La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pidió que se levanten las «sanciones sectoriales» contra Venezuela que, a su juicio, han agravado la situación en el país suramericano, reseñó Sputnik.
«La situación humanitaria y económica preexistente se vio agravada tanto por la pandemia de covid-19 cuanto por las sanciones sectoriales, limitando aún más el acceso a los servicios básicos. Reitero mi llamado a que se levanten las sanciones sectoriales», dijo Bachelet, al ofrecer un resumen del último informe de su oficina sobre Venezuela, al inaugurarse la 48º sesión del Consejo de Derechos Humanos.
La alta comisionada reconoció los esfuerzos realizados por el Gobierno venezolano para hacer frente a los desafíos que plantea la pandemia; sin embargo, señaló que, como en otros lugares, «esto significó desviar los escasos recursos de otros tratamientos médicos necesarios, amplificando aún más la escasez en el sector de la salud, dejando a sus profesionales y otros grupos vulnerables particularmente en riesgo».
En el informe, publicado el pasado viernes 9 de septiembre, la oficina de Bachelet reafirma los graves efectos de las sanciones unilaterales adoptadas por el gobierno de los EE.UU. contra Venezuela a partir del año 2014, como la disminución del 99 % del ingreso nacional y otros elementos para considerar que dichas medidas implican la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Toman nota pero rechazan “falsas aseveraciones»
Caracas, mediante un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, informó que tomó nota del informe de Bachelet que reconoce los «efectos devastadores» de las sanciones estadounidenses contra el país suramericano.
No obstante, hay un punto del documento sobre el que hacen un reclamo a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, señalando que reproduce «las fallas metodológicas presentes en documentos previos de la Oficina e incorpora afirmaciones sin fundamento alguno, que no han sido debidamente contrastadas con las autoridades del Estado».
En ese sentido, Venezuela rechaza «las falsas aseveraciones del informe sobre supuestas detenciones arbitrarias o persecuciones por el ejercicio o la defensa de los derechos humanos, por cuanto se inscriben en el guion político de quienes instrumentalizan esta materia para agredir» al país.
En su presentación de este lunes, Bachelet habló al respecto y señaló que le preocupan «las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización» de las personas defensoras de los derechos humanos y de los líderes sindicales por sus actividades legítimas.
Asimismo, llama a la puesta en libertad «de todas las personas detenidas arbitrariamente»; aunque reconoce que desde junio de 2020 se han liberado 152 detenidos.
En Venezuela redoblan personal de DDHH de la ONU
Bachelet informó que se acordó con Caracas la renovación por un año de la Carta de Entendimiento entre ambas partes, doblando el número de oficiales de derechos humanos en el país de 6 a 12 y ampliando las áreas de asistencia técnica y cooperación.
«Esa cooperación seguirá centrándose en fortalecer los mecanismos nacionales de protección y el acceso a la justicia, así como la asistencia técnica a la agenda legislativa, la implementación de las recomendaciones de los diversos mecanismos de derechos humanos y las reformas policial y judicial recientemente anunciadas», dijo la funcionaria de la ONU.
Entretanto, desde Venezuela ratificaron que continuarán cooperando con la oficina de Bachelet, con base «en el respeto a la verdad y a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo como un mecanismo que permita elevar la verdad de Venezuela ante esta instancia».
Por otro lado, Bachelet celebró el diálogo que se ha llevado a cabo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela en México. Al respecto, dice que confía en que esas negociaciones puedan conducir a «soluciones significativas» y se traduzca «en mayores avances para la protección de los derechos humanos».
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