La minería de cobre tuvo su inicio en el siglo XIX cuando la nueva República de Chile exploró yacimientos en lo que hoy conocemos como zona norte. Durante la primera mitad del siglo XX el cobre fue explotado principalmente por el imperialismo norteamericano. Durante la década de 1950 tres gobiernos consecutivos aplicaron planes de ajuste que bajaron el salario y también privatizaron expandiendo el sector privado a la economía. Fruto de esto, EE.UU. ingresó con mayor fuerza como capital monopólico en el cobre hacia 1970. En 1971 el Congreso unánimemente decidió decretar la nacionalización de las empresas de cobre. En el gobierno de Eduardo Frei Montalva se aprobó la «chilenización», que declaraba los yacimientos y las riquezas minerales de cobre y otros como bienes propios del Estado. El plan inicial de Allende era negociar una cifra de indemnización con las compañías afectadas. Principalmente estadounidenses, estas compañías nunca aceptaron montos y negociaciones. El gobierno de Estados Unidos protegiendo a sus capitalistas bloqueó el comercio hacia Chile y preparó las condiciones para el golpe de Estado y luego la dictadura volvió a privatizar el mineral.
Al término de la dictadura, el 11 de marzo de 1990, existían solo tres medianamente grandes mineras extranjeras, La Disputada que había sido del Estado hasta 1979, Mantos Blancos S.A. y Minera El Indio, que producían en total 214.000 T., el resto lo producían empresas del Estado, Codelco y Enami, traduciéndose esto en un total de 1.609.000 T., que producía Chile en ese año. Es decir, solo el 13% del cobre chileno lo producían empresas extranjeras. En cambio, para el año 2019 las empresas extranjeras producían el 70% del cobre chileno. Esto significa que en estos 30 años, la inversión extranjera ha sido espectacular.
Según los Anuarios de Cochilco, las mineras extranjeras han sacado de Chile, entre 1990 y 2019, la friolera de 85.818 T. del equivalente de cobre fino, lo que al precio promedio de los últimos tiempos equivale a alrededor de US$ 567.760 millones. Pero esa es la exportación declarada por las mismas empresas, pero es de conocimiento público que la exportación real debe ser a lo menos un 20% a 25% superior a la cifra oficial, lo que daría que la exportación de cobre por parte de las mineras extranjeras alcanzaría las 100 mil toneladas y su valor debería superar de US$ 680.000 millones, a lo cual habría que agregar un 30% más por el oro, la plata, el molibdeno, el renio, cobalto, etc., contenido en la exportación de concentrados de cobre, lo que sumando todo nos arroja que las mineras extranjeras se han llevado de nuestro país alrededor de 900.000 millones de dólares. Esa es la dimensión de la extraordinaria riqueza que significa el cobre para Chile; sin embargo, esto ha sido un desastre para nuestro país, aunque quizás el desastre, deriva directamente de los gobernantes que hemos tenido los últimos 30 años, que han conscientemente permitido este desfalco.
De acuerdo a Julián Alcayaga, lo anterior se explica porque de esos 900.000 millones de dólares que se han llevado las mineras extranjeras: ¿Cuánto es lo que estas han tributado al Estado y a todos los chilenos? Difícil saberlo porque la tributación es secreta en Chile desde el año 1995, precisamente para que los chilenos no nos enteráramos que las empresas extranjeras en general y las mineras en particular, no pagan o casi no pagan impuesto a la renta en Chile. Sin embargo, se pudo conocer la tributación de las mineras extranjeras gracias a un informe del SII solicitado por el Senado el año 2003 y en un informe solicitado al SII por la diputada Claudia Mix. Esos informes señalan que desde 1990 a 2019, la tributación a la renta más impuesto específico a la minería conocido como royalty, ha sido de US$ 29.030 millones. Esto significa que dejaron un minúsculo 3,2% de una riqueza que ya desapareció de nuestro suelo para siempre… US$900 mil millones vs. US$29.030 millones.
