Los lamentables casos de desaparecidos en México siguen siendo alarmantes, con un registro anual que supera al menos las 4.000 víctimas. Este tipo de crímenes de lesa humanidad se registran en todo el país y se han recrudecido desde que el expresidente Felipe Calderón en el año 2006 declaró «la guerra contra el narcotráfico».
Hasta 2020, la cifra de desaparecidos o personas sin localizar, un registro que se contabiliza desde 1964, amontona la desaparición de 177.844 personas. De ellas, 104.643, el 58,84%, fueron encontradas y 73.201 siguen sin ser halladas.
De las personas que se han encontrado, 98.242 aparecieron con vida y 6.401 habían fallecido. Lo preocupante de la incidencia de este tipo de casos, es que antes de 2006, se tenía registro de 1.523 desaparecidos y ahora hay más de 73.000.
Sin embargo, en 2020, el Subsecretario de Derechos Humanos de México, Encinas Rodríguez, destacó que por primera el número de desapariciones ha bajado, pero aún sigue siendo un flagelo que pareciera estar lejos de acabarse.
Sobre este delicado tema, el periodista Mario Galeana escribió para el medio mexicano ladobe.com un reportaje titulado «Las huellas que perdimos en el valle», en la que se expone la situación vivida en la provincia de Tehuacán, en el estado de Puebla, donde se ha reportado la desaparición de al menos 406 personas durante los últimos ocho años. En El Ciudadano contaremos estas historias en un total de tres entregas.
Tehuacán es una ciudad apacible y uno de los 217 municipios que conforman al estado mexicano de Puebla. Es la capital de un valle rico en historia y habitado desde hace más de 8.000 años donde se han descubierto los fósiles más antiguos del maíz, el cultivo que permitió que el hombre se asentara y florecieran las culturas mesoamericanas, por eso también se le conoce como la «cuna del maíz».
Los desaparecidos de Tehuacán
Pero en este caso, el periodista Galeana no hablará de lo bonito de Tehuacán sino de una situación que preocupa a todos sus habitantes: los desaparecidos.
«Todo comenzó como la intermitencia de una luz que vacila hasta extinguirse en silencio. El primer año desaparecieron ocho, al segundo fueron 25, y con la suma de los siguientes años se convirtieron en cientos», comienza el reportaje sobre Tehuacán.
Sin embargo en la ciudad de Tehuacán no se habló de personas desaparecidas durante mucho tiempo. Era difícil hablar de una sola cosa en la ciudad más grande de una región difusa en la que el viento recoge a su paso cactus y ceibas, fango, hojarasca y hiedra, un desierto, un valle y una selva.
Pero luego desaparecieron ellas, y sus madres comenzaron a buscarlas. Y, al hacerlo, descubrieron que con ellas habían desaparecido también las pruebas decisivas para encontrarlas: la carpeta de Cristina, el video de Karina, el chip del teléfono de Roxana.
Todo rastro se perdió de un modo u otro. En las manos del agente ministerial encargado de su investigación, en el olvido de una oficina de la Fiscalía del estado que se caía a pedazos.
Entonces la palabra desaparición se convirtió en sinónimo de familias desterradas, de tratantes, cómplices y omisiones, de tantas cosas más, excepto justicia.
Desaparidos y el auge neoliberal
El Valle de Tehuacán y la Sierra Negra comprenden 21 municipios y casi 5 mil kilómetros de una geografía que se extiende en dos direcciones. Hacia el sureste, en los límites con Oaxaca, el desierto y el valle de cactáceas en el que aún es posible hallar en la piel de las piedras el rastro de insectos extintos hace miles de años. Hacia el suroeste, en los límites con Veracruz, la sierra de barro macilento, cuevas inexpugnables y ríos que nacen en la punta de las montañas.
En la región cada extremo descansa sobre su opuesto: sus pueblos y ciudades van de lo húmedo a lo seco, de lo cálido a lo gélido, de lo urbano a lo selvático, de lo posible a lo imposible. Las carreteras desembocan invariablemente en Tehuacán, el centro urbano más importante de la región, la segunda ciudad más poblada de todo el estado de Puebla —medio millón de personas— y el nombre que se exportó al mundo para hablar de agua mineral y tortura, porque en la jerga policial se conoce como tehuacanazo a la asfixia provocada por el estallido del agua a través de la nariz.
