En cadena nacional, el presidente de la República, Gabriel Boric, presentó la noche de ayer jueves la Estrategia Nacional del Litio, la cual fue una de sus promesas de campaña más relevantes en materia minera, e incluye creación de una Empresa Nacional del llamado «oro blanco».
El Mandatario indicó que la estrategia «debe generar el menor impacto medioambiental posible», y destacó en ese sentido la presencia de las comunidades en los Salares.
En esa línea, manifestó que el objetivo es que Chile se transforme «en el principal país productor de litio en el mundo, aumentando su riqueza y desarrollo, distribuyéndola justamente, al mismo tiempo que protegemos la biodiversidad de los salares».
Luego, dio a conocer los cinco elementos fundamentales de la estrategia:
Primero, el Estado participará en todo el ciclo productivo, creando para ello una Empresa Nacional del Litio; segundo, la exploración, explotación y agregación de valor, será con la colaboración «virtuosa» público-privada; tercero, se incorporará el uso de nuevas tecnologías que minimicen el impacto en los salares y se promoverá la investigación académica para preservarlos mejor, creando una red de protección; cuarto, se involucrará en todo el proceso a las comunidades aledañas a las faenas mineras, partiendo por el Consejo de Pueblos Atacameños.
Finalmente, el quinto aspecto tiene que ver con la generación de productos de litio «con valor agregado» (tecnológico), «lo que nos permitirá avanzar hacia un desarrollo que sea duradero, de mayore complejidad y diversidad», destacó Boric.
En este punto, el Mandatario anunció que durante el segundo semestre de 2023 se enviará el proyecto de ley para crear la Empresa Nacional del Litio.
Lobbistas tras el litio chileno
Respecto al Salar de Atacama, el Presidente puntualizó que merece «una especial atención» dentro de la estrategia.
«He instruido a Corfo (…) mandatar a su vez a Codelco la búsqueda de los mejores caminos para lograr desde ya la participación del Estado chileno en la extracción del litio en el Salar de Atacama», explicó.
«Codelco será nuestro representante frente a las empresas que actualmente están en el Salar, para tener una participación del Estado antes del vencimiento de los contratos vigentes», reiteró Boric.
Respecto al resto de los Salares, informó que serán licitados a privados para su exploración y explotación.
La presentación del Jefe de Estado ratifican los dichos de la ministra de Minería, Marcela Hernando, durante su reciente participación en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados, detalló que la creación de la ENL será mediante un proyectos que se enviará al Congreso y que requerirá quórum calificado, y que en ese intertanto Codelco y Enami tomarán un rol protagónico más protagónico en conjunto con la mencionada asociación público-privada.
En esa ocasión, la secretaria de Estado planteó que la Empresa Nacional del Litio será 100% estatal. Sin embargo para diferentes salares, distintas explotaciones y trabajos «puede asociarse y allí es donde aparece la asociación público-privada».
A esto se suman las declaraciones del subsecretario de Minería, Willy Kratch, quien planteó que la empresa “no será un nuevo Codelco” y que en su desarrollo los privados tendrían un rol fundamental.
Kratch, confirmó además el interés de La Moneda por contar con un socio estratégico para el desarrollo de la industria, resaltando que hay varis de empresas y países interesados.
De este modo, se abriría las puertas a los privados a concursar –a través de licitaciones– por proyectos de exploración de litio.
Kracht dijo a El Mercurio que “se trata de un mecanismo paralelo de licitaciones para el desarrollo de exploración en los distintos salares que hay en el país, más allá del salar de Atacama, que está bajo el control de Corfo, y del de Maricunga, donde ya existen iniciativas en curso”.
“Es por eso que estamos considerando la apertura para iniciar proyectos de exploración, donde el mecanismo para desarrollarlos son las licitaciones, lo que permite asegurar un proceso transparente y público. Como condición para desarrollar un proyecto será que se cuente con experiencia minera (…)A priori uno no podría vetar a ninguna empresa, pero hay consideraciones adicionales”, agregó.