¿Por qué las mineras extranjeras se han llevado tanto cobre y otros subproductos y han pagado tan pocos tributos? Es aquí donde aparece el desastre permitido por nuestros gobernantes desde 1990 en adelante. Hasta 1989, las mineras extranjeras tenían que pagar el impuesto en base a la renta presunta, es decir, en base a lo que vendían. Ninguna minera podía escapar al pago del impuesto a la renta, porque desde que tenía que vender o exportar la primera tonelada de cobre, tuviera o no utilidades, tenía renta y tenía que pagar el impuesto. Todo cambió en junio de 1990, cuando se aprobó la Ley 18.985, que para las grandes mineras cambió el impuesto desde renta presunta a renta efectiva, es decir, que si las mineras obtienen o declaran utilidades o ganancias, pagan el impuesto a la renta, pero si declaran pérdidas no pagan impuesto, es más, acumulan pérdidas, y no pagarán impuesto hasta que las eventuales futuras ganancias absorban todas las pérdidas acumuladas. Las mineras extranjeras llegaron en masa a nuestro país, porque con la Ley 18.985 les permitiría llevarse el cobre y subproductos que quisieran sin impuestos. Junto a esa norma, más tarde, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle dictó la ley 19.389 que estableció el secreto para la información tributaria de las empresas. En el mismo sentido, el gobierno de Ricardo Lagos al dictar la Ley 19.738, incrementó los beneficios vía tributaria para las compañías transnacionales del cobre, porque permitió que estas, contrario a lo que debiera ser, obtengan una compensación por la pérdida de valor que sufre el yacimiento al ser explotado, cuando debiera ser el país y su gente los que reciban una compensación por el enriquecimiento de los privados a costa de un recurso natural no renovable y que se extingue.
Todo comienza con el hecho que la inversión que las casas matrices realizan en Chile, no lo hacen mediante inversión directa, sino que es su filial minera “chilena” la que debe endeudarse con financieras relacionadas con la casa matriz y domiciliadas en paraísos tributarios o fiscales, financieras a las que las mineras “chilenas” les pagan intereses y comisiones muy por encima del mercado normal. En algunas mineras los gastos financieros han alcanzado al 40% del total de sus gastos, y de esa manera disminuyen o hacen desaparecer las ganancias en Chile.
La empresa del multimillonario Andrónico Luksic registró ganancias récord en 2021 y anunció una repartija de utilidades a todos sus accionistas, de los cuales hay empresarios nacionales y extranjeros. En total su empresa Antofagasta Minerals reportó un récord de 4.800 millones de dólares.
Las primeras diez grandes empresas multinacionales que operan en nuestro territorio son: Anglo American Sur (cuya filial está Londres}, Mantos Copper (otra firma británica), Los Pelambres (Antofagasta Minerals posee un 60% de esta empresa, y un 40% pertenece a capitales japoneses), Candelaria (canadiense), Quebrada Blanca (20% japonesa), Escondida (60% de BHP Billiton, australiano-británica), Collahuasi Anglo (44% de Anglo American, 44% de Glencore con filial en Suiza, 12% japonesa), Cerro Colorado (propiedad de BHP Billiton), Zaldívar (50% Antofagasta Minerals y 50% Barrick Gold, la empresa minera multinacional más grande del planeta) y El Abra (51% de la norteamericana Phelps Dodge).
Solo entre 2007 y 2017, el Estado de Chile regaló a la minería privada del cobre un total de 120 mil millones de dólares en ganancias netas, según un estudio de López y Sturla.
Las declaraciones vertidas por la ministra de Minería, Marcela Hernando, pocos días antes de asumir el nuevo gobierno encabezado por Gabriel Boric, reavivaron en medios de comunicación la preocupación que existe en torno a la inmensa riqueza que se apropian las grandes empresas que explotan el cobre en nuestro país.
