“El acuerdo Codelco SQM es inconstitucional. Se necesita una ley. Al ser inconstitucional todos los chilenos tenemos derecho a hacer una demanda de nulidad ante los tribunales”.
Así de tajante fue Julián Alcayaga, economista y abogado convidado a exponer en la Comisión Investigadora sobre el acuerdo SQM-Codelco y los gastos hechos por la cuprífera estatal en el Salar de Maricunga.
La Comisión Investigadora tiene en tela de juicio el acuerdo entre SQM y Codelco, que prolonga la participación de la empresa de Julio Ponce Lerou en la explotación del Salar de Atacama. El contrato vigente entre Corfo y SQM fue firmado en 2018 y vence en 2030, fecha en que la empresa de Ponce Lerou debe devolver las pertenencias mineras del acuífero y la infraestructura industrial instalada al fisco. El nuevo acuerdo amplia la participación de SQM en la explotación del acuífero hasta el año 2060.
El nuevo contrato también implicaría aumentar la cuota de extracción de salmuera para producir litio, lo que afectaría la hidrogeología del acuífero, donde ya la minera Albemarle reportó un daño considerable. De 165 mil toneladas anuales permitidas -que SQM estaría agotando antes del 2030- pasaría a la explotación de 300 mil.
DEL GOBIERNO DE PIÑERA A CLAPES UC
La presentación de Alcayaga fue precedida por Hermann González Bravo, docente del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile; y coordinador Macroeconómico de Clapes UC, quien se afanó en defender el acuerdo entre Codelco y SQM.
González Bravo es ingeniero comercial y magíster en Economía con mención en Macroeconomía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Luego trabajó en la División de Estudios del Banco Central (2004-2008) y, en el ámbito privado, fue subgerente de la consultora económica Zahler & Co. de Roberto Zahler, quien fue presidente del Banco Central bajo el gobierno de Eduardo Frei.
En los gobiernos de Sebastián Piñera fue parte de la camada de economistas que pasó a integrar espacios claves de definición de políticas presupuestarias. Entre medio fue economista principal de BBVA Research Chile. Durante el primer gobierno de Piñera fue coordinador macroeconómico del Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos (2012-2013), cuando la Dipres era dirigida por Rosanna Costa, cuadro ideológico duro de LyD y actual presidenta del Banco Central. Ya en el segundo gobierno, González se desempeñó como jefe de asesores y coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda (2018-2020).
También González ha sido parte de la institucionalización de las políticas de restricción del gasto impulsadas por LyD. Entre 2014 y 2018 integró el Consejo Fiscal Asesor, entidad antecesora del actual Consejo Fiscal Autónomo (CFA), intancia en la que es vicepresidente desde junio de 2022, siendo reelecto en mayo del año pasado. El CFA, creado en 2019 bajo el segundo gobierno de Piñera, es una instancia más de control no democrático de la política fiscal. Promovido por Libertad y Desarrollo (LyD) durante años, fue consensuado entre la derecha y la ex-concertación con el objetivo de velar por “un manejo responsable de la política fiscal”.
La noción de ‘responsabilidad fiscal’ es la cobertura de austeridad o gastos mínimos del aparato público. De esta forma, el CFA está orientado a vigilar las labores del Ministerio de Hacienda y el Banco Central, operando en un rol de evaluador de las políticas de finanzas públicas; establece la metodología para medir el balance estructural, regla también promovida por LyD durante el gobierno de Ricardo Lagos, y que exige igualar el gasto público al PIB producido; y tutelar el ‘cumplimiento de la regla fiscal’, que ha significado imponer un límite a la inversión pública anual. En palabras más simples: austeridad fiscal, es decir, que el Estado invierta lo mínimo.
En una entrevista dada el año pasado al portal El Líbero sostuvo que “el ministro de Hacienda parece no estar escuchando a la oposición”.
