Puebla, Pue. 03 de agosto de 2021. En conferencia matutina de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó su esperanza en que la Ley de Desapariciones que se apruebe este mes en el Congreso sea útil para el objetivo de atender esta dolorosa problemática social.
Dicha ley estatal deberá aprobarse en periodo extraordinario antes del 30 de agosto del año en curso.
Una vez más, el mandatario explicó que la ley estatal que se promulgue deberá acogerse a los lineamientos de la Ley General en Materia de Desapariciones Forzadas.
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Asimismo, Barbosa Huerta explicó que el seguimiento sistemático de las desapariciones es una obligación de primer orden de los gobiernos federal, estatales y municipales.
“En Puebla están en marcha los protocolos aplicables para ese fin. Las instituciones, organizaciones que se han conformado recientemente funcionan, se les ha dotado de presupuesto. Desde luego, nosotros acogemos todas las iniciativas y los esfuerzos que hacen los familiares y los amigos de los desaparecidos y los apoyamos”.
Hemos comprado, adquirido elementos tecnológicos para mantener la esperanza de encontrarlos, porque de eso se trata también, de mantener la esperanza de encontrar a un desaparecido”.
El jurista zinacatepequense mencionó el “dolor y la frustración” que deben soportar familiares y amigos de una persona que ya no regresó a casa y no se encuentra ya ubicable.
“Mi respeto y mi apoyo a quienes sienten este dolor y luchan por tener la esperanza de encontrar a un amigo, a un familiar, a un hijo que ha sido desaparecido”.
Finalmente, el gobernador aclaró que en Puebla ya existen mecanismos en marcha para la atención de desapariciones de personas, y que estas medidas no esperarán a que la ley estatal de desapariciones sea aprobada y publicada.
Mientras que en Puebla, la ley estatal de desaparecidos deberá trabajarse y aprobarse en menos de un mes, en Jalisco -estado con mayor número de desaparecidos en la República- la aprobación de la Ley estatal de Personas Desaparecidas consumió cinco meses de trabajo legislativo conjunto entre parlamentarios y sociedad civil.
El fruto de esos cinco meses de trabajo del Congreso jalisciense fue una ley que obliga a las instancias de justicia a trabajar en conjunción desde el momento en que se alertaba de una desaparición; la inclusión de un apartado enfocado a las y los niños y adolescentes; y el asentamiento de términos de «fosa individual» y «fosa común».
Con 628 desaparecidas desde el 1 de diciembre de 2018 al 13 de julio de 2020, Puebla se ocupa en noveno lugar nacional de desapariciones de mujeres.
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