Estos dichos generaron reacciones negativas en el Congreso por parte de parlamentarios de izquierda, como el senador Daniel Núñez (PC) quien dijo que Kratch “parece subsecretario de Sebastián Piñera y no de Gabriel Boric […] esto es absolutamente contradictorio con la política que el gobierno ha propuesto en materia de litio en el programa […] además es una privatización abierta de este mineral”.
El parlamentario del Partido Comunista, y férreo defensor de la soberanía de Chile, no quiere se repita la historia que ha sucedido con el cobre “le pedimos explicaciones al gobierno”, dijo.
Ante la controversia, la ministra Hernando declaró ante Radio Cooperativa que “mientras el Presidente no dé a conocer en completo la Estrategia del Litio, va a ser muy difícil que a través de los pequeños artículos que salen, la gente pueda tener una visión completa”.
¿Litio para los privados?
El desarrollo de la industria del litio está en la agenda pública en los últimos años, luego de que en 2015 estallara un esquema irregular de financiamiento político a través de la Sociedad Minera y Química, SQM.
Pese al escándalo, la prensa al servicio de la derecha ha desarrollado una campaña destacando el aporte fiscal de SQM, la empresa minera privatizada a manos del yerno del dictador de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou.
“La minera no metálica reportó que sus ganancias se quintuplicaron durante 2022, llegando hasta US$3.906,3 millones, impulsadas por aumento récord en los ingresos por litio. Además, en medio de la discusión por el papel que tendrán las empresas privadas en la estrategia que prepara el Gobierno para este sector, SQM informó pagos al fisco por más de US$5.000 millones, superando a cualquier desembolso que haya realizado una minera en el país”, destacaron a principios de marzo medios como El Mercurio, Diario Financiero y Pulso 9, insinuando que estaría desplazando a Codelco.
“La situación financiera de la empresa no podría ser mejor”, declaró recientemente el gerente general de SQM, Ricardo Ramos.
En febrero de 2022, Ramos señaló que “una Empresa Nacional del Litio me parece una buena idea”.
“Es fundamental profundizar la cooperación público-privada en todos los aspectos. Nosotros en la producción de litio tenemos un acuerdo público-privado que funciona. Este año se cumplen 25 años en que SQM ha estado presente en la producción y comercialización de químicos de litio de alta pureza. Durante este año esperamos que los aportes directos a Corfo e impuestos sean en total cercanos al 60% del margen bruto del negocio; esto es un estándar muy alto para el país y un beneficio directo por parte de nuestra industria, me atrevería a decir que sin paragón respecto del resto de la actividad minera”, declaró en una entrevista a Diario Financiero.
Personeros políticos también han hecho mención al supuesto carácter transitorio del boom de precios del litio y el rezago de Chile en acelerar la producción, insistiendo en no cambiar modelo de participación de los privados.
En una columna para El Mercurio titulada El litio chileno: Ahora o nunca, la senadora Ximena Rincón (ex DC) planteó la necesidad de aprovechar el boom de precios, dejando a un lado la propuesta de que el Estado se encargue de la explotación del oro blanco.
“Debemos hacernos cargo de esta ventaja comparativa transitoria, privilegiando acuerdos que permitan su aprovechamiento rápido y sostenible, por sobre conquistas puramente ideológicas sobre la capacidad (o incapacidad) del Estado de abarcar todo el proceso de producción de litio”, señaló Rincón.
Por su parte, el economista y ex convencional, Bernardo Fontaine -cercano a RN- publicó el pasado 8 de marzo un video en su cuenta de Twitter titulado Con el litio, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, en el que señala que no es conveniente esperar porque el Gobierno cree una Empresa Estatal del Litio, abriéndole el camino a SQM.
El Rey del litio ungido en dictadura
Julio Ponce Lerou es conocido en Chile como el ‘Rey del litio’ y su fortuna crece sin parar, es uno de los millonarios que lideran el ranking de la revista Forbes y uno de los principales financiadores de políticos de partidos políticos.
La participación de cerca de 25 por ciento en SQM —la segunda mayor minera de litio del mundo, perteneciente al grupo de accionistas que lidera— se ha quintuplicado en los últimos siete años en medio de ganancias récord, lo que ha aumentado el valor de la participación que él posee a 3 mil 500 millones de dólares.
