Las campañas electorales en México, rodeadas de procesos judiciales

Por Arturo Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO. Quejas y denuncias, un registro amplio que suele detonar una vez pasada la jornada de votación, tienen en el proceso electoral en curso una inusitada incidencia: a punto de concluir el periodo de campañas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), supera los 800 casos en instrucción y al menos 300 más están en camino, pues aún se sustancian ante la autoridad administrativa.

Desde el inicio del proceso electoral, la precoz judicialización –especialmente a partir de la designación de candidatos– no pasó inadvertida para las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE).

Apenas iniciada la etapa proselitista, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, alertaba que la temprana judicialización presagiaba una litigiosidad sin precedente y que eso, junto a las descalificaciones al árbitro electoral desde la tribuna presidencial y la dirigencia de Morena, podía tener el propósito de preparar el terreno para una difícil etapa poscomicial.

“Quién quita, en una de esas, el intento de tratar de construir un discurso (contra el árbitro) es para el día después de las elecciones, pero… al árbitro no le toca jugar ni especular”, deslizó Córdova en entrevista con Proceso el pasado 15 de abril.

A una semana de que se celebren las elecciones, el INE acumula 300 casos relacionados específicamente con fiscalización, en tanto que el TEPJF tiene 814 asuntos por resolver en el total de sus diferentes salas e instancias, poco a poco, sumando expedientes también relacionados con exceso de recursos junto a los que acusan actos anticipados de campaña y otras irregularidades.

Esas dos vertientes, los gastos y los actos anticipados, son de las más frecuentes causas de sanción e inclusive anulación de procesos electorales.

El protagonismo declarativo del presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto reiteradamente a debate la posición presidencial frente a las elecciones.

Desde el inicio de su administración, casi a diario en sus conferencias de prensa matutinas y de vez en cuando en sus giras por el país, el mandatario suele referirse a sus adversarios, las oposiciones y “los conservadores”, recuerda episodios del pasado, se explaya en lo que considera agravios contra “su movimiento”, hasta normalizar una narrativa de revisión del pasado como contrargumento a cualquier crítica o cuestionamiento a su gestión.

Y no dejó de hacerlo, de manera explícita, durante el desarrollo del proceso, e inclusive, del periodo de campañas.

El elevado registro de quejas contra el presidente de la República no tiene precedente y varios especialistas en materia electoral han señalado que su conducta está poniendo en un aprieto a las autoridades electorales, tanto en el INE como en el TEPJF, que se ven frente a la eventualidad de tener que sancionar al titular del Poder Ejecutivo.

Además, López Obrador fue denunciado por sus declaraciones sobre Adrián de la Garza, candidato de la coalición PRI-PRD, en Nuevo León, a quien acusó de usar, de manera ilegal, tarjetas con promesa de recursos económicos.

Las conductas presuntamente ilegales apuntadas por el presidente fueron tomadas luego por la Fiscalía General de la República, que anunció el lunes 17 que tenía dos carpetas de investigación: una sobre el priista mencionado y otra sobre el candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, relacionada en este último caso con triangulaciones de fondos identificadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

Si bien la intromisión presidencial es y será uno de los motivos de judicialización, independientemente de cuál sea el resultado en el caso de Nuevo León, las imputaciones que se hacen a los dos candidatos punteros en las encuestas de esa entidad están generalizadas más allá de cruces declarativos y denuncias entre partidos opositores.

Apenas el jueves 27 la Secretaría de Hacienda dio a conocer, por conducto de la directora de Asuntos Normativos, Mireya Valverde, que en virtud del convenio de colaboración que existe entre la UIF y el INE, se tenía un resultado preliminar: 170 reportes de operaciones irregulares en el sistema financiero en campañas políticas, de las cuales 33 tienen una calificación especial, esto es que resultan particularmente llamativas y propensas a ser investigadas a fondo.

Hasta el viernes 28 el TEPJF acumula 814 expedientes en instrucción, la mayoría relativos a designación de candidaturas de los diferentes partidos políticos, señaladamente en los procesos internos de Morena, que inclusive comprometen candidaturas de sustitución en aquellos lugares donde se canceló el registro.

Por ejemplo, luego de que las instituciones electorales cancelaran el registro de Raúl Morón como candidato a gobernador en Michoacán, Morena designó como sustituto a Alfredo Ramírez Bedolla quien, sin embargo, está impugnado.

Y es que hasta ahora los casos más abundantes corresponden a las disputas intrapartidistas, pero poco a poco empiezan a acumularse los de actos anticipados de campaña que fueron denunciados en siete ocasiones en las últimas semanas.

Los 814 casos en instrucción en el TEPJF no incluyen aún los 170 informes sobre movimientos irregulares en el sistema financiero ni las quejas que en torno a la jornada electoral puedan presentarse.

Así, en el proceso electoral más grande que haya vivido el país, la judicialización también se plantea como la más grande que se haya registrado en estrados.