Tren Maya dejará a su paso más de 3 mil desalojos forzosos

En su derrotero por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el Tren Maya desplazará más de 3 mil familias asentadas sobre el derecho de vía.

No obstante, dada la opacidad que envuelve el proyecto, aún se desconoce la magnitud de la afectación.

A través del portal de transparencia se solicitó el avalúo para compra o expropiación de predios en cada tramo del tren, pero esa información se reservó cinco años.

La justificación es que su divulgación “representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público y al interés social”.

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Denuncian presiones y amenazas

Por lo pronto, unas 130 familias del Colectivo Tres Barrios libran una lucha jurídica para defenderse del desalojo forzado.

Las acciones legales de los desplazados tienen en suspenso el plan de terminar la obra antes que acabe el sexenio.

Los afectados denuncian presiones y amenazas de gente del Fonatur, que se tornan más frecuentes conforme se acortan los tiempos fijados para la conclusión de la obra.

“Están en proceso dos juicios de amparo por violaciones al derecho internacional a la vivienda en el marco del proyecto del Tren Maya; son contra el pretendido desalojo forzoso a las familias que habitan en los costados de la vía”

Kalycho Escoffié
Abogada de los demandantes

En tres de cuatro demandas se dictó la suspensión definitiva del proceso de relocalización consensuada hasta que finalicen los juicios; en la cuarta, la suspensión es temporal.

Lo anterior frenó el proceso de negociación de las indemnizaciones e indirectamente trabó las obras en ese sector.

La abogada Kalycho Escoffié explicó que no se puede realizar ningún tipo de actividad que requiera el gobierno federal como parte del proceso de relocalización consensuada.

Abundó que “es una suspensión judicial contra la relocalización consensuada, pero tiene como efecto colateral que tampoco han podido hacer obras en esta zona”.

Sólo en tres barrios de Campeche (Camino Real, Ermita y Santa Lucía) son 300 los predios afectados, en cuyo interior en muchos casos hay más de un hogar.

No se sabe cuántos más estarían en la misma situación, donde además de 52 colonias de la capital, el proyecto impactará a cuatro poblaciones: Ruiz Cortines, Tixmucuy, Chiná y Kobén.