En 1969, Ponce Lerou se casó con Verónica Pinochet Hiriart. Cuatro años más tarde, Pinochet ejecutó el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende que lo llevó al poder.
Durante el régimen del dictador fue nombrado presidente de una empresa estatal de celulosa y ayudó a dirigir su privatización. Llegó a ser miembro de la Comisión de Venta de Activos, encargada de vender las empresas estatales y sus filiales. En este periodo fue nombrado gerente de varias empresas estatales y Gerente General de la Corfo, adquiriendo luego la empresa estatal Soquimich, con el inicio de su privatización en 1982.
En Soquimich ejerció como gerente comercial, y sus acciones fueron compradas con la ayuda del ex General Guillermo Letelier Skinner (quien posteriormente asumiría como director de la empresa, y posteriormente será procesado por el Caso Riggs), a través de la creación de la empresa «Pampa Calichera», creada exclusivamente con este fin.
En 1983, Ponce renunció a Corfo luego que se le acusara de realizar negocios ganaderos mientras aún pertenecía a Conaf. Sin embargo, su renuncia estuvo marcada por declaraciones contra el empresario Ricardo Claro, a quien acusó de revelar la información.
Ponce volvió a Soquimich entre 1986 y 1987, al comprar la empresa al Estado.
Seis años después, cuando Chile ya había regresado a la democracia, obtuvo un contrato de arrendamiento de derechos exclusivos de explotación minera en las salinas de Atacama cuando SQM ya era una de las empresas más rentables de Chile.
En tiempos de los gobiernos de la Concertación, la Contraloría General de la República reveló que las acciones vendidas de Soquimich entre 1983 y 1988 tenían un precio inferior a los estimados, y que sólo se ingresó al fisco el 29%, 53% y 39% de lo correspondiente a los años 1986, 1987 y 1988.
Así, la pérdida patrimonial del Estado con la privatización alcanzó a 261,9 millones de dólares.
Con la llegada de los gobiernos civiles, Ponce Lerou, no perdió terreno y tejió una extensa red de colaboradores perteneciente al conglomerado gobernante y la derecha, llegando a nombrar en sus empresas a directores de altos cargos públicos en los gobiernos de la Concertación, como Alejandro Ferreiro (militante del Partido Demócrata Cristiano), quien fuera Superintendente de Valores y Seguros nombrado durante el Gobierno de Ricardo Lagos, y posteriormente Ministro de Economía durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet, y luego Presidente del «Consejo para la Transparencia»; Cristián Leay, Diputado y jefe de bancada de la UDI; Hernán Büchi, Ministro de Hacienda de Pinochet, candidato presidencial de la derecha pinochetista en 1990 e integrante del Consejo Directivo de la Universidad del Desarrollo enlazada con la UDI; Patricio de Solminihac, hermano de Hernán Solminihac, Ministro de Minería durante el primer Gobierno de Piñera.
«La historia de SQM está fuertemente relacionada con los militares de la cúpula pinochetista, entre quienes varios estuvieron implicados en el «Caso Riggs». Y en el listado de directores de SQM, abundan los nombres vinculados al pinochetismo más duro, muchos de ellos militantes de la UDI», recordó la revista De Frente.
En 2012, Soquimich (hoy SQM) se adjudicó la primera licitación de contratos para el litio por parte del entonces subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Sin embargo la operación falló cuando se descubrió que la firma mantenía una serie de juicios con el Estado en Tribunales. La invalidez de la licitación le costó la renuncia a Pablo Wagner del gobierno.
Boletas falsas y SQM
En enero de 2015, la Fiscalía puso sus ojos sobre SQM por la presunta utilización de boletas falsas para financiar a políticos, en lo que se denominó como la arista SQM del caso Penta.
Hugo Bravo, un funcionario del Grupo Penta, fue descubierto emitiendo boletas falsas y haciendo uso indebido del «FUT» (Fondo de Unidad Tributaria), mecanismo para descontar impuestos. Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos se percataron de esto, y cayó la trama del caso Penta, una enorme trama de evasión de impuestos, que involucraba en su arista política, a personeros de la derecha principalmente de la UDI. Pero uno de los implicados del caso Penta, tenía también una boleta falsa emitida hacia SQM. De ahí, cayó una aún más enorme trama de corrupción política empresarial que esta vez implicaba transversalmente a partidos de la derecha pinochetista, y de la ex Concertación.
