La futura Ministra de Minería y actual diputada por el Partido Radical de Chile, Marcela Hernando, acaba de hacerse con un importante logro a poco menos de un mes de asumir su rol como secretaria de Estado.
Esta semana Hernando denunció la venta de una serie de inmuebles pertenecientes a la Empresa Nacional de Minería (Enami). La futura cabeza de Minería envío de un oficio parlamentario el pasado 13 de febrero al vicepresidente de la estatal, Enrique Valdivieso. El documento solicitaba aclarar la información acerca de dicho proceso del que tomó conocimiento.
Según lo consignado por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío el 14 de febrero Valdivieso le dio respuesta a ese oficio, al cual tuvo acceso el medio anteriormente citado.
Radio Bío Bío señala que el “no es efectivo que Enami esté llevando a cabo un proceso de remate de ningún activo ni mucho menos del edificio corporativo, de Santiago, calle Mac Iver #459”, agregando que lo que sí estaba pasando era un « proceso de licitación de activos prescindibles«, el cual considera la recepción de ofertas hasta el día 10 de marzo de 2022, «las que Enami deberá analizar y llevar al directorio de abril para decidir si se aceptan o rechazan dichas propuestas», consigna el medio.
El vicepresidente de la estatal se empeñó en recalcar que la empresa «tiene la potestad de aceptar o rechazar una o todas las ofertas recibidas, por lo cual será el nuevo directorio de Enami quien deberá finalmente decidir por el futuro de estos activos prescindibles», agregando que lo anterior está planificado para fines de abril.
El alto ejecutivo justificó la medida debido al «alto nivel de deuda y liquidez» que mantiene la estatal. Y señaló como principales razones el alza del precio del cobre, las grandes inversiones realizadas para bajar la captura de azufre y arsénico en la Fundición Hernán Videla Lira y las pérdidas acumuladas de los últimos diez años, según lo consignado por el medio.
De manera adicional, el vicepresidente de Enami le propuso a Hernando cambiar los plazos de entrega de ofertas hasta el tercer jueves del mes de abril de 2022, con este el fin de que el directorio tenga tres semanas para aceptar o rechazar las ofertas recibidas.
“Es bien confuso todo por, según dice el vicepresidente ejecutivo, el directorio sabía, pero en el acta, que tuve ocasión de leer, dice que con suma precaución se vea cuánto podrían obtener por una serie de activos inmovilizados que tiene Enami”, detalló la futura ministra a Radio Bío Bío y precisó que el directorio autorizó a explorar la alternativa, pero que en ningún caso fue una autorización.
Marcela Hernando fue enfática en sentenciar que para ella la postergación no es suficiente, y que lo que busca es que Contraloría invalide el procedimiento. «Lo más grave es el precio. En la página de Tattersall (empresa de gestión de activos) aparece establecida una postura mínima de 4.300 millones de pesos y el avalúo fiscal es de 6 mil (…) hoy día esa propiedad cuesta 5 veces más«, señaló.
En entrevista con El Mercurio también señaló que «me queda claro que la actual administración persiste en la idea de que desprenderse de estos inmuebles es necesario y urgente (…) Y, aún cuando pueda demostrarse que el edificio corporativo está subutilizado y podría ser un bien prescindible, es inexplicable que quiera venderse en la quinta parte de su valor comercial e incluso a un valor inferior a su avalúo fiscal«, agregando que el proceso no se ajusta a derecho por la falta de autorización del directorio, y denuncio que a 20 días de finalizar el proceso licitatorio, las bases aún están en proceso de preparación, lo que resulta inexplicable.
“(El proceso) entiendo que está parado, no obstante, presenté un recurso de protección y espero que nos vaya bien, precisamente porque busco que quede invalidado”, complementó la parlamentaria finalmente en conversación con Radio Bío Bío.