Suma Puebla 200 juicios por violencia política contra mujeres

Por Héctor Llorame

La exalcaldesa de Puebla por Morena, Claudia Rivera Vivanco, recibió la sanción más reciente por violencia política y aunque no está firme y ha generado polémica, es solo uno de los casi 200 expedientes que suma el estado por este tipo de delito que hasta hace muy poco recibió nombre y castigo gracias a la lucha de las mujeres.

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Flor Teresa Ávila Núñez fue regidora del PAN en el municipio Francisco Z. Mena en la administración 2018-2021, pero vive en el exilio porque teme por su integridad y la de su familia, a pesar de que todos los días la visitan elementos de la Policía Estatal y la llama personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para preguntarle si corre algún peligro.

Este grado de protección le fue otorgado desde 2020 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), debido a las agresiones, amenazas e intimidación que sufrió por parte del ahora exalcalde morenista Pascual Morales Martínez, quien no logró reelegirse ni podrá ejercer ningún cargo público en los próximos seis años tras ser hallado culpable de violencia política.

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) dictó 48 sentencias por violencia política desde octubre de 2018 a diciembre de 2022, pero en el mismo lapso el Instituto Electoral del Estado (IEE) inició casi el triple de expedientes de queja, aunque varios no prosperaron en la etapa de investigación y ya no llegaron al tribunal, que se encarga de emitir una resolución.

La extrema violencia política en Puebla

La violencia política contra Ávila Núñez comenzó con el inicio de la administración, pues no le otorgaron un espacio para trabajar, fue excluida de las reuniones de Cabildo y no le permitían atender a la ciudadanía. Pero ella supo que esto era un asunto grave hasta que la esposa del alcalde la empujó por las escaleras y, tras denunciar la agresión, fue amenazada y le dejaron de pagar su salario.

La exregidora reconoce que por miedo toleró varios meses las agresiones verbales, e incluso el acoso sexual del exalcalde, ya que no sabía a quién acudir y temía represalias más fuertes. Su abogado, Filemón Contla, fue asesinado antes de concluir el litigio que duró tres años y, aunque no hay pruebas para culpar a alguien, ella sabe que fue una venganza.

“Durante este proceso me lo mataron. Ya no acabamos el tema completo. Desconocemos y no podemos decir o poner el dedo (sobre) quién fue directamente, porque sería una mentira, pero gracias a él y al apoyo de mi papá fue que yo pude lograr muchas cosas en el proceso”

Flor Teresa Ávila Núñez

Lo que dice la ley sobre violencia política

La violencia política, de acuerdo con la Ley para el Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, es “toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo”.

El artículo 21 bis de dicha ley señala que la violencia política “puede ser perpetrada indistintamente por agentes federales, estatales y municipales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares”.

Violentadores con nombres y apellidos

El Registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, contiene los nombres de quienes han recibido una sentencia firme, con el objetivo de boletinar por un tiempo determinado a las personas que están impedidas de buscar un cargo de elección popular.

Aparecer en el registro por unos meses o años, es solo una de las sanciones por violencia política, ya que con las reformas federales y locales en la materia aprobadas a partir de 2018, se establecieron multas y penas para este delito electoral, como la prisión, las disculpas públicas, la reparación del daño, la pérdida de candidaturas, e incluso la pérdida del registro de partidos políticos cuando estos sean los infractores.

El expresidente municipal Pascual Morales Martínez es uno de los seis agresores que Puebla tiene en el registro, así que Rivera Vivanco sería la séptima si el TEPJF confirma la sanción que le impuso el TEEP el pasado 27 de enero, consistente en permanecer boletinada cuatro años y medio.

En la lista negra también se encuentran dos exalcalde de la alianza PRD-MC: Omar Arteaga Ortigoza, de Tuzamapan de Galeana, y Bernardino Aquino Beléndez, de San Antonio Cañada, quienes fueron sancionados por retener los salarios y obstaculizar el trabajo de regidoras.

Lo mismo hizo el exalcalde de Santiago Miahuatlán, impulsado por Morena, Edmundo Jesús Ramírez Castillo, quien está en la lista de violentadores junto con el columnista Gerardo Ruiz Herrera, quien descalificó verbalmente a la diputada federal panista Genoveva Huerta Villegas, a través del portal El Incorrecto.

Violencia política en medios de comunicación

Ruiz Herrera se encuentra en la lista de agresores porque fue sentenciado después de las reformas de 2020, cuando se creó el registro, sin embargo, en Puebla ya se habían registrado antes varios casos de violencia política en los medios de comunicación.