Este caso fue cerrado con un acuerdo de impunidad que implicó la renuncia forzada de los fiscales que llevaban la investigación (encabezada por los ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena), y la intervención directa del segundo Gobierno de Michelle Bachelet.
En 2015, Ponce Lerou renunció a la presidencia de SQM.
Ponce Lerou y la multa del caso Cascada
La reputación del empresario también se vio manchada por el Caso Cascada, por el cual fue sancionado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a pagar US$ 63 millones en septiembre de 2014, la multa más alta de la historia en el país.
Sociedades Cascada, controladora de SQM y Pampa Calichera, entre otras, y la corredora de Bolsa Larraín Vial, realizaron una serie de operaciones de inversión y financiamiento con la finalidad de contar con importantes paquetes de acciones para rematarlos en el mercado y luego recomprar los títulos a precios mayores a los de su venta inicial. Un esquema que benefició directamente al ex yerno del dictador.
Analizando los hechos que ocurrieron entre 2008 y 2011, la superintendencia estableció la existencia de un esquema en el que Ponce Lerou ejercía una influencia significativa y gestionaba, para lo cual implementó una administración unipersonal.
En este proceso, Ponce Lerou contó con el apoyo de Aldo Motta y Patricio Contesse, gerentes generales de las sociedades Cascada y Potasios, quienes se encargaron de llevar a la práctica sus directrices.
Las sociedades realizaron una serie de operaciones sociales, tanto de inversión como de financiamiento, que tuvieron por objeto dejar disponibles importantes paquetes de acciones para su remate en el mercado, para después recomprar los títulos a precios mayores a los de su venta inicial.
Las sociedades Cascada vendían estos títulos a sociedades identificadas como Relacionadas (controladas por Ponce Lerou), Vinculadas (controladas por Roberto Guzmán) e Instrumentales (controladas por Leonidas Vial y Alberto Le Blanc), para luego recomprar a estas mismas sociedades paquetes de acciones, de igual o mayor número, siempre a un mayor precio.
Para recomprar los paquetes de acciones, las sociedades Cascada debieron asumir un sobre costo estimado de 300 millones de dólares entre 2009 y 2011.
La SVS estableció que dicho sobre costo no se atribuye a malas decisiones de negocios, sino que fue resultado directo de la gestión que se hizo de aquellas sociedades, en las que se privilegió el interés de Julio Ponce Lerou, quien obtuvo importantes beneficios a partir de estas operaciones.
En octubre de 2020 la Corte Suprema ratificó el fallo de la ex Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de la culpabilidad del yerno de Pinochet por infracciones a las leyes de valores y sociedades anónimas, que establece que el empresario cometió como accionista y presidente de SQM. Sin embargo, rebajó la multa en 60 millones de dólares, bajando de 63 a sólo 3 millones, lo que generó críticas en la opinión pública.
Por si fuera poco, la Tesorería General de la República (TGR) presentó a finales de 2020 una demanda en contra de Ponce Lerou por no pagar los intereses de la multa .
La multa, fue descontada por la defensa del empresario y, en noviembre del 2020, transfirió desde su cuenta un monto de 2.152 millones de pesos para pagar la sanción, tras cancelar una cuota en 2014.
La TGR reclamó que el empresario no había pagado los intereses asociados a la multa, por lo que acumulaba una morosidad de 96 meses. El 10° Juzgado Civil de Santiago ordenó ubicarle, algo que tomó meses debido a que no estaba en ninguno de sus ocho domicilios en Chile y que incluyó un despliegue de la PDI, Interpol y el Servel para poder localizarlo.
Ponce Lerou busca quedarse con el negocio del litio sin licitación
En el reportaje publicado por El Ciudadano «La operación de Ponce Lerou al interior del Gobierno de Chile para perpetuar su control del Litio» se revela el plan del yerno de Pinochet que involucra a personeros políticos y operadores al interior de Codelco, Enami y en el segundo piso de La Moneda, para garantizar que SQM pueda seguir explotando litio en propiedad fiscal durante las próximas décadas y ahorrarse entre 9 y 18 mil millones de dólares que debería pagar al Estado en caso que licitara la operación para el Salar de Atacama.