Tehuacán se construyó sobre manantiales y con el tiempo se convirtió en una ciudad que casi se hizo próspera a causa del desarrollo de grandes empresas embotelladoras, y casi chic por las celebridades que acudían a sus balnearios y hoteles seducidos por las propiedades curativas que atribuían al agua.
Nunca perdió esa noción suburbana que convierte la apertura de centros comerciales en grandes acontecimientos; y más tarde el neoliberalismo sembró en la zona el oasis de las maquiladoras que prometían empleos a borbotones a cambio de jornadas extenuantes, salarios bajos y desagües que convertían los ríos en algo menos que manchas violáceas.
En el vocabulario de la ciudad no existía la palabra desaparición, pero en algún punto de su historia comenzó a convertirse en todo lo que ya es hoy: en la región no hay ciudad con tasa delictiva más alta —1.616 delitos por cada 100.000 habitantes.
En poco más de ocho años —del 1 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2020— en la Fiscalía de Puebla se presentaron denuncias por la desaparición de 406 personas que fueron vistas por última vez en la ciudad. Localizaron al 63% y del resto —150 personas que eran madres o eran chicos o eran niñas o eran tíos— nadie supo nada.
La carpeta de cobros de Cristina
El 16 de agosto de 2016 fue el último día en que Olivia Cristina Camarillo Viveros, de 44 años, despertó en su cama. La mañana de ese martes la casa estaba bastante tranquila, porque ya sólo estaban ella y Lucía*, a la que más tarde llevaría a cortar el pelo para venderlo y pagar su inscripción a la secundaria. El esposo había salido hacia la maquiladora, la hija más grande se encontraba en su primer día de trabajo y la más pequeña en casa de su abuela Oralia.
Al mediodía, Cristina llamó a su hermana Anel para pedirle que la acompañara a cortar las trenzas de Lucía, pero Anel le advirtió que la peluquería ya estaría cerrada, así que acordaron ir al día siguiente. Cristina dijo que tenía que preparar la comida y colgó.
Mientras rebanaba jitomates y calentaba el sartén para freír un bistec, Cristina recibió una llamada. Eran las 3 de la tarde. Salió al patio de su casa, donde la recepción telefónica era mejor, y al colgar tomó una pequeña bolsa de mandado, guardó su teléfono y la carpeta en la que registraba los cobros que realizaba para la financiera Provident, donde trabajaba como comisionista por un salario de 100 pesos al día —a veces menos, a veces nada—, y se dirigió a su hija: «Sigue partiendo jitomate, voy por un pago, ahorita regreso». Cristina no volvió jamás.
Cuando el esposo de Cristina salió de la maquiladora y llegó a casa, lo que encontró fue a una niña con el estómago vacío, un par de jitomates a medio rebanar y unos cuantos bistecs crudos sobre la mesa. Eran las 8 de la noche y el teléfono de su esposa llevaba varias horas apagado. Llamó a casa de Oralia para preguntar si Cristina estaba con ella, y Oralia llamó a Anel, y Anel le marcó a Gloria —la mayor de sus hermanos—, y Gloria le marcó a Guadalupe —el menor—, pero todos respondieron lo mismo.
¿Qué pasa con los desaparecidos?
Bajo la luz amarilla de los postes comenzaron a buscarla en las calles de San Nicolás Tetitzintla, la junta auxiliar en la que vivían. Gritaban su nombre y algunas caras borrosas se asomaban por las ventanas. Casi al amanecer decidieron ir a denunciar su desaparición, pero el Ministerio Público que los recibió dijo que tenían que esperar al menos 72 horas para hacerlo, aunque los protocolos para la búsqueda de mujeres desaparecidas en Puebla indican exactamente lo contrario: que no debe perderse un instante.
Cuando la familia de Olivia Cristina quiso denunciar su desaparición, pese a los protocolos para la búsqueda de mujeres desaparecidas en Puebla, el Ministerio Público les dijo que debían esperar 72 horas.
El tiempo tiene esa condición elástica que lo convierte en una eternidad o en un chispazo. Durante esos tres días, para Oralia y su familia el tiempo fue una eternidad. Pero ahora, cuatro años después, Oralia siente que su hija desapareció ayer. Siente que la están buscando sólo desde hace unas horas y resuella, exhala dolorosamente deshojando el recuerdo del último día que pudo verla.
«Después de esas 72 horas fuimos y 72 horas después nos preguntaron si podíamos proporcionarles otra vez el número de la denuncia, porque ya habían perdido los papeles» —relata Oralia—. Hubo que esperar esas 72 horas para que hicieran algo… aunque hasta ahorita ya han pasado cuatro años y no han hecho nada.
