El ajuste fiscal implementado por el Gobierno de Javier Milei genera preocupación entre los millones de jubilados argentinos, cuyos ingresos se desploman ante el aumento de la inflación.
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Con una jubilación mínima apenas alcanzando los 105.712 pesos —equivalentes a unos 85 dólares—, complementada por un bono de $55.000 (alrededor de 46 dólares), más del 86% de los beneficiarios enfrentan ingresos inferiores a los $200.000, muy por debajo de los $313.185 estipulados como la canasta básica para adultos mayores por la Defensoría de la Tercera Edad.
Con ingresos mermados durante los mandatos de Mauricio Macri (2015-2019) y Alberto Fernández (2019-2023), los adultos mayores se encuentran al borde de un nuevo revés económico.
La inflación del 25,5% registrada en diciembre, derivada de la megadevaluación promovida por el oficialismo, ha puesto a los jubilados en el epicentro de la crisis. Según pronósticos de consultoras privadas, se espera que los precios aumenten en niveles similares durante enero y febrero, sin que la fórmula de actualización de haberes contemple estos incrementos.
En el sistema previsional asistido, donde la mitad de los fondos provienen de impuestos y la otra mitad de aportes de empleadores y trabajadores registrados, se necesitan tres empleados en actividad para sostener la jubilación de cada adulto mayor. Sin embargo, la precarización laboral que afecta a más del 40% de los trabajadores informales agrava el déficit de la cuenta previsional.
Ante este escenario desalentador, los jubilados argentinos enfrentan dificultades crecientes para cubrir sus necesidades básicas y mantener un nivel de vida digno. La falta de medidas efectivas para proteger los ingresos de los adultos mayores plantea desafíos significativos para el gobierno y la sociedad en su conjunto.
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