Derivado de la propuesta para regresar el cobro de Derecho de Alumbrado Público (DAP), las y los integrantes de Morena llamaron a los miembros de las bancadas con las que fueron en coalición en las pasadas elecciones —PT en alianza y PSI en candidaturas comunes— a sumarse al frente en contra de la aprobación del DAP.
En rueda de prensa, diputados, diputadas, regidores y regidoras se manifestaron en contra del DAP, al considerar que la aprobación de la iniciativa «afecta la economía de los poblanos» al ser un nuevo impuesto. Recordaron que desde la Cuarta Transformación siempre buscarán proyectos de austeridad.
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En su intervención, Aristóteles Belmont Cortés, dirigente estatal provisional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Puebla, añadió que la decisión fue tomada por gobiernos «a los que no les importa la ciudadanía y sólo han endeudado al ayuntamiento».
El diputado local Iván Herrera Villagómez calificó como «un robo evidente» esta clase de cobros que quieren mantener las y los legisladores del PAN y del PRI.
Resaltó que aprobar este «albazo» le costaría a los ciudadanos cerca de 350 millones de pesos al año; por lo que la gestión municipal, de tres años, «se estarían rebasando los mil millones de pesos».
Exhortó a los integrantes de la LXI Legislatura y del Cabildo de Puebla a ponerse en lo zapatos de los ciudadanos y no «tomar decisiones desde un escritorio».
Elisa Molina Rivera, regidora, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor de más de 60 municipios de Puebla que se ampararon contra el cobro del DAP en 2020.
En entrevista por separado, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) en el Congreso, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, destacó que respetará la postura de algunos integrantes de su partido; sin embargo, no se aprobará sin que exista un análisis exhaustivo de fondo, saber en qué está sustentado y qué alcances tendrá.
Remarcó que los dichos, que cada militante emita no representa la postura del partido. Llamó a cada uno a dirigirse con responsabilidad sobre el tema hasta que no haya una votación para modificar el Código Fiscal Presupuestario del municipio.
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