La presentación de González se inició planteando las 4 alternativas para dar continuidad a la explotación al Salar de Atacama a partir de 2030. Enumeró mantener el contrato con SQM, licitar la explotación, extender el contrato con SQM incorporando al Estado o entregar las operaciones al Estado. Obviamente, esta última opción fue la primera desechada por el economista del CFA.
Luego determinó ventajas de la licitación, definiendo que un proceso público y competitivo reduce las críticas por opacidad en la adjudicación, facilita la aceptación social, se obtendrían mejores condiciones económicas y permitiría elegir la mejor opción entre los oferentes.
Recientemente se supo que Rio Tinto pagó en Argentina 6.700 millones de dólares por el proyecto Arcadium Lithium, un yacimiento de litio que producirá la mitad de las 300 mil toneladas establecidas en el acuerdo entre SQM y Codelco para explotar el Salar de Atacama.
En Chile, según declaró ante una junta de accionistas el propio gerente de SQM, la firma ligada a la familia Pinochet pagará cero pesos.
González luego se refirió al trato directo, caracterizándolo como cuando el Estado quiere hacer un rápido aumento de la producción para aprovechar determinadas condiciones en el precio de los metales internacionales. También justificó dicha opción diciendo que así también se da continuidad operacional y se evita la interrupción de la producción de litio. El economista acabó defendiendo el acuerdo diciendo que el país se está quedando atrás ante la demanda creciente de litio, se evitaría parar el suministro y que los actuales precios del litio refuerzan el trato directo con condiciones favorables para el Estado.
Al concluir su intervención, el diputado Miguel Ángel Calisto recordó que el mismo economista el año pasado ya había validado el trato directo para la entrega del litio a SQM y si bien le merece respeto Clapes UC, le llama la atención que en 2018 asumió la dirección, Hernán de Solminihac, quien es hermano de Patricio de Solminihac, quien fuera gerente general de SQM.
“¿Cómo se logran separar las orientaciones técnicas de Clapes UC versus la participación de uno de sus directores, que tiene eventuales conflictos de interés?”- preguntó el diputado.
LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACUERDO SQM-CODELCO
La presentación del economista y abogado Julián Alcayaga en tanto se concentró en dar un historial de la legislación minera en Chile. Partió detallando que según el Artículo 640 del Código Civil, promulgado el 30 de mayo de 1884, el Estado es propietario de todas las propiedades tomadas en guerra de nación a nación, independientemente de si pertenecen a enemigos, neutrales, aliados o nacionales del paralelo 23 al norte. Dicha legislación estaba orientada a mantener la propiedad de los nitratos, boratos y otras sales explotadas en la época.
Luego viene el Código de Minería de 1918 que reserva al Estado los depósitos de minerales, lo que fue ratificado posteriormente por los Códigos de los años 1930 y 1932, que reiteran la reserva del estado de los nitratos, sales amoniacales y yodo.
Alcayaga también citó la Ley 6.482 de 1940 que creó un consejo de fertilizantes con el objetivo de asegurar los fertilizantes para agricultura chilena. El consejo fue reemplazado en 1942 por Instituto de Economía Agrícola, que recibió el patrimonio sobre los fertilizantes, pasando en 1953 a otra institución, que derivó en 1960 en la creación de ECA, Empresa de Comercio Agrícola, la que en 1989 fue reemplazada por EMASA.
Posteriormente, en 1969, la propiedad estatal de las pertenencias mineras en el salar fue corroborado por el Cuerpo de Minas del Estado a partir de discusión dada por diputado Narciso Irureta, quien denunció que la minera norteamericana Anaconda estaba haciendo manifestaciones en el acuífero atacameño por cobre y otros minerales.
Las reservas de litio fueron determinadas por los geólogos Aldo Moraga, Guillermo Chong, María A. Fortt y Hugo Henríquez, quienes en 1969 realizaron el primer estudio extensivo sobre el salar de Atacama, además de una caracterización hidroquímica de las aguas que conformaban y confluían en el acuífero, mediciones que permitieron dar cuenta de altas concentraciones de potasio, magnesio, litio, rubidio y cesio en las salmueras del núcleo del salar de Atacama.
