Por Patricio Segura
Mediante Resolución Exenta del 20 de marzo de este año, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos contra la Compañía Minera Cerro Bayo (CMCB) por “incumplimientos en el control de emisiones de material particulado y compromisos de monitoreo de variables ambientales”. La medida se hizo pública el 3 de abril, mediante un comunicado que enviara el propio organismo fiscalizador.
En éste informa que la sanción para la empresa puede llegar a los 13 mil millones de pesos.
Son cuatro los cargos por contaminación del aire y daños a la flora y fauna del lugar que ha levantado la entidad, sustentados en fiscalizaciones realizadas tanto por la SMA como por la Dirección General de Aguas (DGA), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Seremi de Salud de Aysén y el Servicio de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), además de algunas presentaciones de particulares.
La primera fiscalización se realizó el 12 de abril de 2017 por parte de la SMA, DGA y SERNAGEOMIN. Ésta generó la apertura de un expediente, que derivó en el envío de los antecedentes a la División de Sanción y Cumplimiento (DSC) en 2019. Posteriormente se abrieron cinco expedientes que terminaron también con su despacho a la DSC. En paralelo, en 2020 y 2023 se presentaron dos denuncias, una de ellas por parte de la Municipalidad de Chile Chico.
Uno de los cargos formulados se relaciona con el incumplimiento de las medidas de control de emisiones de material particulado -cargo clasificado como grave-, luego de que se constatara que el sistema de supresión de polvo instalado en el tranque de relaves en Laguna Verde no cubre la totalidad del área no inundada, por lo que no se logra la humectación. Asimismo, se pudo advertir que el sistema implementado por la empresa no opera de forma continua, no cumpliendo la obligación de mantener, de forma permanente y bajo cualquier eventualidad, la humectación de la cubeta del tranque de relaves. La gravedad de este hecho la constató el SAG, que visitó el sector en agosto de 2023 y consignó en un informe técnico que “el hecho de mantener áreas de sedimentos secas al interior del tranque de relaves, implica un riesgo para la actividad agropecuaria de Bahía Jara, al exponer la zona al arrastre de metales pesados contaminantes procedentes de los relaves”.
El segundo cargo es por “no haber efectuado los monitoreos comprometidos en dos de los pozos de control, ni tampoco los reemplazos de éstos”, lo cual puede involucrar contaminación por metales pesados de los afluentes que nutren el lago General Carrera.
Los otros dos cargos se refieren a no haber recuperado con vegetación las áreas intervenidas por las operaciones así como no reportar el monitoreo de la calidad química del suelo y de la vegetación presente en el área cercana a la planta, durante los años 2021, 2022 y 2023. “Respecto de la revegetación, hay que agregar que el titular mantuvo una cantidad de plantas viverizadas inferior a la comprometida en su evaluación ambiental; manteniendo las especie viverizadas en mal estado de conservación o sin vida; y no se efectuó la construcción del segundo vivero comprometido” señala el reporte de la SMA.
¿Quién paga la cuenta ambiental?
Han pasado más de siete años desde la primera fiscalización (2017) que se derivó al Departamento de Sanción y Cumplimiento (2019) y cuatro desde las primeras denuncias presentadas por particulares (2020). En este período la canadiense Mandalay Reources (controladora de Compañía Minera Cerro Bayo al momento de aquellos primeros incumplimientos) vendió la sociedad a la australiana Equus Mining, que impulsa el proyecto Los Domos, aledaño al Parque Patagonia, a través de Southern Gold. La venta, materializada en diciembre de 2021, incluyó las propiedades mineras, los recursos, infraestructura y la planta de procesamiento. Y dos años después, en marzo de 2024, la australiana Mitre Mining adquirió a su vez Cerro Bayo.
En la práctica, bajo la propiedad de ésta no ha existido infracción alguna, más aún cuando el anuncio de sanciones se materializa a cinco años desde que Mandalay Resources dejara el control de la compañía. Y dos meses desde que Equus Mining hiciera lo propio.
Para el presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA), Erwin Sandoval Gallardo, esta situación es grave. “Es tanto lo que tarda la Superintendencia del Medio Ambiente en sus procesos investigativos y en iniciar procedimientos sancionatorios por graves infracciones ambientales, que finalmente no logra su principal objetivo institucional” expresó.
Así “cada vez es más frecuente encontrarnos con hechos consumados o empresas que se disuelven y enajenan sus activos, tornando absolutamente difícil la persecución infraccional y, en definitiva, el cumplimiento de la normativa ambiental”, puntualizó. Explicó que es esto lo que hoy ocurre con la “central hidroeléctrica Los Maquis, en que la formulación de cargos de la Superintendencia llegó cuando el proyecto estaba íntegramente construido; el tranque de relaves Confluencia de minera El Toqui, cuya titular quebró y vendió las instalaciones a otra compañía, que hoy no se quiere hacer cargo del pasivo ambiental de dicho tranque de relaves”.
Y refiriéndose directamente a Cerro Bayo, informó que “estamos esperando desde agosto de 2021 que la Superintendencia de Medio Ambiente resuelva nuestra denuncia por la ejecución de más de 50 prospecciones mineras en la zona, realizadas por Equus Mining, eludiendo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y al interior del Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad Estepa Jeinimeni-Lagunas de Bahía Jara”.
Explicó que como organización han presentado múltiples denuncias, en el tema Los Maquis, minera Los Domos, salmoneras en parques nacionales, mega loteos “y la dirección regional de la SMA no toma medidas, no informa, y las escasas fiscalizaciones las realiza en coordinación con las empresas. En muchos casos son los tribunales ambientales los que han tenido que corregir el negligente actuar de este organismo que está, supuestamente, para aplicar la normativa ambiental”.
En este sentido, recalcó que es importante que en la reforma a la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente se agregue “alguna prohibición de venta de permisos ambientales de proyectos con procedimientos iniciados ante la SMA o, al menos, un proceso de transferencia que sea reglado e implique consulta a los órganos administrativos respectivos”.
Para la abogada de ONG FIMA Sofía Barrera Fuentes, organización que ha estado en diversas acciones de protección ambiental en la región de Aysén, “habría que ver, en este caso, cómo el estado ambiental constatado por la SMA con situaciones de contaminación modifican la línea de base de las autorizaciones ambientales que ha adquirido la empresa y de la cual podría beneficiarse”. Esto, indicó, “es un tema fundamental, porque está claro, por los antecedentes entregados, que la línea base de las autorizaciones vigentes no se condice con la realidad actual y los niveles de contaminación”.
En este sentido, puntualizó que será preciso ver la respuesta que dé Mitre Mining a esta formulación de cargos, cuando al anunciar la compra de Cerro Bayo el gerente general de la compañía, Damián Koerber, afirmó que “en una primera etapa habrá muchos estudios de exploración, para en dos años reiniciar la explotación de los yacimientos”. Previo a su trabajo en esta empresa, Koerber era Gerente de Exploración de Equus Mining Ltda.
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