El 15 de octubre habrá cambio de autoridades en 213 de los 217 municipios de Puebla; en dos de ellos, San José Miahuatlán y Teotlalco, está pendiente la reposición del proceso electoral luego de que no hubo elecciones debido a que militantes de Morena impidieron la instalación de las casillas en protesta porque no se registró a candidatos de este partido.
Además, Jolalpan y Tepeyahualco también tendrán elecciones extraordinarias: en el primero la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección debido a que el ganador rebasó en 20 por ciento el tope de gastos de campaña; y en Tepeyahualco el Tribunal Estatal Electoral declaró que el Consejo Municipal vulneró la ley al a abrir en la sesión del 9 de junio todas las casillas cuando no lo ameritaba.
De los 217 municipios, en las elecciones del 6 de junio al menos 20 tuvieron conflictos que fueron desde las protestas y el cierre de calles hasta el robo de urnas y agresiones de sujetos armados.
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En algunos, como Zacatlán, Ahuazotepec, Ixtacamaxtitlán, Zapotitlán de Méndez, San Diego la Mesa, Tlapanalá, San Antonio Cañada, Coxcatlán, Coyomeapan, Libres, San Miguel Xoxtla, San Martín Texmelucan, Palmar de Bravo y Vicente Guerrero, tuvo que intervenir el Instituto Electoral del Estado (IEE).
El pasado 29 de septiembre el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta dijo que en Puebla existe un ambiente de paz y sin confrontaciones para el relevo en las alcaldías; sin embargo, afirmó que en caso de registrarse incidentes, el gobierno estatal contribuirá para que los cambios se concreten sin contratiempos.
El 4 de octubre, a unos días de que entren en funciones los presidentes municipales electos, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, afirmó que son cinco los municipios donde se concentra el mayor número de delitos: Puebla, Atlixco, San Martín Texmelucan, Tehuacán y San Andrés Cholula. Las declaraciones las hizo durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la ciudad de Puebla.
En esos municipios operan bandas de huachicol, delito que junto con los robos al transporte y a transeúntes van al alza en la entidad.
En días pasados, el diputado local Rafael Micalco alertó sobre los municipios que tienen conflictos electorales, como Coyomeapan y Quecholac; en este último se generó tras el arresto de su edil electo, Alejandro N; en Coyomeapan fueron detenidos activistas que se oponen a que rinda protesta Rodolfo García López, a quien consideran impuesto por el actual alcalde, David Celestino.
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En Quecholac tras la detención de José Alejandro Martínez Fuentes, quien fue reelecto, los pobladores advirtieron que nos permitirán la imposición de un alcalde; sus declaraciones se dieron luego de que la diputada local Nora Escamilla señalara que al no haber acuerdo en el Cabildo, el Congreso nombrará a un sustituto de Martínez Fuentes.
Los habitantes exigen también la liberación de una mujer detenida durante las negociaciones que se tenían con la Secretaría de Gobernación para pedir la liberación de José Alejandro Martínez Fuentes, vinculado a proceso.
Autoridades locales también pidieron la intervención de la Guardia Nacional en los municipios del Triángulo Rojo: Tlapacoya, Huehuetlán El Grande, Lafragua, Vicente Guerrero y Palmar de Bravo. En este último el candidato a edil fue secuestrado.
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Un ejemplo: Manuel Alejandro Porras Florentino, alcalde electo de San Salvador Huixcolotla, y su esposa, fueron secuestrados a principios de octubre por civiles armados que tras golpearlos los liberaron en un terreno de cultivo.
En Huehuetlán el Grande en el 2019 aún tuvo presencia la banda de los Cuijes que operó por muchos años en la Mixteca poblana; sus integrantes se dedicaban al robo de combustible.
En Zacatlán de las Manzanas, los primos Luis Márquez Lecona y el exdiputado local José Luis Márquez Martínez se pelearon la alcaldía; Márquez Lecona incluso fue secuestrado el 23 de febrero pasado y liberado luego de que su familia pagó un rescate.
En San Martín Texmelucan se dio el conflicto por la reelección de la morenista Norma Layón. Además, la ahora edil reelecta reconoció la operación del Cártel Nueva Generación (CNG) no sólo en la localidad que gobierna, sino en todo el estado de Puebla.
Un dictamen de la Comisión de Seguridad del Senado informa que San Martín Texmelucan se ubica entre los municipios con más inseguridad y recomendó a la autoridad municipal trabajar para bajar el índice delictivo en el fuero común.
En comunidades de la Sierra Norte hay inconformidad por el reparto de los apoyos a los damnificados del huracán Grace; habitantes señalan que no han llegado para todos.
Indicaron que continuarán con las manifestaciones, como la que llevaron a cabo el domingo 3 de octubre en el municipio de Huauchinango donde irrumpieron en una reunión que sostenía el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar seguimiento a los apoyos entregados en la entidad.
Operan cuatro cárteles en la entidad
En marzo pasado el gobierno del estado informó que de acuerdo con la Sedena, la Marina Armada de México, la FGR y la DEA
“Puebla capital sigue representando uno de los objetivos prioritarios del CJNG en el escenario de expansión y control territorial en la República Mexicana, ante el atractivo de ganancias económicas que genera la extracción ilícita de combustible, con la consecuente incursión en otros mercados o actividades ilícitas como el control del narcomenudeo y la trata de personas”.
Señala que los Zetas, la Familia Michoacana, células de los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operan en Palmar de Bravo, Cañada Morelos, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan y en la ciudad de Puebla.