México, 6 de octubre de 2021. La Secretaría de Gobernación federal, a través de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, llamó al Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado a no criminalizar a habitantes de Coyomeapan y garantizar derechos humanos de los cuatro detenidos por protestar por la continuidad del cacicazgo de 11 años de la familia Celestino en la presidencia municipal y que pretendía concretar un periodo más al frente del Ayuntamiento.
La detención y reclusión en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán de los defensores de derechos humanos Basilisa Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar Gómez, Adán Anastasio González Aguilar y Gonzalo Martínez Herrera tendrá un seguimiento por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, anunció la dependencia a través de un comunicado de prensa.
Este pronunciamiento se emite luego de que el personal de esa dependencia visitó el Centro de Reinserción Social (Cereso) Tehuacán el pasado 22 de septiembre para corroborar la situación de los cuatro detenidos quienes, según el informe emitido, coincidieron en señalar que “la privación preventiva de su libertad, podría estar vinculada con el activismo que desarrollan en Coyomeapan”; y del pasado 1 y 5 de septiembre, cuando el personal de la dependencia y del Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres) acudió al Cereso de Tehuacán para conocer el estado de salud de los detenidos.
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Destaca Segob el caso de la activista detenida, Basilisa Montaño Gutiérrez, de quien se precisa que es una mujer indígena perteneciente a la comunidad nahua, representante de la organización de la sociedad civil Copalxóchitl, cuya trayectoria a favor de los pueblos originarios de Puebla es altamente reconocida, además de formar parte del Consejo Consultivo del Inmujeres.
Pobladores acusaron que la privación de su libertad estaría vinculada con las protestas que realizó “Unidad por Coyomeapan”, organización que ha denunciado los abusos de “los Celestinos”, quienes habrían implementado el cacicazgo en el municipio a costa de maltrato y amenazas contra los pobladores, la mayoría, indígenas.
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La subsecretaria hizo un llamado al Poder Judicial del Estado, así como a la Fiscalía General de Puebla para que en apego a la Constitución, se garanticen los derechos humanos de los cuatro detenidos, “especialmente los que les son reconocidos como personas defensoras de derechos humanos y actualmente personas privadas de su libertad, entre otros, acceso a la justicia y derecho a la defensa técnica”.
También “garantizar su integridad y seguridad personal, debida diligencia, presunción de inocencia y no criminalizarlos por su activismo y labor en defensa de los derechos humanos, así como que se les asegure el recurso legal efectivo ante presuntas violaciones cometidas en contra de sus derechos humanos”.
Segob tiene conocimiento de las condiciones en que se dio la detención
En el comunicado se relata que se tuvo conocimiento de la detención, el pasado 1 de septiembre, en el municipio de Ajalpan, luego de sostener una reunión de trabajo con funcionarios del gobierno del estado.
Posteriormente, fueron ingresados al Centro de Reinserción Social Regional en Tehuacán, por su probable participación en la comisión de diversos delitos. De igual forma, se reportó que el día 5 de septiembre del 2021, fue detenido Gonzalo Martínez Herrera, quien fue trasladado al mismo centro de internamiento.
Sostienen que “Unidad por Coyomeapan” es un movimiento que agrupa a más de 4 mil personas originarias de dicho municipio y que en diversos momentos han visibilizado situaciones en detrimento de la población más desfavorecida, además de tener una participación en asuntos públicos de manera activa.
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“La promoción y la defensa de los derechos humanos son herramientas imprescindibles para la garantía de una democracia plural. Restringir o inhibir el trabajo de quienes buscan evidenciar y combatir las injusticias incide directamente en un debilitamiento del Estado democrático de derecho”, sostiene el documento.
“La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación reitera el compromiso para garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos, así como reconocer y visibilizar la importancia de su trabajo como pilar fundamental para la democracia y bienestar social”, remata el comunicado, que puede leerse aquí.
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