La semana pasada la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (ANFUSEA) publicó una carta abierta al director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Hernán Brücher.
En aquella carta se enunciaba una serie de anomalías con el proceso de evaluación del proyecto minero «Los Bronces Integrado», de la empresa Anglo American Sur S.A
La carta exponía la apertura de un proceso de Participación Ciudadana (PAC), fuera de plazo y de dudosa argumentación, en la etapa final de evaluación del proyecto. Así como la omisión del Informe Consolidado de Evaluación Ambiental (ICE) del equipo técnico y jurídico del SEA por parte de las autoridades del organismo. El mismo que sugería rechazar el proyecto por el riesgo detectado por la Subsecretaría de Salud Pública sobre la contaminación del aire.
La denuncia no demoró en hacer eco en las comunidades y organizaciones socioambientales de la zona, que no dudaron en manifestarse contra las prácticas dudosa de las autoridades del organismo ambiental.
Este lunes más de 90 organizaciones sociales, ambientales, convencionales constituyentes y parlamentarios firmaron y apoyaron una declaración pública contra el «inaceptable actuar del SEA a favor de Anglo American» y agradeciendo la valentía de la Asociación de Funcionarios que se atrevió a denunciar públicamente. «Defienden con su actuar el Estado de Derecho y son un orgullo para el nuevo Chile que esperamos se desarrolle en armonía con la naturaleza», señalaron.
Sobre el nuevo plazo abierto para el proceso de PAC, a menos de 10 días de que se cumpliera el plazo legal, los firmantes señalaron que «la autoridad está utilizando un resquicio burdo para evitar el rechazo del proyecto, e intentar aprobarlo antes del cambio de gobierno». A la vez problematizaron sobre dicho proceso que se realiza en mitad de «una pandemia en ascenso, lo que constituye una grave manipulación de este procedimiento que causa indignación ciudadana», señalaron. Sobre todo, cuando el mismo Hernán Brücher en 2020 rechazó la petición de varias organizaciones de Lo Barnechea, municipalidad incluida, que solicitaron una ampliación del proceso de PAC.
En la declaración se interpela además al director Ejecutivo del SEA a responder todas las preguntas realizadas por la Asociación de Funcionarios y a «transparentar a la opinión publica, qué autoridad de gobierno le dio la instrucción para abrir este irregular nuevo proceso de PAC.»
Las organizaciones sociales y ambientales señalan que es «imprescindible» el rechazo del proyecto debido a la contaminación del aire por material particulado que supone. Además del «irreparable daño que hace en los glaciares, las fuentes de agua y los frágiles ecosistemas de montaña de los cuales depende la ciudad de Santiago». Pese a que la iniciativa minera se anuncia a sí misma como un proyecto sustentable que «permitirá desarrollar minería en la zona central de Chile, sin afectar los glaciares ni la biodiversidad presente en este territorio».
Las organizaciones ciudadanas anuncian además que han impugnado la irregularidad administrativa en que incurrió Hernán Brücher, y advierten que «utilizaremos todas las vías legales para impedir se consume esta nueva ilegalidad, como así mismos proyectos que atentan contra el bien común y la integridad del medio ambiente.»
Finalmente, el conjunto de organizaciones y figuras políticas hacen el llamamiento a la ciudadanía a «informarse y rechazar el proyecto» que según denuncian tensiona la seguridad hídrica de la región donde vive el 40% de la población. «No podemos aceptar que la minería se desarrolle en las cabeceras de las cuencas de las que depende la vida, las personas y las ciudades», enfatizan sobre el proyecto que se desarrollaría en plena crisis climática.
Entre algunos de los firmantes se encuentran movimientos como Corporación Defensa de la Cuenca del Mapocho, Movimiento No + Anglo, Agrupación Ambiental Social y Cultural Putaendo Resiste, Fundación Huellas Sustentables de Lo Barnechea, Pueblos Ancestrales del Valle de Michimalongo Valle Akonkawa. Y apoyan organizaciones como Fundación Terram, Fundación Chile Sustentable, MAT, MODATIMA, ONG FIMA. Además de diputadas como Carmen Hertz, Camila Rojas, Gonzalo Winter, y convencionales como Constanza San Juan, Manuela Royo y Bárbara Sepúlveda, entre muchas y muchos más.
A continuación la declaración pública y sus firmantes: