Las comunidades indígenas del municipio de Montelíbano rechazaron el fallo de la Corte Constitucional que favorece a la multinacional Cerro Matoso S.A., la cual no deberá pagar indemnizaciones por afectar la salud de los habitantes aledaños al complejo minero.
Voceros de las ocho comunidades perjudicadas, expresaron que el pronunciamiento de la Corte los condena a convivir en medio de la contaminación y que se trata de una vulneración a sus derechos humanos.
En diciembre pasado, un fallo determinó que la compañía debía pagar una indemnización por $400 millones a las comunidades étnicas, por la contaminación que profirió durante sus operaciones en la zona.
No obstante, la empresa solicitó que la decisión judicial fuera anulada, argumentando que cumplió con las reglas ambientales, razón por la cual el tribunal accedió a revisar la sentencia.
El abogado Abelardo De la Espriella, quien actuó en defensa de los indígenas, aseveró que acudirá a instancias internacionales para “demostrarle al pueblo Zenú que la justicia les va a llegar”.
La multinacional minera tendrá que realizar un proceso de consulta previa con las comunidades y renovar su licencia ambiental para poder continuar operando en la zona, dos escollos grandes para poder continuar de la misma manera en que ha venido haciéndolo durante 36 años.
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