Nuevo patronato UDLAP, Fundación Mary Street Jenkins y #Yo Soy UDLAP defienden trincheras en guerra de boletines

El nuevo patronato impuesto a la Universidad de las Américas (UDLAP) por el Gobierno del Estado, el patronato prófugo de la Fundación Mary Street Jenkins y la comunidad académica y estudiantil que exigen la restitución de los poderes de esta última en la rectoría de la Universidad continúan su disputa tanto en los frentes administrativos como en un despliegue de posicionamientos dirigidos a la opinión pública.

El pasado 4 de agosto, el Nuevo Patronato de la UDLAP, encabezado por Horacio Magaña Martínez, emitió un comunicado que defiende la legitimidad de su nombramiento. Dicha legitimidad la asienta en que el nombramiento se originó en la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada. Asimismo, el nuevo patronato se ostentó como garante de estabilidad para la vida universitaria.

Además, asegura que “Aun cuando prevalece un litigio en tribunales, en todo momento se han cubierto los pagos del personal que labora en la  universidad. De la misma forma se realizan actividades para el cuidado de todas las instalaciones”.  En el mismo espíritu, llama a “no permitir que el egoísmo perdure sobre la trascendencia académica de una comunidad universitaria reconocida a nivel internacional”.

A pocas horas de la emisión de dicho comunicado por el Nuevo Patronato de la UDLAP, la cuenta de Twitter “Yo soy UDLAP”, que se presume como “Medio oficial del Comité estudiantil organizado para la Liberación de la Universidad de las Américas”, publicó un comunicado en el que caracterizaba con los calificativos “invasivos”, “intimidantes” y “peligrosos” los esfuerzos que, mediante llamadas telefónicas, se encuentra realizando el nuevo patronato para establecer contacto con la comunidad universitaria.

Cabe aclarar que el comunicado de #YoSoyUDLAP se emitió en respuesta a una columna publicada por el nuevo rector Ríos Píter en Excsélsior, donde asumía, entre otros compromisos, «garantizar la continuidad académica y la vida cotidiana y que se mantenga su prestigio nacional e internacional»; esto ante un escenario de crisis que configura el riesgo de perder la acreditación conferida a UDLAP en 2011 por The Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC).

El 5 de agosto, la Fundación Mary Street Jenkins emitió el comunicado ”El juzgado 24 civil de la CDMX evade responsabilidad de dar cumplimiento a suspensión de amparo que ordena devolver campus de la UDLAP».

En él, se denuncia que “el Juez 24 Civil en la CDMX, Roberto Yáñez Quiroz, el mismo que ordenó medidas precautorias irregulares, ahora evade su responsabilidad de dar cumplimiento a la suspensión de amparo vigente, que ordena devolver el campus de la UDLAP a la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla (FUDLAP) y a las autoridades académicas legalmente constituidas, presididas por Margarita Jenkins de Landa”.

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El comunicado de la Fundación Jenkins agrega que la suspensión de amparo que les fue concedido por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil en Puebla, mismo que tiene efectos restitutorios sobre el campus y los activos de la Universidad. Lo que es más grave, denuncian que el 5 de agosto, el juez Roberto Yáñez Quiroz se declaró incompetente para llevar el caso, por lo que fue enviado al juez 60 de lo civil. Además, Roberto Yánez Quiroz remitió al Juez de Federal de Puebla un oficio mediante el cual informa que ya no se encuentra en posesión del expediente legal.

Por ello, el comunicado de la Fundación concluye con un exhorto al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para que revise la legalidad de las acciones de Yáñez Quiroz, cuyas acciones y elusiones acusan que obedece a los intereses del “patronato espurio”.

Sin embargo, en ningún momento el comunicado en comento hace mención de que el patronato que asume como legítimo está conformado por prófugos de la justicia señalados del delito de lavado de dinero.

En estos términos, la batalla legal por UDLAP sigue su curso.

Por un lado, un antiguo patronato que ordena su restitución en la UDLAP, pero que en el momento en que pise suelo mexicano, se arriesga a ser internado en el Penal de Almoloya, desde donde un juez de control ordenó su aprehensión el 1 de mayo. Un antiguo patronato, además, que exige la restitución de su rector Ernesto Derbez Bautista, acusado de recibir 2.5 millones de pesos de dos empresas factureras.

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Por otro, un nuevo patronato encabezado por un fantasmagórico Horacio Magaña Martínez, ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana, cuyo rostro no aparece en Internet y a quien al parecer fuera del nuevo patronato sólo conocen en la Junta Para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, órgano desconcentrado del Gobierno del Estado.

Un nuevo patronato, además, que apoya a un nuevo rector, Armando Ríos Píter, poseedor de dos maestrías pero ningún doctorado, además de militar hasta hace muy poco en el partido Fuerza por México. Ambos antecedentes lo descalifican para ser rector, de acuerdo a los estatutos orgánicos de la UDLAP vigentes desde 2008.

Los afectados: el alumnado que ya lleva varios semestres de colegiatura desembolsados en créditos universitarios reconocidos entre los más onerosos del Estado de Puebla; y la comunidad académica, administrativa y de mantenimiento, que si bien hasta el momento no ha sufrido suspensión de honorarios, se encuentra ahora ante un panorama incierto en el que la siguiente quincena dista de estar garantizada.