El gobierno saliente de Sebastián Piñera a toda costa ha querido dejar amarrado la adjudicación a empresas transnacionales la explotación del litio y por su parte, en medio del rechazo del gobierno entrante de Gabriel Boric, su propuesta se basa en la creación de una empresa nacional del litio.
Estas definiciones desde el poder político hasta el momento no ha contemplado temas de fondo, independiente de quien se haga cargo de la explotación: ¿Hay posibilidades de sustentabilidad en operaciones para extraer el litio? ¿Qué va a ocurrir con ecosistemas frágiles que son indispensables con la vida de los territorios y sus biodiversidades? ¿En qué afectaría aún más a la crisis hídrica de estos territorios? ¿Qué pasa con la vida de las comunidades de pueblos y naciones originarias que conviven en estos espacios?
La reacción desde comunidades para defender sus derechos
El 14 de enero, la Corte de Apelaciones de Copiapó acogió a trámite un recurso de protección, ingresado por representantes de comunidades y organizaciones de pueblos originarios decretando orden de no innovar con respecto a la adjudicación para la explotación del litio.
El gobierno de Piñera a través del Ministerio de Minería, abrió una convocatoria el 13 de octubre de 2021, que “busca adjudicar contratos especiales de operación para explorar y producir 400.000 toneladas de litio metálico comercializable, divididas en cinco cuotas de 80.000 toneladas cada una”. El 12 de enero adjudicó a dos empresas transnacionales, como parte de la explotación que se pretende.
Cabe señalar que, en Chile, el litio proviene de los salarios andinos y que por lo tanto su explotación se restringe hoy al Salar de Atacama en la segunda región y al Salar de Maricunga en la tercera región (sin explotar aún, pero con proyectos autorizados por el Servicio de Evaluación Ambiental), y se proyecta en otros salarios de Chile, por lo que las comunidades y personas afectados son principalmente indígenas y de una cantidad muy acotada.
Una de las comunidades directamente afectadas en su territorio ancestral por esta licitación y futuras amenazas de explotación, es la Comunidad Indígena Colla Pai Ote, representada en el recurso por su presidenta, Ercilia Araya Altamirano. También acompañan la acción de protección, Ariel León Bacián, Aymara – Quechua; Nancy Piñones, presidenta de la Comunidad Indígena Aymara Elba Sanjinés Huara; Esteban Araya Toroco, Likan Antai o Atacameño, presidente de la Asociación indígena de agricultores Lay Lay de Calama; Verónica Henríquez Antimanqui, presidenta de la Asociación Futa Trawun de Paillaco; y, el dirigente Rapa Nui, Rafael Tuki Tepano.
Parte de los derechos indígenas vulnerados o amenazados que de describen en la acción de protección, son: A la propiedad, al medio ambiente, al trabajo y la seguridad social, al manejo de los recursos naturales, entre otros, que tienen estándares distintos de aplicación a los pueblos y personas indígenas. “La no aplicación de esos estándares especiales vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, pues con ello se niega esa diferencia, y se asimila a los pueblos y personas indígenas a la sociedad mayor, provocando la extinción cultural de los pueblos indígenas”, se indica en el recurso.
Por otro lado, en cuanto a la consulta indígena, se indica que este es un mecanismo motivado precisamente en el derecho a la igualdad, como medida de discriminación positiva. “Los pueblos indígenas, hoy, detentan un mecanismo de participación especial, un derecho amparado en el Convenio 169 de la OIT denominado literalmente “consulta indígena”. Este mecanismo implica restablecerlos en la igualdad de la que carecen materialmente, igualándolos. En este sentido, el mecanismo de la consulta materializa el derecho a la igualdad. Sin la consulta indígena, o si se vulneran sus estándares de aplicación, el derecho a la igualdad ante la ley se ve vulnerado también, pues se despoja a estos pueblos del mecanismo que “los hace iguales”, que “equipara” o hace material la igualdad ante la ley, respecto del resto de las personas no indígenas”, se señala en el escrito.
Se señala que la licitación del litio impone, un plan de desarrollo en los territorios indígenas, que no ha sido consultado ni consentido por los pueblos. “El artículo 7 del convenio 169 establece que los planes de desarrollo qué el estado Impulsa en los territorios indígenas, deben ser previamente consultados. No se ha preguntado a los pueblos originarios si el plan de desarrollo minero que impone la licitación del litio es acorde a sus patrones culturales”, indican.
La actividad extractiva de estas empresas, además, ha generado serios impactos en derechos humanos del pueblo lickanantay, según fue constatado en un reciente estudio del Observatorio Ciudadano. Entre los derechos que, de acuerdo a esta Evaluación de Impacto en Derechos Humanos, se han visto gravemente vulnerados por estas actividades en el derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado; el derecho a la libre determinación y definición en prioridades de desarrollo; el derecho a la participación en los beneficios y la compensación justa por los daños ocasionados; el derecho sobre la tierra y el territorio; y los derechos de agua”.
Ecosistema, biodiversidades y crisis hídrica
Ercilia Araya Altamirano, presidenta de la comunidad Colla, recurrente titular del recurso de protección, indicó en el marco de la presentación del recurso de protección contra la adjudicación a transnacionales, que: “La licitación del litio es vender el territorio y vender el agua, ya que la extracción del litio, implica extraer agua en un contexto de cambio climático, de crisis del agua porque no ha llovido. Estamos en sequía, no hay pasto, no hay nada. Entonces se están viviendo momentos críticos y la minería se llevan toda el agua, por lo tanto, la licitación del litio, con la imposición de la minería en el territorio, es atentar a lo sagrado de la cosmovisión, en lo espiritual, en equilibrio con la pachamama y al ecosistema. El daño ambiental es muy grave. En la salmuera está toda el agua, dicen que están inventando un sistema que no van a llevar agua, pero igual van a sacar las salmueras y llevan el agua y los daños son grandes, como a los ecosistemas. Por algo están las cosas ahí”.
También señaló: “A ellos no les importa la sequía en nuestros territorios, atropellan toda la cultura nuestra, los animales se mueren de hambre y hay toda una situación difícil que se agrava con esto del litio donde se perdería todo lo que está en el hábitat, incluido los animales”.
El interés de la Comunidad Colla de Pai Ote, es preservar estos territorios y ejercer vigilancia sobre las disposiciones administrativas y técnicas, y sobre los planes, proyectos o programas que se pretendan implementar o se estén implementando por organismo del Estado o empresas privadas, sean estas mineras, de prospección o de otra índole. El interés expreso de la Comunidad Colla Pai Ote, es preservar el recurso hídrico superficial y subterráneo y vigilar la conservación de la biodiversidad.
El interés, en la protección, la vigilancia y el control del manejo y extracción de los recursos hídricos se sustenta en que la Comunidad Colla de Pai Ote, plantea que la alimentación y abastecimiento de la cuenca alta de la Quebrada de Paipote y de la cuenca oriental del Río Patón y sus quebradas de más al sur del Llano del Leoncito se encuentra asociadas a probables abastecimientos de aguas subterráneas que provienen de la zona altiplánica del Salar de Maricunga y Laguna Verde, donde en la actualidad se están extrayendo importantes caudales de aguas y realizando prospecciones con el fin de aflorar nuevas aguas e inscribirlas por empresas mineras o particulares.
Estas cuencas hasta hace pocos años intocadas, están siendo sobreexplotadas y pueden afectar en el corto plazo el abastecimiento de las vegas y ríos de veranadas de la comunidad y de amplios sectores. Esta hipótesis es muy factible de ser verdadera se señala en el recurso de protección, pues las vegas del Llano de Ciénaga Redonda, están siendo alteradas y disecadas por las numerosas extracciones de aguas subterráneas de las empresas mineras e incluso se percibe que estaría descendido el nivel de la Laguna del Negro Francisco.
