Legislación para indígenas en Puebla, paralizada; faltan consultas ciudadanas

A pesar de que en el estado de Puebla hay al menos 615 mil 622 hablantes de lenguas indígenas, las políticas públicas e iniciativas emanadas del Congreso de Puebla para este sector de la población se mantienen en vilo tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El 6 de junio, la SCJN le dio la razón a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), institución que impugnó la reforma con la que se creó el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI) en el 2019, por no preguntar a los involucrados antes de legislar en la materia.

Hasta el momento, el Legislativo carece de certeza sobre los fundamentos, alcances, financiamiento y tipos de consultas ciudadanas que tienen que aplicarse previo al planteamiento de una iniciativa o reforma de ley sobre poblaciones vulnerables.

Esto retrasa aún más el análisis de las propuestas que han sido presentadas durante esta Legislatura en materia indígena, ya que aunque sólo incluya su mención en el cuerpo de las reformas, deben realizarse estudios previos para tener el consentimiento de los involucrados.

Además, derivado de la incertidumbre, los diputados sólo se han limitado a presentar exhortos para garantizar los derechos de las comunidades originarias de Puebla.

En días recientes, la SCJN le dio al Congreso local un plazo no mayor a 10 días hábiles para que informara sobre las acciones que se tomaron para cumplir con la resolución que frenó al IPPI.

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Barbosa exhorta al Congreso a cumplir fallo

A principios del mes de junio, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, les sugirió a los 41 integrantes del Congreso local “tener más cuidado” en la creación y promulgación de leyes, así como en la operación de nuevos organismos.

Recordó que a pesar del fallo de la SCJN, los diputados tenían 12 meses para corregir la reforma y garantizar el funcionamiento del IPPI, por lo que les pidió realizarlo lo más pronto posible; no obstante, el Legislativo no ha informado sobre su cumplimiento.

Confirmó que tendrían que realizarse las consultas correspondientes a las comunidades indígenas en la entidad y una vez que la corte considere resarcidas las omisiones, la reforma en pugna volverá a ser votada en el pleno.

Incertidumbre frena análisis y dictaminación

El diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) en el Legislativo; y el legislador Eduardo Alcántara Montiel, coordinador de la bancada de Acción Nacional (PAN), evidenciaron la posibilidad de que algunas reformas que ya fueron aprobadas se invaliden por la SCJN, tal como ocurrió con el IPPI.

En julio de este año, durante la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, comentaron sobre la inviabilidad de atender las iniciativas que ya fueron presentadas por algunos diputados sobre temas indígenas y propusieron suspender su análisis hasta que el Área Jurídica del Legislativo resuelva sus dudas.

Destacaron que no existe certeza del objeto y alcance de las responsabilidades que tiene el Congreso para realizar estas consultas, toda vez que no se ha definido si deben ser por tema, por ley, por reforma o reunir todas antes de hacerlo; además de la supuesta falta de presupuesto.

Por lo anterior, y según los acuerdos a los que llegaron los integrantes de la Jugocopo, dejaron en “stand by (pausa) ese tipo de cuestionamientos para evitar una complicación mayor”.

De acuerdo con la SCJN, para legislar a favor de estos grupos, primero deben realizarse consultas previas, para conocer a fondo las necesidades y tener el consentimiento de los involucrados sobre las leyes que emitirá el Legislativo.

Comisión de Pueblos Indígenas sólo ha sesionado ocho veces

Del 15 de septiembre de 2021 a la fecha, luego de tres periodos ordinarios de sesiones y tres recesos, correspondientes al Primer Año de Ejercicio Legal; la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas sólo ha sesionado en ocho ocasiones.

Durante la primera reunión sólo se acordó su instalación; en la segunda, se presentó el plan de trabajo y prometieron trabajar “a favor del desarrollo integral y participación de los pueblos indígenas”; además, se dio cuenta de los temas que dejaron pendientes los integrantes de la LX Legislatura.

Entre las propuestas que se han presentado para este sector de la población se encuentra una de la bancada del Partido del Trabajo, con la que pretenden que los 217 ayuntamientos nombren una comisión permanente para atender los asuntos de los pueblos y comunidades indígenas en la entidad.

Su iniciativa para reformar la fracción IX y adicionar la fracción X del artículo 96 de la Ley Orgánica Municipal, presentada el 18 de noviembre de 2021, continúa en trámite.

También se han desarrollado foros y conferencias, como la presentación del “Plan estratégico para prevenir y atender la violencia a mujeres, adolescentes y niñas indígenas”, en diciembre del año pasado.

Asimismo, se han presentado varios exhortos, algunos de ellos enfocados en la sensibilización en las comunidades indígenas en materia de igualdad entre mujeres y hombres o la prevención y atención del embarazo en niñas y adolescentes indígenas, planteados por las diputadas Nora Yessica Merino Escamilla (PT) y Norma Sirley Reyes Cabrera (PRI).

De las más recientes destaca la iniciativa que presentó Karla Martínez Gallegos (Morena), para modificar la Ley Orgánica Municipal para que las señales informativas de nomenclatura oficial sean escritas en español y en las lenguas originarias en las demarcaciones indígenas.

Cabe recordar que los integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas, presidida por la diputada Norma Sirley Reyes Cabrera (PRI), son los morenistas Edgar Garmendia De los Santos, Olga Lucía Romero Garci Crespo y Guadalupe Yamak Taja; así como José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez (PT), Nancy Jiménez Morales (PAN), y Adolfo Alatriste Cantú (PRI).

Congreso subsanará faltas ante la SCJN

A inicios de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le exigió al Congreso de Puebla informar sobre los avances en la sentencia y tendrá que hacerlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles. En caso de no detallar las acciones realizadas, el Legislativo será sancionado.

Dos semanas antes de la resolución, Sergio Salomón Céspedes Peregrina señaló que buscaría una reunión con los integrantes de la SCJN, para realizar la consulta indígena y mantener el funcionamiento del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI).

Agregó que, a pesar de ser el organismo en vilo, sería el IPPI quien trabajaría en coordinación con el Legislativo, por su cercanía con los pueblos originarios.

“Tiene que ser una consulta forzosamente. Estamos esperando una reunión con la Corte para tener los criterios claros y saber exactamente cómo vamos. Tendrá que ser un ejercicio con todas las secretarías y con la gente que tenga que estar involucrada en este tema”

El pasado 4 diciembre de 2019, el pleno del Congreso de Puebla aprobó por unanimidad reformar la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas para crear el IPPI. El acuerdo fue publicado el 15 de enero de 2020 en el Periódico Oficial del Estado.

Sin embargo, una de las modificaciones fue impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por ignorar disposiciones constitucionales y “vulnerar el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas, reconocido en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Foto: Agencia Enfoque

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