Un negocio redondo que la red de Ponce estaría cocinando a espaldas del presidente Gabriel Boric.
Cabe recordar que gran parte de las ganancias de SQM provienen de la explotación del Salar de Atacama, que es la reserva mundial de litio más grande del mundo, empresa que fue nacionalizada en 1971 por Salvador Allende, para luego en 1983 comenzar su proceso de privatización en favor de Ponce Lerou, en el gobierno del dictador.
Luego, en 1995 a través de un proceso oscuro durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se le entregó al empresario el arrendamiento del Salar de Atacama hasta el 2030 o hasta la extracción de 180.000 toneladas litio, en condiciones manifiestamente abusivas para las finanzas públicas, que incluían el pago de una renta fija de apenas 5 mil dólares anuales al Estado, más un porcentaje menor de las ventas que hiciera la empresa de Ponce calculados a partir de un reporte trimestral elaborado por el propio SQM que nunca tuvo mayor fiscalización.
Tras detectarse que SQM incurría en graves y múltiples incumplimientos, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Corfo presentó una demanda para dejar sin efecto el arriendo. En esa presentación se detalló cómo SQM durante décadas se benefició irregularmente a costa del Estado en el Salar de Atacama, incluyendo la obtención de derechos ambientales a su nombre y en perjuicio del fisco, además de superposición de pertenencias a nombre de la minera con las de titularidad de Corfo y que la empresa se había obligado a proteger durante la vigencia del arriendo, entre otras actuaciones en contra del interés del Estado.
Finalmente dentro de ese proceso judicial se llegó a un nuevo acuerdo con la minera. Es así como el mes de enero del 2018, Eduardo Bitran en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo de Corfo suscribió una conciliación con SQM donde se mantuvo su derecho exclusivo de explotar las pertenencias del fisco en el Salar de Atacama hasta el 2030, fecha del contrato original, además de aumentar la autorización original de 180 mil toneladas de litio dentro de 45 años, a 180 mil toneladas por año hasta el 2030.
Si bien los nuevos términos lograron revertir en parte las acciones de SQM en contra del interés fiscal que se habían denunciado, y se aumentó sustantivamente el porcentaje que el Estado recibiría de las ventas de litio provenientes del Salar de Atacama, las nuevas condiciones le garantizaron a la empresa de Ponce ingresos de a lo menos 8.000 millones de dólares.
Sin duda que el nuevo contrato suscrito con Corfo el 2018 fue un enorme triunfo para SQM, en un contexto donde no solo se había revelado ante la opinión pública su sistemático incumplimiento a los términos originales del contrato de arriendo y el atentado grave al interés público que cometió durante décadas en su explotación del Salar de Atacama, sino donde además quedó al descubierto la extensa trama de corrupción que Ponce había montado a partir del financiamiento ilegal de la política. En esta red aparecían involucrados importantes personeros de derecha, tales como Sebastián Piñera y Pablo Longueira, además de parlamentarios y autoridades históricas de la ex concertación, como Jorge Pizarro, Fulvio Rossi, Roberto León, Ródrigo Peñailiio, Enrique Correa, Osval Puccio, entre muchos otros.
Sin embargo, el principal problema para SQM y Ponce es qué hacer después del 2030 cuando se termine el contrato con Corfo para explotar el Salar de Atacama, lo que representa para la compañía una parte sustancial de sus ganancias, y que incluso podría poner en riesgo su continuidad.
De seguir los contratos y la legalidad vigente, luego del 2030 se fijaría finiquito a la concesión del Salar de Atacama y se le acaba el negocio al ex yerno de Pinochet.
Para evitar esta situación y asegurarse el control del litio en Chile, Ponce busca instalar a lo menos dos ideas en la autoridad y la opinión pública, para poder seguir controlando el mercado del litio en nuestro país:
- El Estado no tiene la capacidad técnica necesaria para desarrollar proyectos de litio en Chile;
- SQM es la única que cuenta con esa capacidad y con la infraestructura necesaria para desarrollar a corto plazo proyectos de litio en Chile mejorando los estándares ambientales y de eficiencia.
Para concretar ese objetivo, el ex yerno de Pinochet empezó a ejecutar una estrategia que continúa y profundiza lo que había hecho durante años con éxito en un escenario de total impunidad, la cual incluye tres pilares fundamentales:
- Infiltrar a Corfo, Codelco y Enami, las cuales tienen en la práctica una clara influencia en el desarrollo de la denominada “estrategia nacional de litio”;
- Levantar una campaña comunicacional masiva para limpiar la imagen de SQM frente a la opinión pública y bajar el costo político asociado a que el Estado pacte directamente con la empresa, lo que explica lo masivos avisos en calles, radio y televisión donde se promociona a la empresa, a pesar que no vende ningún producto directo a público;
- Tratar de coordinar un equipo de alto nivel político para influir a liderazgos importantes de los partidos de la coalición de gobierno, además de intentar infiltrar al círculo más cercano al presidente Boric, quien nunca ha formado parte de las redes de Ponce.
El empresario y su red buscan convencer al Presidente Boric tratando de instalar una matriz de opinión que consiste en que SQM es la única que cuenta con la infraestructura y tecnología para aumentar en a corto plazo la explotación de litio, mejorando la sustentabilidad ambiental de los procesos para su extracción y procesamiento. Todo esto con base en la urgencia de aprovechar los altos precios que ha alcanzado el litio .
De acuerdo con el reportaje publicado por este medio y firmado por Mauricio Becerra, los ojos de SQM están opuestos em el Salar de Maricunga, la segunda reserva de litio de Chile, donde Codelco obtuvo un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) durante la administración de Bachelet, el cual señala expresamente en una de sus cláusulas que se le permite a la estatal explotar litio asociándose a un privado hasta el 49% de participación, que es precisamente el espacio que quiere ocupar Ponce sin que medie ninguna competencia o licitación, y a partir de ahí negociar su verdadero y principal interés, que es el Salar de Atacama.
Con esto, SQM no solo evitaría que el Estado explote por sí mismo el 100% del litio de Maricunga, sino que la intervención de Codelco lo ayudaría a enfrentar a las comunidades indígenas que han luchado férreamente por impedir que se dañe el medio ambiente, en un contexto donde no hay claridad sobre la real situación de la cuenca de dicho Salar.
Para conocer la versión oficial, El Ciudadano consultó a el subsecretario de Minería Willy Kracht quien señaló al ser consultado sobre las futuras licitaciones de litio : “En el caso del salar Maricunga es Codelco quien tiene asignado el contrato especial de operación y hay un par de otras empresas que tienen intereses y están realizando proyectos ahí. Así que en el caso específico de Maricunga no podríamos hablar de ningún tipo de licitación”.
“En el salar de Atacama es distinto porque lo lleva Corfo y tiene un tratamiento que es diferente, pues ahí hay constituida propiedad de litio pre 79 que está en manos de Corfo, por lo que cualquier cosa que ocurra lo maneja directamente Corfo, en el Salar de Atacama el controlador, el dueño es Corfo por lo que puede resolver directamente”, señaló el representante de la cartera minera.
Otro de los propósitos de Ponce Lerou y su red es tratar de quedarse con la participación en el negocio del litio sin licitación, ya sea por el 100% pagando un royalty, o junto con la Empresa Nacional del Litio por un 49% del negocio, pero siempre a través de un trato directo y sin que SQM pague ningún valor inicial, como tendría que hacerlo en caso que se licitara.
Para convencer al actual administración de que el Estado no haga licitación renunciando a recibir miles de millones de dólares, buscan instalar la idea que se debe “reconocer” el valor de las inversiones que ha realizado SQM en el Salar de Atacama, especialmente la planta de conversión en funcionamiento donde procesa las salmueras que saca del lugar.
