Se queda Francisco Serrano en la cárcel tras negativa a su amparo

El Congreso seguirá su proceso de sustitución; él seguirá en prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y una denuncia por violencia familiar

Anaid Piñas

28/04/2022 5:08pm

El extitular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco José Romero Serrano, no volverá a su puesto y permanecerá en el penal de San Miguel, luego de que un juez federal le negara el amparo que interpuso para controvertir la decisión que tomó el Congreso local sobre su remoción.

El auditor fue removido de su cargo el pasado 31 de marzo, después de que la mayoría calificada en el Poder Legislativo aprobara su destitución, pues al ser detenido y vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, quedó imposibilitado para seguir al frente del órgano fiscalizador.

Tras la audiencia y de acuerdo con el expediente 727/2022, el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, negó la suspensión definitiva de los agravios denunciados.

“Primero.- Se niega a [Francisco José Romero Serrano], la suspensión definitiva de los actos reclamados, por los motivos esgrimidos en el considerando segundo de la presente resolución. Segundo.- Hágase del conocimiento lo anterior al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para los efectos legales a que haya lugar en los autos del recurso de queja de su índice”
Publicación del acuerdo

Romero Serrano continuará su proceso legal en el Centro de Reinserción Social (Cereso), de San Miguel por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; además, cuenta con una denuncia por violencia familiar.

Mientras tanto, el Congreso del Estado de Puebla seguirá con el proceso de designación del nuevo titular de la ASE, ya que con la negativa del juez, el exauditor no será restituido en su cargo.

El periodo de registro cierra este viernes a las 18:00 horas y se espera que al menos una persona más complete su inscripción, pues hasta el día de ayer sólo había dos postulantes, según comentó Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Legislativo.

¿Cómo empezó todo?

El 27 de noviembre de 2019, el Congreso del Estado nombró a Francisco José Romero Serrano como auditor superior del estado de Puebla, a pesar de que los diputados del PAN calificaron como inconstitucional la designación.

Desde diciembre de 2021, el auditor estatal fue señalado por presuntos actos de corrupción, retraso en la revisión de las cuentas públicas de sujetos obligados y fue denunciado por un acto de violencia en contra de su esposa y un menor de edad.

A finales del mismo mes, la jueza de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Karla Patricia Ambrosio Vargas, giró una orden de aprehensión en contra de Francisco José Romero Serrano, por un presunto conflicto de violencia familiar suscitado en octubre.

Más información: Amparo declararía destitución de auditor poblano inconstitucional; volvería al cargo

El pasado 11 de febrero, el Congreso local aprobó la creación de la Comisión de Control, Vigilancia, Control y Evaluación, para calificar el desempeño de la Auditoría Superior del Estado (ASE), lo que derivaría en la destitución de su titular en caso de que se comprueben actos de corrupción.

La medida refuerza a la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa, aprobada en diciembre, que, de acuerdo con lo propuesto por el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, reestructura el funcionamiento de la ASE.

Tres días después, el 14 de febrero, la Mesa Directiva del Congreso informó sobre la orden de un juez para separar a Romero Serrano temporalmente de su cargo, mientras se resolvía la denuncia por violencia familiar en su contra. En tanto, quedó como auditor interino, Rubén de la Fuente Vélez, quien era titular del departamento Evaluación de Desempeño.

El entonces auditor suspendido fue detenido el 25 de febrero, durante un cateo domiciliario efectuado por policías ministeriales en el fraccionamiento La Vista Country Club, en San Andrés Cholula.

Poco después, el 4 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), lo vinculó a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.