Anel cuenta que escribió un diario para registrar la búsqueda de su hermana. Y la letra de ese diario es pequeña, precisa, hojas y hojas de indagatorias que la Fiscalía General del Estado (FGE) debió haber hecho, rastros, pistas, nombres, horarios, un recuento minucioso de diversos momentos.
En ese diario están descritos la tarde en la que alguien les dijo que Cristina estaba secuestrada en una bodega, y fueron. La mañana en la que alguien les contó que debajo de una cabaña encontrarían pasadizos con personas raptadas, y volvieron a ir. El día en que alguien les llamó para pedirles dinero a cambio de información sobre Cristina. Las veces que la empresa telefónica se negó a proporcionar la geolocalización de su celular. La noche que Gloria se disfrazó para buscarla en tugurios. Los meses que la financiera Provident les negó la carpeta de cobros que Cristina llevó consigo al desaparecer.
Días, meses y años de burocracia
Oralia tiene sesenta y pocos, el rostro enjuto y el cabello corto y crespo; es posible hallar en su rostro la semblanza de Cristina, la forma de los ojos, la nariz y la boca. Así que al despertarse y encontrarse frente al espejo, Oralia debe ver también a su hija. Anel tiene 44 —la edad que tenía su hermana al desaparecer—, es delgada y madre de dos chicos.
Las dos hablan a las afueras de una cafetería del Parque Ecológico en Tehuacán, donde a distancia el agua chapotea en las fuentes, algunos niños juegan, el viento de noviembre sacude los árboles. Bajo el filtro de la quietud de este día, es difícil explicar que cinco días después de la desaparición de Cristina, y a unos cuantos pasos de esta misma cafetería, otra chica, Karina Yazmín Alducin Roríguez, fue vista por última vez.
Mientras se cumplía el plazo de 72 horas, la familia de Cristina pegó carteles con su rostro por toda la ciudad. Recorrieron San Nicolás anotando la dirección de las cámaras de vigilancia que pudieron haber registrado sus pasos, pero recibieron un portazo cada vez que pidieron a los propietarios de esas cámaras que cedieran sus grabaciones. Llevaron ese expediente de direcciones y fotografías a Antonio Martínez Bermúdez, quien un mes antes había sido nombrado fiscal del distrito judicial de Tehuacán. Él les pidió 15 días para encontrar a los responsables y guardó el expediente en el cajón de su escritorio, con la promesa de que sería analizado.
—Yo esperaba que se cumplieran esos 15 días —recuerda Oralia—. Y, cuando al fin fuimos, me quedé parada, él abrió el cajón y ahí seguía el expediente, las fotografías. Nunca lo envió a analizar.
La investigación pasó a manos de Arturo Hernández Arvide, quien entonces era agente del Ministerio Público Especializado en Desaparición de Personas en Tehuacán, el mismo que debía buscarlas. A ella, a Karina y a Roxana.
Pero entre uno y otro no hubo ningún cambio, y Oralia y sus hijas viajaron a la ciudad de Puebla para denunciar ante la sede central de la Fiscalía la inacción de ambos. Un par de ministeriales las trajeron de vuelta e hicieron lo que debía hacerse en las primeras horas: reconstruir el camino, preguntar entre vecinos y solicitar las grabaciones.
Eso ocurrió seis meses más tarde y, para entonces, los videos del 16 de agosto de 2016 ya habían sido borrados.
La financiera Provident nunca accedió a entregar los registros de las personas a las que Cristina pudo dirigirse la última vez que fue vista. Trabajó ahí menos de un año, pero en ese tiempo fue agredida varias veces por las personas a las que tenía cobrarles, e incluso enviaban amenazas a su jefe a través de ella. Siete días después de su desaparición, una trabajadora de la financiera fue asesinada en un robo en el que la despojaron de 2 mil pesos: las comisionistas como Cristina y como ella no cargaban grandes sumas de dinero.
—¿Por qué la Fiscalía no investigó a la financiera? Cuando mi hija se perdió fuimos a hablar con el gerente y él nos dijo: “Señora, no podemos darle ningún apoyo, porque doña Cristina era una trabajadora más”. La financiera se lavó las manos y jamás comentaron lo de mi hija, ni el porqué mataron a su compañera. Mi pregunta siempre ha sido esa: ¿A quién le toca investigar a la financiera?
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