Para reforzar esa estrategia, SQM ha hecho pública su intención de invertir 1.500 millones de dólares para mejorar la eficiencia de sus procesos de extracción y procesamiento de litio bajo estándares más amigables con el medio ambiente, lo que en todo caso pasa por la condición de abrir una mesa de negociación con autoridades del actual gobierno para definir los términos en que la empresa de Ponce seguirá su explotación en el Salar de Atacama más allá del año 2030, obviamente, sin licitación de por medio.
Cabe destacar que las decisiones sobre el futuro de la explotación de litio en el Salar de Atacama se deben tomar en el gobierno del Presidente Gabriel Boric, ya que cualquier proyecto para instalar una planta para la extracción de litio requiere entre 5 a 7 años para empezar a funcionar, considerando los permisos ambientales, administrativos, procesos de consulta indígena y ciudadana, así como las obras de construcción.
De lo contrario se corre el riesgo de que se reduzca la posibilidad de continuar de forma ininterrumpida con la extracción de litio después del año 2030 a pactar con la empresa de Ponce, considerando que se encuentra actualmente operativa en la zona.
Infracciones medioambientales y deudas con el Estado de SQM
La compañía minera asistió el pasado miércoles 12 de abril a la sesión de la Comisión de Minería de la Cámara para explicar su estrategia de explotación del litio. Sin embargo, las sanciones cursadas por la Superintendencia del Medio Ambiente en 2016 y la disputa legal que mantiene con el Servicio de Impuestos Internos fueron temas obligados a tratar en la reunión.
En dicha sesión, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de SQM, José Miguel Berguño, destacó los aportes que la empresa de Julio Ponce Lerou ha hecho al desarrollo del país, poniendo especial énfasis en las altas tasas de arrendamiento que cobra el Estado de Chile a la compañía, los millones de dólares invertidos por SQM en los gobiernos locales del norte, y la sostenibilidad de su método de explotación del litio, características que la destacaría por sobre sus competidoras actuales.
Este último punto fue uno de los más controvertidos en la reunión, ya que el diputado Jaime Mulet (FRVS) le recordó a Berguño que la compañía fue sancionada en el año 2016 por no cumplir una serie de medidas medioambientales y, por lo tanto, la adopción de un criterio «verde» correspondería más a una obligación mandatada por la autoridad que a una decisión voluntaria de la empresa.
«La Superintendencia de Medio Ambiente le impone una serie de sanciones y los obliga, digamos, a tomar una serie de decisiones de orden ambiental como las que ustedes, entiendo, en plazo cumplieron. ¿Por qué hago este punto? Porque antes de la sanción, SQM no estaba cumpliendo las normas medioambientales. Aquí no hubo una política voluntaria de SQM de abordar los aspectos medioambientales en la forma como lo aborda hoy día», señaló el diputado.
«Ese cambio de criterio entiendo que obedeció, obviamente, a la fiscalización. (…) No tiene que ver con un acto voluntario, sino que tiene que ver con una sanción de la autoridad. Eso significa que antes no estaban haciendo las cosas voluntariamente bien en materia medioambiental. Eso refleja una conducta de una determinada compañía que, por lo menos a mí, me preocupa», agregó.
Otro tema obligado en la sesión fue la disputa que SQM mantiene con el Servicio de Impuestos Internos por el no pago de contribuciones que ascenderían a los 100 millones de dólares. Consultado sobre esto, Berguño se limitó a responder que existían «diferencias» entre SQM y Corfo respecto a la forma de calcular la renta y, por lo tanto, se recurrió a un arbitraje entre las partes.
«Hay una discusión que nos parece legítima de tener en los tribunales. Una vez que los tribunales determinen seguiremos el camino que haya que seguir», señaló escuetamente el ingeniero.
Finalmente, consultado por la mala imagen que SQM tiene en la opinión pública, principalmente por su rol en los casos de financiamiento irregular de la política, Berguño rehuyó de la pregunta. Contactado por El Ciudadano tras la sesión, el vicepresidente de Asuntos Corpotativos de SQM se negó a dar declaraciones.
Estrategia Nacional del Litio: Una prueba de fuego para Boric
En una reciente entrevista concedida por el residente del Directorio de Codelco, Máximo Pacheco, a La Tercera, dejó ver que desde la estatal, las puertas siguen estando abiertas para SQM, la empresa del ex yerno de Pinochet, para hacer negocios con el oro blanco.
