierten que, en violación a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, los pinos para derribo son marcados con pintura, en lugar de estar señalados por ingenieros agrónomos autorizados por la Conafor lo que facilita la tala de árboles sanos. 

“En el paraje conocido como la Mesa, que es uno de los bosques con árboles más grandes, encontramos árboles marcados y árboles derribados que no tenían plaga, ya que no tenían ningún grumo”

Informan a la autoridad

La vecina de Cuahuixmatlac, Dulce Hernández, relata que los bosques de localidades como San Rafael Tepatlaxco fueron completamente devastados. En ese lugar lo mismo se taló madera plagada que sana, y pagaron de 35 a 50 pesos por metro cúbico, con lo que los funcionarios y empresarios hicieron “un gran negocio”, afirma.  

Dulce acusa que en los primeros meses del combate a la plaga, la Coordinación Estatal de Ecología autorizó a un intermediario único para comprar a los posesionarios de los predios la madera extraída. Dicho intermediario llegó a pagar 35 pesos (1.75 dólares), por metro cúbico de material cuando, aún dañado por la plaga, puede comercializarse en más de mil pesos (50 dólares). 

Se solicitó información a Hilda Morales, quien era titular de comunicación de la CEE, tanto sobre las cifras oficiales del avance de la plaga y su combate, como sobre las denuncias presentadas por las comunidades contra funcionarios a cargo del programa de saneamiento. 

Morales pidió enviar las preguntas a Diana Aspiros, titular de Información de la Semarnat. Por correo se mandó un cuestionario y la funcionaria se comprometió a enviar una respuesta, pero nunca lo hizo.

Disposición de nuevas autoridades de Tlaxcala

El 30 de agosto, Lorena Cuéllar tomó posesión como gobernadora de Tlaxcala. El agrónomo Carlos Pacheco dice que las nuevas autoridades estatales han mostrado mayor disponibilidad para trabajar de manera coordinada e investigar las denuncias de irregularidades que han presentado las comunidades.

Las lluvias recientes, agrega, limitaron el avance del escarabajo, pero temen que, cuando cesen, el insecto retome fuerza, por lo que es urgente que se ponga atención en esta problemática antes que la devastación de la Malinche sea mayor.

El legislador federal Alejandro Carvajal exigió en la Cámara de Diputados acciones urgentes por parte de las autoridades, pues esta pérdida de cobertura forestal tendría efectos en el abastecimiento de agua en Puebla y Tlaxcala, así como pérdida de biodiversidad y riesgos para especies endémicas.

La acelerada transformación

La Malinche forma parte del Eje Volcánico que cruza México de manera transversal. Está enlistada entre las regiones terrestres prioritarias del país por su valor para la conservación, pues sus bosques de pinos, oyameles y encinos, son hábitat de 919 especies.

Desde 1938, el gobierno federal decretó el Parque Nacional la Malinche (PNM), en un polígono de 46,112 hectáreas de Tlaxcala y Puebla, estados ubicados en la zona centro-oriente del país. La montaña forma parte de la cuenca hidrológica del Atoyac y, por lo tanto, es una de las principales fuentes de agua de esas dos entidades. 

También, tiene una trascendencia sociocultural pues los pueblos indígenas que habitan esa región, hablantes de nahua y otomí, desde tiempos prehispánicos ven a la Matlalcuéyetl como un lugar sagrado. 

En un estudio, los investigadores José Agustín Ramón y Adrián Guillermo Aguilar reportaron que de 1981 a 2018, la cobertura bosques densos y semidensos del PNM se redujo de 34,113 hectáreas a 24,617 hectáreas.  

En esos 37 años, según este estudio, el espacio urbano dentro del parque La Malinche aumentó de 21 a 416, por la expansión de los municipios Puebla, Amozoc y Acajete, en Puebla y de San Pablo del Monte, en Tlaxcala. 

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Valentina Campos, académica del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga SJ de la Universidad Iberoamericana Puebla, explica que esta área natural protegida, de alto valor ecológico, quedó en la frontera de corredores industriales que empezaron a instalarse en esa región desde los años 60.

Esta acelerada transformación del uso de suelo de lo rural a lo industrial, a lo que se suman asentamientos inmobiliarios, expone la especialista, tiene como efecto más evidente el deterioro del río Atoyac, considerado uno de los más contaminados del país, pero también se manifiesta en desequilibrios ecológicos como sería la sobrepoblación que registra el escarabajo descortezador en esa zona.  

Campos señala que en el parque coexisten problemáticas como aumento de áreas agrícolas, la tala clandestina, la producción de carbón, extracción de materiales pétreos, sobrepastoreo, actividades turísticas no sustentables, la proliferación de incendios y ahora también la plaga. 

Reportaje publicado en la edición de esta semana de la revista Proceso

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