Un nuevo round entre la ciudadanía y las empresas mineras en Aysén tendrá como escenario el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, luego que recientemente la corte acogiera a trámite un recurso de reclamación interpuesto por la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA). En el requerimiento se exige al Servicio de Evaluación Ambiental aplicar las sentencias de la Corte Suprema que obligan a someter las declaraciones de impacto ambiental (DIA) a participación ciudadana en los casos en que así lo soliciten las comunidades u organizaciones.
El 2 de enero de 2018 ingresaron a evaluación ambiental mediante DIA una serie de prospecciones impulsadas por minera El Toqui, en ese entonces controlada por la australiana Laguna Gold: Terrazas por U$ 2,5 millones (101 plataformas cerca de Puerto Ingeniero Ibáñez), Santa Teresa por U$ 3,3 millones (97 plataformas, entre Villa Amengual y La Tapera) y Katterfeld por U$ 3,3 millones (100 plataformas, aledañas a Ñirehuao).
En el caso de Katterfeld las faenas incluso podrían afectar patrimonio arqueológico del sitio homónimo, que se emplaza no solo en el área de influencia del proyecto y dentro del polígono de concesión sino en el paso de los caminos de acceso a las eventuales exploraciones.
En febrero de ese año diversas organizaciones solicitaron iniciar procesos de participación ciudadana, lo que fue rechazado en marzo por Claudio Aguirre, director del SEA, argumentando que la instalación de plataformas no generaría “beneficios sociales” sino solo “gravámenes a los habitantes de la localidad donde se realiza”, por lo cual no se configurarían “cargas ambientales”. En la interpretación del organismo deben ocurrir ambos efectos para que esto último ocurra.
El 30 de octubre la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén, presidida por Geoconda Navarrete, aprobó los tres proyectos.
En el caso de Terrazas vecinos de Puerto Ingeniero Ibáñez recurrieron de protección ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique, acción que fue rechazada. Sin embargo el 15 de mayo de 2019 la Corte Suprema revirtió lo decidido tanto por el SEA como por el Tribunal de Alzada coyhaiquino, obligando a la autoridad a realizar participación ciudadana.
A esas alturas Laguna Gold ya estaba en quiebra. Bajo el argumento de no poder solventar un proceso de esa naturaleza, a poco andar se decidió renunciar a la resolución de calificación ambiental (RCA) aprobatoria.
Sin embargo, y a pesar de poder aplicarse la misma figura para Katterfeld y Santa Teresa, la Sociedad Minera Cerro Esperanza, que adquirió ambos proyectos, mantiene la posibilidad de avanzar con sus prospecciones, a pesar de haberse presentado diversos recursos de invalidación ante las autoridades administrativas.
Bajo este escenario a fines de julio CODESA recurrió al Tribunal Ambiental de Valdivia, teniendo como base la jurisprudencia de la Corte Suprema. En el escrito se fundamenta que tanto el procedimiento de evaluación como la resolución de calificación ambiental de Katterfeld y Santa Teresa tienen vicios de legalidad, al no contemplar el proceso de participación ciudadana solicitado en tiempo y forma, por lo cual legalmente procedente.
Por ello solicitan se dejen sin efectos ambas RCA y se retrotraigan los procedimientos de evaluación ambiental a una instancia que permita el involucramiento formal de la comunidad acorde a la legislación vigente.
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