El diputado Diego Ibáñez (Frente Amplio) recurrirá esta semana a la Contraloría para solicitar que se indaguen los vínculos entre la mina de Colliguay y funcionarios del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
“Fin a la puerta giratoria entre fiscalizados y fiscalizadores”, sostuvo Ibáñez, quien denunciará un posible caso de corrupción en torno al proyecto, cuya instalación concita el rechazo de la comunidad, por sus eventuales efectos dañinos sobre el aire, el agua y la agricultura
El parlamentario decidió poner los antecedentes en manos de Contraloría, tras un reportaje publicado por El Ciudadano, en el que se reveló que la autorización de la planta estuvo influenciada por la esposa de Rodrigo Estrella, ingeniero civil que elaboró el proyecto original para la misma minera, quien además trabajó en la Seremi de Minería en 2023 y actualmente también labora junto a su cónyuge, Camila Parra, para Sernageomin, organismo que debe fiscalizar cumplimientos normativos.
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Nexo entre la mina de Colliguay y funcionarios de Sernageomin
El cuestionado proyecto de explotación de oro en las tierras altas y prístinas de Colliguay, que involucra el trabajo de metales con cianuro, es desarrollado por la Sociedad Minera Carmelita.
La empresa mantiene ocupación de un sector de montaña conocido como El Molino y optó por dividirse en dos unidades separadas para solicitar sus permisos: la industria propia de extracción, denominada “Mina Colliguay 1-20” y que fue aprobada por Sernageomin en febrero de 2024, y una planta de lixiviados que obtuvo resolución favorable del organismo gubernamental a mediados del año pasado.
Actualmente, la actividad se encuentra paralizada por un decreto de la Dirección de Obras Municipales de Quilpué que aduce inexistencia de autorizaciones de índole constructivo para levantar un campamento y edificar bodegas en altura. El documento, emitido el pasado 31 de enero de 2025, plantea que la Corporación Nacional Forestal (CONAF) ha constatado la «afectación de la formación xerofítica regulada en la Ley de Bosque Nativo, en especies tales como corontilo, huañil, pichiromero, puya y litre”.
Asimismo, la Dirección Ambiental y de Sostenibilidad, junto al SAG, CONAF y la Seremi de Agricultura, pudieron constatar diferencias e inconsistencias entre lo observado en terreno y lo autorizado por Sernageomin.
El Ciudadano investigó las denuncias contra la mina y descubrió que Camila Parra Vásquez, cónyuge de Rodrigo Herrera Estrella, el ingeniero civil en minas que elaboró el proyecto de explotación simplificado de la «Mina Colliguay 1-20» para la Sociedad Minera Carmelita, tuvo injerencia directa en la aprobación de su planta de tratamiento.
Herrera elaboró el documento, a través de su empresa Andacollo Proyectos Mineros, el cual fue presentado a revisión de Sernageomin Zona Centro en agosto de 2023, justo cuando él desempeñaba funciones como “ingeniero de proyectos” de la Seremi de Minería de Valparaíso, cargo al que ingresó en marzo de ese mismo año, según consta en su perfil público de LinkedIn.
En el texto indicó que “el proyecto minero Mina Colliguay 1-20 está ubicado dentro de un predio privado, sin acceso a personal externo a la faena, y no está ubicado cerca de zonas de interés turístico”, refiere el texto. Asimismo, planteó que por tener una magnitud “de 2.000 toneladas mensuales, no amerita su ingreso al SEIA”, descartando la generación de “material estéril”, ya que “la presencia de oro económicamente explotable se encuentra desde la superficie del yacimiento”.
Tras el ingreso del proyecto, el 12 de septiembre de 2023, el director regional Zona Centro de Sernageomin, Christian Orellana Díaz, pidió subsanar observaciones, las cuales fueron respondidas por la minera en un solo día. Hasta ese momento, la Sociedad Carmelita había declarado que el material extraído sería vendido a la Minera Pulllalli, ubicada en La Ligua. Sin embargo, echando por tierra este primer enunciado, la empresa ingresó con fecha 25 de septiembre de 2023 un proyecto de tratamiento de minerales para que el oro fuera procesado por ellos mismos en una planta contigua a su faena.
Según personas conocedoras del área minera -que hablaron con El Ciudadano-, la contradictoria mención a Pullalli y su omisión por Sernageomin reflejaría un actuar al menos cuestionable de la entidad técnica al momento de autorizar ambos proyectos a través de las resoluciones exentas N°s 61 y 182, emitidas el 27 de febrero de 2024 y el 14 de mayo de 2024, respectivamente.
Adicionalmente, el peso del mineral declarado en la segunda resolución, destinado a ser acumulado en las pilas de la planta de tratamiento de Colliguay, podría superar el cálculo de las 72 mil toneladas de extracción totales anunciado por la Sociedad Minera Carmelita.
De acuerdo con el reportaje de Matías Rojas, integrante del equipo de investigación de El Ciudadano, salió a la luz un tercer cuestionamiento, vinculado con la persona que intervino para revisar y autorizar la cancha de tratamiento, ya que la resolución exenta N° 182 de Sernageomin lleva las iniciales de la funcionaria Camila Parra Vásquez, la cónyuge del ingeniero Rodrigo Herrera.
En el portal de Transparencia Activa se puede constatar que Parra ha desempeñado el cargo de revisora de proyectos regionales y evaluadora de pequeños proyectos de Sernageomin, con jurisdicción en la Región de Valparaíso desde octubre de 2012. Las mismas funciones tomó Herrera a partir de diciembre de 2023, cuando se incorporó a Sernageomin tras pasar brevemente por la Seremi de Minería porteña.
Cabe observar que ambos funcionarios son mencionados en un documento emitido por la Dirección Nacional de Sernageomin como sujetos pasivos de la Ley de Lobby. La resolución exenta N° 1876, suscrita el 24 de septiembre de 2024 por el director Patricio Aguilera Poblete, alude a la responsabilidad del cargo que ostentan y a la necesidad de registrar sus reuniones con empresas privadas que tengan la intención de incidir sobre las decisiones del servicio.
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El diputado Diego Ibáñez recurrirá esta semana a Contraloría para que indague los vínculos entre la mina de Colliguay y funcionarios de Sernageomin.
Diputado Ibáñez presentará denuncia ante Contraloría de posible corrupción minera
Tras evaluar los antecedentes, el diputado Diego Ibáñez decidió acudir a la Contraloría para que se investigue un posible caso de corrupción ligado a la autorización, por parte del Sernageomin, de la planta de tratamiento del proyecto de explotación de oro en las tierras altas y prístinas de Colliguay, cuestionado por las comunidades.
“Aquí hay algo que huele mal, son antecedentes a lo menos llamativos que no podemos dejar pasar, y es por eso que voy a concurrir a Contraloría con la denuncia, de modo que puedan indagar todo lo relativo al caso ya que podríamos estar ante en una eventual corrupción u otro delito, que por supuesto es necesario fiscalizar”, planteó Ibáñez.
El parlamentario frenteamplista recordó que hace cuatro años presentó un proyecto para evitar que los fiscalizadores pasen a trabajar en empresas fiscalizadas dentro de un lapso de 10 años desde que abandonan su cargo.