La ministra Hernando dijo a los medios, en síntesis, que las ganancias de las trasnacionales son extraordinarias e impresionantes, casi estratosféricas, explicando que ello se debe a que en Chile no existe una buena fiscalización por parte de Aduanas ni del Servicio de Impuestos Internos sobre las exportaciones mineras y sus subproductos, ya que no se conoce cuánto cobre va en los concentrados ni la cantidad de subproductos, como oro, plata, molibdeno y otros, a lo que se suma la existencia de precios sobrevaluados en procesos de fundición y refinería que se realizan en el extranjero con empresas relacionadas con las mismas grandes mineras privadas que operan acá.
Ante esas explosivas declaraciones de la ministra, el medio de comunicación El Ciudadano publicó un documento profundizando en el asunto, preparado por los economistas Orlando Caputo y Graciela Galarce, a saber:
Las ganancias de Codelco fueron muy elevadas en 2021, alcanzando 10.379 millones de dólares. La ganancia informada corresponde a los Ingresos por ventas de cobre y subproductos, menos los costos de operación. Esta ganancia se conoce como Edbita, que corresponde a las ganancias operacionales, que excluyen: depreciaciones, amortizaciones de créditos, pagos de intereses y pagos de impuestos.
Si Codelco tiene el 28% de la producción de cobre, y las grandes mineras privadas, el 72%, estimamos que los ingresos por ventas de las grandes mineras privadas, menos los costos operacionales de ellas son a lo menos de 27.000 millones de dólares. (Edbita).
Los costos de Codelco y del conjunto de las mineras privadas son similares (Observatorio de costos de Cochilco). Esta metodología también permite ilustrar las grandes ganancias de las empresas mineras. Los costos operacionales conocidos como ‘C1’, fueron 132,7 centavos de dólar por libra de cobre para 2021. En tanto, el precio promedio anual en 2021 fue de 423 centavos de dólar por libra de cobre. Por lo tanto, las ganancias operacionales por libra de cobre fueron de 293 centavos.
Relacionado con lo anterior, recordamos que el Banco Mundial ha realizado un estudio sobre las exportaciones mineras chilenas, que corrige en gran medida las subvaluaciones y las sobrevaloraciones, señaladas anteriormente. Basándose en esta metodología del Banco Mundial, Gino Sturla, Ramón López y otros, realizaron un estudio que señala que la ‘Renta Regalada’ promedio anual 2005-2014, fue de 20.000 millones de dólares (antes de realizar descuentos sobre riesgos de exploración y de las fluctuaciones de precios). Este estudio fue publicado en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y por la CEPAL. La ‘Renta Regalada’ sería un REGALO ADICIONAL a las enormes ganancias de las empresas mineras.
Esta ‘Renta Regalada’, se calculó a un precio promedio en el período 2005-2014 de 3,09 de dólar la libra de cobre. En el año 2021 siguiendo la metodología del estudio basado en el Banco Mundial, la ‘Renta Regalada’, con el precio de la libra de cobre de US$ 4,23, la ‘Renta Regalada’ sería un poco superior a 27 mil millones de dólares.
Si a la renta minera regalada se le suman las ganancias de estas empresas, la ganancia total de las grandes mineras privadas sería de 35 mil millones de dólares en 2021, los cuales:
a.- Equivalen al 50% del Presupuesto del Estado chileno en todos sus ministerios en 2021.
b.- Equivalen también a 580.000 departamentos o casas con valor de $50.000.000 en 2021 y para cada uno de los siguientes años.
c.- Equivalen a 14 Líneas de Metro, como la línea N°7 que tendrá 25 kilómetros, con un costo de 2.528 millones de dólares.
d.- Equivalen también a 140 hospitales.
Estas ganancias estratosféricas, se deben a que se apropian del valor del cobre en el yacimiento, que es de todos los chilenos; no obstante que según la Constitución Política “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”.
Las ganancias de 2021 estimadas con información de las empresas equivalen a 27.000 millones de dólares, lo que se aproxima al valor global del capital de las mineras privadas en 2021 de 30.524 millones de dólares. Es decir, la tasa de ganancia de 2021 (ganancias divididas por el capital), es cercana a 90%.