Esto permitió que Codelco hiciera manifestación por 75 mil pertenencias mineras en Atacama, las mismas presentadas en 1967 por Anaconda. Luego, en 1977, Corfo mesuró 59.820 pertenencias de las manifestadas, determinando que 33.558 de ellas quedaran bajo dominio de Corfo. De estas, 28.054 fueron entregadas a SQM y 3.344 a Albermarle. En tanto para Codelco quedarían 2.160 de las mesuradas.
Consultado respecto del valle productivo que se produciría, según describen los defensores del acuerdo amenazan, Alcayaga comenta que “la interrupción del suministro es una faramalla. Es un chantaje que hace SQM, pero llama la atención como Codelco lo levanta”- comentó.
El valle productivo si bien ha sido una carta jugada por los defensores del proyecto, aún no ha sido estimado con precisión. En la sesión anterior el vicepresidente de Corfo, José Miguel Benavente, dijo que eran 9 años en caso de llamarse a licitación, en tanto el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, ante la misma comisión investigadora aseguró que eran 5 años y según ha sostenido SQM son 3 años.
También Alcayaga sostuvo que aún está vigente el DL 2.886 que reserva al Estado el litio, una reserva constitucional redactado por la Junta Militar que no ha sido abolida. “El Estado es el que tiene las reservas sobre el litio, es un derecho constitucional en todos los yacimientos donde se encuentra”- sostuvo.
Respecto de una licitación, Alcayaga sostuvo que para poder hacer una de carácter internacional, se tiene que hacer a través de un CEOL. “No se puede porque no hay una ley”- sentenció.
Esto lo llevó a indicar que “el acuerdo Codelco SQM es inconstitucional. Se necesita una ley. Naturalmente siendo inconstitucional todos los chilenos tenemos derecho a hacer una demanda de nulidad”.
LA COMPRA DE UN PROYECTO FANTASMA
La Comisión Investigadora también aborda el desfavorable desembolso de 236 millones de dólares de Codelco, en marzo de 2024, por Salar Blanco, un proyecto minero localizado en el Salar de Maricunga que no posee ningún activo físico y cuyo valor antes de la compra era de US$116 millones. En junio del año pasado, Alcayaga presentó una querella por fraude al fisco por esta transacción.
Lithium Power International Limited (LPI) es una empresa constituida en Sídney, Australia en 2015; y que en Chile realizó sus operaciones a través de inversiones BBL SpA y Minera Li Energy SPA. A través de dichas sociedades de inversión fueron compradas pertenencias mineras en 2015 y 2016 en el Salar de Maricunga para realizar el proyecto.
Alcayaga, quien investigó el historial de las pertenencias mineras vendidas por LPI, destacó que éstas no dan derecho a explotar litio sino que eran de sal.
También llamó la atención que dos instituciones estatales otorgaran permisos para producir y comercializar litio a la minera LPI en 2018 a través de resoluciones exentas, como una emitida por Sernageomin. “Sin tener autorización legal ni constitucional para hacerlo, a partir de estos permisos se legalizó todo”- sostuvo Alcayaga.
“Están destruyendo a Codelco. Ese es el objetivo de Máximo Pacheco. En 1967 lo conocí cuando niño, el papá era embajador en Moscú de Salvador Allende, yo estudiaba economía allá y una vez lo vi corriendo en la embajada, era niño, si hasta le dieron una medalla por ser buen colaborador social”- agregó.
La anécdota llamó la atención del diputado republicano Cristian Labbé, quien interpeló al economista respecto de que pasaría si “su camarada Allende” fuera asesor de Boric, porque según sostuvo el parlamentario, entre los expositores “no he visto ninguna crítica a Boric. Sus asesores hacen un convenio con el yerno de Pinochet”.
Luego interpeló a Alcayaga, suponiéndolo votante de Boric, a lo que Alcayaga respondió:
Yo voté por Salvador Allende, no por Boric.
Mauricio Becerra R.
El Ciudadano
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