La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó irregularidades millonarias en los municipios de Puebla, San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Huejotzingo y Tehuacán, las cuales, ascienden a más de mil millones de pesos. Los informes presentados por la ASE señalan posibles desfalcos y un uso indebido de recursos públicos durante los ejercicios fiscales de 2022.
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Puebla: Anomalías por 421 millones de pesos
Uno de los casos más significativos se encuentra en la capital del estado poblano, pues el alcalde sustituto de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, minimizó las nueve anomalías detectadas por la Auditoria Superior del Estado (ASE) en el ejercicio fiscal 2022, durante la gestión del entonces presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez.
Lo anterior, luego de que la Auditoría detectara un posible daño patrimonial durante el primer año de gobierno de Eduardo Rivera en el municipio poblano, que equivale a un monto de 421 millones 35 mil 190.72 pesos.
En entrevista, el edil sustituto rechazó que existan anomalías al interior del Ayuntamiento y precisó que cuenta con un plazo de 30 días para entregar la documentación correspondiente a fin de esclarecer esta situación.
San Andrés Cholula: irregularidades por 230 millones de pesos
En San Andrés Cholula, liderada por Edmundo Tlatehui Percino, la ASE identificó un posible daño patrimonial por 230 millones de pesos, este municipio, considerado uno de los más prósperos del estado, enfrenta serias acusaciones de mal manejo de recursos.
Entre las irregularidades detectadas, destacan contratos que no cumplen con los requisitos legales y adquisiciones que carecen de transparencia.
Las autoridades municipales emitieron un comunicado que asegura, las observaciones realizadas por la ASE están siendo atendidas y que confían en que podrán solventarlas a tiempo. No obstante, el monto de las inconsistencias generó inquietud, ya que estos recursos eran vitales para proyectos de desarrollo urbano y social.
Cuautlancingo: desfalco de 192 millones de pesos
El municipio de Cuautlancingo, que dirige Filomeno Sarmiento, también está en la mira, pues la Auditoría detectó un posible desfalco superior a los 192 millones de pesos. La revisión de los informes financieros reveló inconsistencias en la administración de los fondos municipales, los cuales habría sido destinados a rubros como seguridad pública, obra pública y desarrollo urbano.
Los hallazgos de la ASE subrayan la falta de documentación que acredite el destino de estos recursos, lo que podría derivar en una investigación penal para determinar responsabilidades.
La población de Cuautlancingo se enfrenta a una posible crisis financiera si no se logra esclarecer el uso de estos recursos, afectando su desarrollo y bienestar social.
Huejotzingo: daño patrimonial de 154 millones de pesos
Huejotzingo, presidido por Angélica Alvarado Juárez, otro de los municipios afectados, presenta un presunto daño patrimonial que supera los 154 millones de pesos. Las autoridades municipales no proporcionaron la documentación necesaria para justificar el uso de dichos recursos, lo que ha generado suspicacias en torno al manejo financiero de la administración local.
Este municipio ha sido clave en el desarrollo industrial de la región, y cualquier afectación a sus finanzas podría impactar negativamente la llegada de nuevas inversiones y la creación de empleos. Las irregularidades detectadas se refieren principalmente a la falta de claridad en los contratos de obras públicas y servicios esenciales.
Tehuacán: 46 millones de pesos sin comprobar
En Tehuacán, la situación no es menos preocupante, donde la administración encabezada por Pedro Tepole Hernández no ha logrado justificar 46 millones de pesos provenientes de las arcas municipales.
La revisión realizada por la ASE revela múltiples inconsistencias en los reportes financieros del ejercicio 2022, lo que ha generado preocupación por la posible malversación de recursos destinados a obras públicas y programas sociales.
A pesar de que Tepole argumentó que estas observaciones están siendo solventadas, la magnitud del monto sin comprobar ha encendido alarmas tanto en la ciudadanía como en las autoridades estatales. La falta de transparencia en el manejo de recursos compromete el desarrollo de proyectos para la población, como infraestructura educativa y de salud.
Ilustración: Abraham Aguilar
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