Abogados estadounidenses estudiaron en secreto las implicaciones legales de matar a Bin Laden

Cuatro abogados del Gobierno de Estados Unidos trabajaron en secreto y durante semanas analizando las implicaciones legales de la operación en la que murió el 2 de mayo de 2011 el entonces líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, abatido durante una operación de las fuerzas especiales norteamericanas en una vivienda de Abottabad (Pakistán), tal y como informó Europa Press.

FOTO: EP

The New York Times reveló cómo Stephen W. Preston, de la CIA, Mary B. De Rosa, del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jeh C. Johnson, del Departamento de Defensa, y James W. Crawford III, del Estado Mayor Conjunto, trabajaron codo con codo para determinar si la operación que estaba a punto de lanzar la Administración de Barack Obama era legal o no.

Preston y De Rosa mantuvieron un primer encuentro en marzo con Johnson y Crawford en la que plantearon una pregunta hipotética: «Supongamos que hemos encontrado un objetivo muy importante. ¿Qué cuestiones podrían plantearse?». El día 24, el secretario adjunto de Defensa Michael G. Vicker volvió a ver a Johnson para revelarle «el mayor secreto de Washington».

Comenzaron así una serie de contactos en las que los cuatro abogados actuaron en secreto y, para evitar filtraciones, ni siquiera consultaron con otros asesores o con el fiscal general, Eric Holder. Realizaron investigaciones propias, escribieron informes en ordenadores portátiles seguros e intercambiaron notas manuscritas a través de mensajeros de su completa confianza.

Dudas legales

Fuentes conocedoras de estas reuniones afirmaron que Preston abogó por poner por escrito las «conclusiones legales» para demostrar que todo estaba preparado de antemano, de tal forma que nadie pudiese acusar al Gobierno de improvisar justificaciones tras la operación, «especialmente si ésta terminaba mal».

Uno de estos informes versaba sobre las implicaciones de violar la soberanía de Pakistán, país al que Estados Unidos no solicitó permiso antes de la operación de los SEAL. Las autoridades norteamericanas temían que una notificación previa pudiese derivar en filtraciones al entorno de Bin Laden y en su posible huida.

Los abogados argumentaron que la incursión unilateral sería legal si se entiende como una excepción a la soberanía nacional. Esta excepción sería válida si el Gobierno en cuestión –en este caso el paquistaní– «no quiere o no puede» hacer frente en su territorio a una amenaza para otros países.

Otra de las cartas que Estados Unidos se guardó bajo la manga al no informar a Pakistán es que, en caso de que finalmente el líder de Al Qaeda no hubiese estado en la casa de Abottabad, los SEAL podrían haber abandonado el país asiático sin que las autoridades locales se hubiesen percatado de ningún operativo.

El papel del Congreso

El papel del Congreso también salió a colación en las deliberaciones del equipo furtivo de abogados, en particular si el Gobierno tiene la obligación de informar a los legisladores antes de llevar a cabo una ofensiva encubierta como la que sucedería el 2 de mayo. Concluyeron que sí sería legal guardar silencio, aunque entonces se enteraron de que el director de la CIA, Leon Panetta, ya había informado por su cuenta y sin permiso de la Casa Blanca a varios congresistas.

Otra de las dudas legales giraba en torno al mandato de los SEAL, en concreto si tenían potestad para matar a Bin Laden en caso de una mínima complicación. Los abogados confiaban en la autorización del Congreso para utilizar la fuerza militar contra los responsables de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En caso de que Bin Laden se hubiese rendido, el equipo legal consideró que tampoco sería ilegal abatir al líder terrorista si, por ejemplo, otros milicianos comienzan a disparar o existe la sospecha de que porta explosivos.

Captura y entierro

¿Qué hacer con Bin Laden en caso de captura? No existen respuestas concretas a esta pregunta, muestra de que los abogados consideraban esta posibilidad cuanto menos lejana. Así, el plan consistía en trasladar al detenido a un buque militar y, ya entonces, decidir cuál sería el siguiente paso –Johnson sugirió el traslado a Guantánamo–.

Los abogados tampoco escribieron ningún informe concreto sobre el futuro de otros posibles prisioneros, ya que el plan definitivo entregado a las fuerzas especiales descartaba que los militares pudiesen evacuar la zona con alguien que no fuese Bin Laden.

Una vez muerto, la principal duda legal era dónde y cómo enterrar al líder de Al Qaeda. Arabia Saudí, residencia de la familia Bin Laden, rechazó expresamente el traslado del cuerpo a su territorio, por lo que la opción más sencilla –y legal desde cierto punto de vista– consistía en arrojar el cadáver al mar.

Las Convenciones de Ginebra establecen que los enemigos muertos en el campo de batalla deben ser enterrados «si es posible» en tumbas marcadas y conforme a la religión que profesaban. Las dudas religiosas quedaron resueltas en este caso porque, según escribió Crawford, la opción del mar respeta la religión y no supone una falta de respeto.

Fuente