Renuncia de Claudette Hanan en Itaipue retrasó el Sistema Estatal Anticorrupción

La renuncia de la excomisionada del ITAIPUE, Claudette Hanan Zehenny, retrasó la conformación y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), acusó Francisco Javier Mariscal Magdaleno, presidente del Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC).

Al rendir su informe de labores del primer trimestre del 2022 ante la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción en el Congreso del Estado, Mariscal Magdaleno también denunció que hay plazas que no se han llenado, como un secretario técnico de la Comisión Ejecutiva del SEA.

Además, durante la segunda sesión extraordinaria en la que participaron los integrantes del Comité Coordinador Estatal, fue desechada la terna que propuso para el cargo, lo que ha frenado el avance de los trabajos.

“El órgano de gobierno, sin tener facultades para ello, rechazó la terna porque no estaba de acuerdo con ella. No tenemos secretario ejecutivo, pero tenemos una encargada de despacho que ejecuta bien las cosas”.

Mariscal Magdaleno

Pese a plan de trabajo, faltó aprobación

También Mariscal Magdaleno comentó que aunque su plan de trabajo fue aprobado durante la primera sesión ordinaria, en la que detalló la implementación de la política estatal anticorrupción y se realizó un informe de las recomendaciones no vinculantes que se han emitido a los ayuntamientos, no hubo respuesta por parte de las contralorías municipales.

En tanto, José Alejandro Guillén Reyes, comisionado del CEPC recordó la importancia del funcionamiento de la Comisión Ejecutiva del SEA, ya que es el órgano que dota de insumos al Comité Coordinador Estatal.

Cabe recordar que Claudette Hanan Zehenny, actualmente se desempeña como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Más información: Aprueba Comisión de Transparencia a los 16 aspirantes del Itaipue

¿Cómo se conforma el Sistema Estatal Anticorrupción?

Este órgano se encarga de establecer principios y crear políticas públicas en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

En este participan varios entes públicos y las conclusiones a las que llegan deben implementarse de acuerdo con la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.

El Comité Coordinador Estatal está integrado por siete personas:

-El presidente de comité, Francisco Javier Mariscal Magdaleno.

-El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), cargo que actualmente cumple de forma provisional Rubén de la Fuente Vélez.

-Un fiscal especializado de Combate a la Corrupción en el Estado, Jesús Castro Jácome.

-La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Amanda Gómez Nava, quien actualmente se encuentra compitiendo por la titularidad de la Auditoria Superior del Estado (ASE).

• Un contralor del Poder Judicial del Estado y Representante del Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla, puesto que sigue sin ser asignado.

-El presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE), Francisco Javier García Blanco.

-La magistrada presidenta de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa, puesto que quedó vació, ya que era ocupado por la comisionada Claudette Hanan Zehenny.

El Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC) está integrado por tres personas: el presidente, Francisco Javier Mariscal Magdaleno; así como por los comisionados José Alejandro Guillén Reyes y Eira Zago Castro.

También cuenta con otras dos áreas, Secretaría Ejecutiva y la Comisión Ejecutiva; sin embargo, hasta el momento ambas entidades carecen de secretarios técnicos.

Presentan iniciativas y proyectos nuevos

De acuerdo con su presentación, a partir de febrero se restablecieron los trabajos coordinados entre la Comisión de Participación Ciudadana, la Secretaría de la Función Pública (SFP), y los demás entes que conforman al SEA.

En estos meses se realizaron propuestas sobre políticas públicas, mecanismos de participación de la sociedad en la prevención y denuncias de delitos sobre corrupción, así como la promoción de una Red Ciudadana.

También realizaron la armonización de sus trabajos con al menos 24 disposiciones estatales que han sido consideradas como prioritarias en materia de transparencia y fiscalización.

Foto: Archivo El Ciudadano México

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