Según las ganancias estimadas con la metodología del Banco Mundial la tasa de ganancias en 2021 sería de 115%.
Por otro lado, el modelo de producción del cobre que desde 1990 le ha dado impulso a la exportación de concentrado de cobre (calificada como submateria prima o inframateria), implica significativas pérdidas para el país, pasando Chile a ser el principal exportador de concentrados del mundo, ya que del total de mineral que exportamos, 1/3 es concentrado de cobre.
Exportar concentrado de cobre implica enormes pérdidas, ya que la fijación del precio de compra y venta no lo definen las bolsas de metales, sino que queda sujeto a la arbitrariedad de los participantes de la transacción, que en general son socios relacionados. Adicionalmente, el que exporta o vende el concentrado de cobre queda amarrado a contratos obligatorios de 20 años de vigencia, debiendo pagar el costo del flete en barco para llevarlos a las fundiciones y refinerías de Asia o Europa y los seguros que se exigen. A ello se suma una pérdida del 4% del cobre contenido en el concentrado, ya que las fundiciones pagan solamente por el 96% del cobre que compran. En el caso de Codelco, estas son pérdidas directas y significativas para el país que se evitarían refinando y fundiendo el concentrado en el país.
También perdemos ingresos debido a que de las llamadas impurezas o subproductos contenidos en el concentrado de cobre (se estiman en más de 30 metales y no metales), las trasnacionales pagan un monto aproximado por el oro y la plata, mientras que por el resto del contenido, que es considerado insignificante y sin valor por las compañías (lo que los entes fiscalizadores aceptan) no pagan un peso. Al respecto, el académico Juan Camus, de la Universidad de Playa Ancha estimó en 2012 que Chile perdía más de 9 millones de dólares por cada 1.000 toneladas de concentrados de cobre exportado, monto que se agiganta al considerar que desde el país se envían al extranjero entre 11 a 12 millones de toneladas de concentrado de cobre anualmente.
En síntesis, el perjuicio para el país por exportar concentrado y no refinar ni fundir el cobre en el país alcanza dimensiones gigantescas, por cifras multimillonarias que cuesta mucho dimensionar y llevarlas a la realidad. Tal es así que para la década pasada (2000 a 2010), el detrimento para el país se estima en 120 mil millones de dólares, según la Facultad de Economía de la Universidad de Chile; en 190 mil millones de dólares, según cálculo del Banco Mundial, y en cerca de 300 mil millones de dólares, según el Comité de Defensa del Cobre.
En 2016 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que «el modelo económico chileno, basado en los recursos naturales está llegando a su límite«. Así lo puso de manifiesto un informe de este organismo titulado Segunda Evaluación del Desempeño Ambiental.
Por otro lado, nacionalizar es un camino posible, especialmente en Chile donde la Constitución Política vigente, mantiene la decisión de aprovechar los recursos naturales para beneficio del pueblo chileno.
Y nacionalizar hoy es posible, como lo demuestra la decisión del gobierno boliviano, el año 2006, de quitarle los hidrocarburos de las manos a las trasnacionales, obteniendo así un beneficio significativo de desarrollo para su pueblo. A ello se suma el que el año 2013, a raíz de intensas movilizaciones sociales, se adopta y pone en práctica el principio de que el gas es primero para los bolivianos y luego para exportarlo.
En síntesis, el pueblo boliviano obtuvo, desde 2006 a 2018, gracias a esa decisión de nacionalizar el gas y el petróleo, US$37.484 millones por concepto de renta petrolera, ingresos que benefician a programas y proyectos en los sectores de la salud, educación, vivienda, empleo, producción de alimentos, entre otros. Con esa riqueza recuperada se financian además gran parte de los bonos y rentas sociales para beneficios de niños y jóvenes, madres solteras y personas de la tercera edad. Sin embargo, acá en Chile, rostros en las tinieblas y con intereses creados en abultar sus bolsillos aún se niegan tajantemente a esta idea.
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