En la entrevista que giró en torno al salar de Maricunga, recientemente visitado por Pacheco, se le preguntó: «¿Han conversado con SQM sobre alguna posible alianza? a lo que respondió que «No«. Luego el periodista le insiste y le dice «Imagino que Codelco no consideraría una asociación con SQM», a lo que Pacheco respondío con un «Paso».
La respuesta, deja abierta la posibilidad a que el gobierno de Chile siga haciendo negocios con la empresa que ha corrompido a la clase política chilena , que mantiene deudas con el SII y que por años se ha enriquecido en perjuicio del Fisco.
En la entrevista Pacheco destacó que «La mayoría de los salares están en el Norte Grande de Chile y Maricunga es el salar que está localizado más al sur. Por tamaño, es un décimo del salar de Atacama”.
Dejando en claro que el salar clave para Chile es el Salar de Atacama, salar cuyas pertenencias (Corfo) no están siendo consideradas para el anuncio de la Empresa Nacional del Litio, en perjuicio de la ciudadanía.
Ante este escenario, diversos actores políticos han levantado su voz, alertando al Gobierno de que la Empresa Nacional del Litio debe ser de los chilenos para los chilenos.
El senador Esteban Velásquez Núñez (FRVS), llamó al presidente Boric a no entregar el mineral a SQM.
«El presidente Boric tiene una oportunidad no sólo histórica, sino que también ética, de hacer un negocio a favor del Estado con los propios ciudadanos de Chile de cara a la gente. Creo que el presidente Boric tiene las espaldas, la ética y la moral para hacerlo», dijo en declaraciones ofrecidas a El Ciudadano.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que la explotación del litio caiga en manos de Ponce Lerou y SQM expresó que “una prueba de fuego para el gobierno va a ser la política nacional del litio”.
«Hay hecho ofensivos en el Chile de los últimos 50 años. Desde la privatización de empresas en la dictadura, las que nunca se revisaron. Eso resulta denigrante. Esa novela continuará. Con más elegancia, pero continúa. Debemos revisar estas privatizaciones. Es inaceptable que tengamos a los nietos, la parentela del dictador (en el litio). Hacemos este llamado al gobierno del presidente Boric. Que pueden ser actores privados, bienvenidos los buenos negocios, pero hay límites, es la probidad, la transparencia», afirmó.
En la misma línea, el senador Esteban Velásquez (Federación Regionalista Verde Social, Región de Antofagasta) hizo un llamado al Gobierno para que beneficie, de manera efectiva y con desarrollo, a las comunidades aledañas al Salar de Atacama, provincia de Loa, ante la tentativa de socializar la mirada oficial en torno a la Ley del Litio.
«Ha faltado conversación y diálogo con los sectores de la principal región donde se encuentra el principal punto de explotación del litio, el Salar de Atacama, que le da apellido a ese instrumento legal», indicó el parlamentario.
El legislador enumeró las principales necesidades de la región: «Una universidad estatal, el Instituto del Litio, que se mejore la infraestructura de comunicaciones, en especial el sistema de carreteras, a fin de contar con una autopista que no sólo beneficie la explotación del litio, sino también al sector turismo», dijo.
Por su parte, la Fundación Terram comentó a través de un comunicado que es necesario establecer algunas directrices que vayan en el sentido de dar protección al medio ambiente, al tiempo de generar una condición favorable para el Estado en este proceso.
La ONG planteó al menos siete temas que deben ser abordados por el Estado como la realización de estudios científicos acabados sobre la ecología y situación hidrogeológicas de las cuencas salares y lagunas altoandinas.
A eso sumó otros aspectos como garantizar la correcta implementación del Convenio 169 de la OIT y que se vigile de la misma manera el marco normativo del Acuerdo de Escazú suscrito por Chile bajo la actual administración.
Además, propone que se revise la propiedad minera dentro de los salares y también generar mecanismos transparentes en los aspectos contractuales y por último, promover una política de integración regional entre Argentina, Bolivia y Chile en la producción del recurso.
Te interesa leer:
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
