Al día de hoy, los dos presuntos violadores de una menor de 4 años caminan libres gracias a la orden de liberación emitida por un juez, no por falta de pruebas del crimen, sino porque se encontró una supuesta falla técnica en el proceso de la detención.
Por ello, la madre de la niña, señora Rubí Matilde Santos Hernández, presentó ayer una carta en Casa Aguayo dirigida al gobernador Miguel Barbosa para que se sancione al juez que ordenó la libertad de esos sujetos.
Además, el pasado 23 de junio, la señora Santos ya había presentado una denuncia contra el mencionado Juez de Control de la Casa de Justicia de Puebla, sin obtener resultados.
Una historia de dos crímenes
En 2019, una menor de edad de nombre Marilú, que entonces tenía 4 años, tuvo la desgracia de conocer a su padre y abuelo. Fue una desgracia porque su madre decidió confiarles a la niña poco más de una semana a estos dos hombres, que presuntamente se aprovecharon de la pequeña para procurarse satisfacciones contra natura.
Durante ese lapso, la niña fue presuntamente sometida a toda índole de vejaciones sexuales por parte de su progenitor, Iván Santos Díaz, y abuelo Jaime Santos Pérez.
Al regresar a la casa materna, la niña perdió peso, dejó de hablar y presentó otras alteraciones de la conducta, lo que hizo a su madre albergar sospechas sobre lo que le había acontecido a la pequeña, quien fue llevada a una evaluación médica con una ginecóloga. Fue entonces que se descubrió lo que le habían hecho a la pequeña.
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La niña tardó más de dos años en poderse volver a comunicar de manera verbal, para lo que requirió de terapia psicológica. Fue hasta este año que la menor fue capaz de referir de viva voz los actos a que fue sometida por su padre y por su abuelo.
Santos Hernández dio parte a las autoridades, por lo que se instrumentó la causa penal 1075/2021. Sin embargo, el juez Aarón Hernández Chino dejó en libertad a los señalados por la comisión del crimen, argumentando que su detención no se había efectuado bajo las formalidades estipuladas por la ley.
De acuerdo a la denuncia presentada por Matilde Santos Hernández, el juez bostezó más de 20 veces a lo largo de toda la audiencia, cuyo horario cambió en diversas ocasiones, además de permitir pruebas mal argumentadas por parte de la defensa y mantener los ojos cerrados durante la exposición por parte del Ministerio Público.
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«Ese desinterés, ese despotismo que demostró, ¿qué quiere decir? Que no le importan ni las mujeres, ni las víctimas ni las menores», declaró la madre agraviada.
La señora Santos Hernández denuncia en su carta que ha recibido amenazas de muerte por parte de los presuntos violadores, por lo que ahora, aunado a la rabia de no recibir justicia para su hija, debe vivir con temor por su integridad física, la de su madre y la de la pequeña Marilú.
Se espera que en los próximos días, el gobernador Barbosa pueda hacer referencia a esta petición de la angustiada madre de una pequeña víctima.
De acuerdo a medios locales, el Juez de Control Aarón Hernández Chino es uno de los nombres predilectos en el estado para convertirse en magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
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