La abogada Cecilia Monzón Pérez, asesinada el 21 de mayo de 2022, fue precursora del juicio para la protección de los derechos político electorales (JDC) de las mujeres, y logró una de las primeras sentencias por violencia política, cuando en 2018 era candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la alcaldía de San Pedro Cholula, y fue víctima de agresiones verbales por parte del director del portal Unimedios, Manlio López Contreras, quien solo fue amonestado y obligado a emitir una disculpa pública, ya que todavía no existían sanciones.

La exdiputada federal panista Violeta Lagunes Viveros también sufrió agresiones verbales por parte del director del portal Contraparte, Fabián Gómez Hernández, quien fue amonestado y tuvo que disculparse públicamente por orden del TEPJF.

El director de Diario Cambio, Arturo Rueda Sánchez de la Vega, detenido desde el 21 de mayo del año pasado por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, también cuenta con denuncias de violencia política promovidas por Huerta Villegas y Rivera Vivanco, quienes obtuvieron medidas cautelares como el retiro de columnas y publicaciones en redes sociales, pero sus juicios aún no tienen una sentencia.

Sobre sus denuncias, Huerta Villegas señaló que la legislación vigente es robusta, aunque perfectible, pero vio más urgente solventar el déficit de personal y la falta de capacitación en los órganos electorales y fiscalías, pues a esto atribuyó la tardanza entre la presentación de una denuncia y su resolución.

“El primer paso es denunciar siempre y dar seguimiento, porque muchas veces las mujeres se desaniman, sus expectativas son: si hoy presento mi denuncia mañana ya se va a hacer algo, y la verdad no es así, muchas veces tardan meses o incluso más de un año. Hay que tener mucha paciencia (…) quisiéramos que la ley fuera pronta y expedita como dice la Constitución, pero la verdad es que aún vemos que las instancias tardan muchísimo”

Cómo castigar la violencia política en Puebla

Para denunciar la violencia política en Puebla, el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado (CIPEP), indica que cualquier persona o colectividad puede interponer una queja ante el IEE, para que investigue, integre un expediente y luego lo turne al TEEP para una resolución.

El instituto cuenta con la facultad de emitir medidas cautelares, que tienen el objetivo de frenar cualquier acto que agravie a la víctima, para evitar que se sigan vulnerando sus derechos mientras se realiza la investigación o llega una sentencia.

Algunas medidas cautelares pueden ser: el retiro de la campaña o material que violente a la víctima; la suspensión de las prerrogativas de la persona agresora o incluso la suspensión del cargo.

De las 48 sentencias por violencia política que ha emitido el TEEP, 15 se dictaron en el año 2020; 12 en el 2022; 10 en 2021; siete en el 2018 y cuatro en 2019, pero solo de 2020 al cierre de 2022, el IEE recibió 118 denuncias, de modo que más de la mitad siguen pendientes de resolverse en el tribunal.

La sentencia contra Claudia Rivera

La reciente sentencia del TEEP contra Rivera Vivanco se deriva de una denuncia promovida desde septiembre de 2020 por Yazmín Nalleli Flores Hernández, excoordinadora Ejecutiva de la Consejería Jurídica del ayuntamiento de Puebla, quien denunció haber recibido tratos humillantes, ganar un salario menor que el de sus compañeros y tener una carga mayor de trabajo; haber sido obligada a renunciar y no recibir materiales para trabajar además de haber sido intimidada por personal del Ayuntamiento, que la siguió en una camioneta cuando iba con su familia.

Dos veces el tribunal local se declaró incompetente para atender la queja, pues señaló que era un asunto de índole laboral y no de violencia política, además de que el expediente estaba mal integrado por el IEE, así que lo devolvió y hasta la tercera vez ya lo admitió, pero declaró infundados casi todos los agravios.

De acuerdo con la resolución del expediente TEEP-AE-114/2021, solo se acreditó la disparidad salarial, pues la víctima ganaba 40 mil pesos al mes y sus compañeros hombres 44 mil y 49 mil pesos mensuales, así que se declaró culpable a Rivera Vivanco de violencia política y fue sancionada con una disculpa pública y cuatro años y cuatro meses de permanencia en el registro de personas agresoras, pero esta sentencia no está firme, ya que el TEPJF puede ratificarla o revocarla.

Cómo detectar y prevenir la violencia política

El 25 de enero, el TEEP presentó su “Plan de fortalecimiento para la prevención de violencia política en razón de género”, que consiste en realizar tres sesiones este año con conferencias informativas, así como 10 eventos para la prevención de la violencia política en el proceso electoral de 2024.

El IEE cuenta además con una Guía para la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres, y una Guía para la eliminación de los estereotipos de género en los medios de comunicación, donde se explica con ejemplos e imágenes cómo detectar la violencia política, cómo evitar incurrir en ella y cómo denunciarla.

Ilustraciones: Iván Rojas

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