Un informe de la ONG Save the Children denuncia que más de 1.900 jóvenes, entre ellas 160 menores de edad, fueron forzadas a tener relaciones sexuales como «pago» por cruzar la frontera entre Italia y Francia. La organización ha contabilizado los casos que han tenido lugar entre enero de 2017 y marzo de 2018.
Ventimiglia, una ciudad fronteriza entre Francia e Italia, se ha convertido en un gran centro de tránsito de personas que quieren llegar al centro de Europa. Un municipio en el que han abusado de más de 1.900 jóvenes, según el reporte publicado por el periódico The Guardian. Las chicas, que en su mayoría proceden del África subsahariana, lo hacían al no poder pagar los entre 50 y 150 euros que piden los conductores para poder atravesar la frontera.
Privadas de la oportunidad de viajar de forma segura
Según la directora de los programas de Save the Children en Italia, Rafaella Milano, las jóvenes «están fuertemente expuestas a serios riesgos de abuso y explotación«. En muchos casos, además, se encuentran a sí mismas viviendo en condiciones «de gran degradación».
«Son chicas muy jóvenes, en una particular situación de riesgo, que se hallan en tránsito no acompañadas en el invisible flujo de migrantes menores de edad en la frontera al norte de Italia, que, en un intento de reunirse con sus parientes o amigos en otros países europeos, se ven privadas de la oportunidad de viajar de forma segura y legal», explicó en el informe.
El número de personas que hay en la actualidad en Ventimiglia aumentó considerablemente después de que en abril pasado fuera desalojado un campo de refugiados improvisado junto al río Roya. Desde entonces, los niños migrantes viven en las calles en «condiciones degradantes, promiscuas y peligrosas”. En el informe se recoge, además, que los abusos no son algo aislado de la zona y que están ocurriendo en todo el territorio italiano.
El reporte de la organización también reveló otros casos de abusos sexuales contra migrantes menores de edad en las regiones italianas del Véneto, Abruzos y Las Marcas, así como en la isla de Cerdeña. En cuanto a esta problemática, Sergio Fernández Riquelme, historiador y doctor en política social, afirma que se debe pedir una respuesta de la Unión Europea.