Frente a esta situación y hechos señalados, no existen argumentos científicos para sostener lo contrario y menos señalar que la extracción de aguas desde el altiplano de Copiapó no afectara el normal abastecimiento y disposición de aguas de la cuenca de la Quebrada de Paipote y Llano del Leoncito, si se mantiene el interés y la extracción de las aguas subterráneas desde el área de Salar de Maricunga a Laguna Verde.
En el salar de Maricunga ya se encuentran autorizados dos proyectos para la extracción de litio. Uno de ellos es el proyecto Salar Blanco, propiedad del empresario Martín Borda. Otro es el proyecto Sales de Maricunga, de propiedad de la empresa Symco, del grupo Errázuriz, tal como han reportado reportajes nacionales e internacionales1.
Ambos proyectos se encuentran en fase litigiosa, pues la comunidad Pai Ote demandado ante los tribunales de Justicia ambos proyectos, el primero ante los tribunales ambientales y el segundo por recurso de protección.
En el recurso de las comunidades, se señala que la extracción de agua que impone la explotación del litio en épocas de cambio climático, en momentos en que Copiapó, por ejemplo, enfrenta la sequía más dura de los últimos 100 años y estando vigente un decreto de emergencia hídrica, hace patente que se respeten los derechos indígenas así como los espacios donde se habitan.
Cabe consignar que además de estas adjudicaciones del gobierno de Sebastián Piñera, previamente se aprobó un proyecto a la empresa Simco SpA, firma ligada al Grupo Errázuriz (Francisco Javier Errázuriz), el que busca producir litio en el Salar de Maricunga, en Atacama, con una inversión de unos US$ 350 millones, siendo calificado como favorable ambientalmente en septiembre del 2020 por la Comisión de Evaluación del Medio Ambiente. Sin embargo, se encuentra judicializado con una serie de reparos, incluida la acción de protección de comunidades Colla de este territorio.
Este proyecto (Bi Regional) pretende la explotación de salmueras frescas desde el sector nororiente del Salar de Maricunga, a una tasa de extracción de 275 L/s, siendo procesadas las salmueras mediante el método de evaporación solar y posterior precipitación en una planta de carbonato de litio para la producción de 5.700 t/año, y, mediante la extracción por solvente, se obtendrían 9.100 t/año de hidróxido de litio (equivalentes a 14.300 t/año de carbonato de litio), añadiendo además 38.900 t/año de cloruro de potasio como subproducto.
La fiebre por el litio
El mercado del litio es creciente, ya que la demanda aumenta año tras año, esperándose un crecimiento promedio de entre 10% y 12% anual en los próximos 5 años. Para el 2017 la demanda mundial de litio se estimaba entre 220.000 y 240.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE). Aunque el mercado del litio es relativamente pequeño en comparación a otros metales como el cobre o el oro, es dinámico, ya que su demanda está siendo impulsada por un fuerte aumento en la fabricación de baterías basadas en litio utilizadas para vehículos eléctricos. Ello, ya que una batería en base a litio tiene una alta densidad de energía.
Según la información recopilada, en los territorios de Chile, goza del 44% de las reservas de litio de todo el mundo. Escondido bajo los salares del desierto de Atacama, este mineral es cada vez más cotizado en el mercado internacional, pues se trata de un elemento considerado esencial de las baterías que dan vida, por ejemplo, a los vehículos eléctricos. Así pues, la fascinación por el litio se enmarca en un contexto donde los países requieren de manera urgente transitar a economías sustentables, con el fin de combatir la crisis climática que afecta al planeta. Para ello, resulta fundamental sustituir los combustibles fósiles por energías limpias como las que proporciona el litio, según se ha publicitado, paradójicamente, a costa de la explotación de territorios ancestrales.
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