Bloqueo a la investigación sobre el 7 de octubre: falta de transparencia por parte del gobierno israelí

La reciente decisión del gobierno israelí de bloquear la creación de una comisión de investigación estatal sobre los eventos del 7 de octubre de 2023, en los que Hamás perpetró un ataque, revela una preocupante falta de transparencia y rendición de cuentas en la actual coalición de Benjamín Netanyahu. Esta votación no solo evade la responsabilidad política y militar de los errores cometidos, sino que también ignora las demandas legítimas de las víctimas y de un país que exige respuestas claras.

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Con 53 votos en contra y 45 a favor, la coalición cerró filas en torno a su negativa, aplastando las esperanzas de aquellos que buscan esclarecer por qué el aparato de seguridad falló tan gravemente. Las familias de las víctimas, organizadas en el Foro de Octubre, solicitaron una postergación de la votación para tener la oportunidad de reunirse con los miembros de la coalición y expresarles su dolor, sus preguntas y su exigencia de justicia. Sin embargo, este pedido fue desestimado, subrayando la desconexión entre el gobierno y aquellos que más sufrieron las consecuencias de la tragedia.

La dimisión del jefe del Estado Mayor del Ejército, Herzi Halevi, es un síntoma claro de la gravedad de los errores cometidos. Su renuncia, motivada por el reconocimiento del fracaso en la prevención del ataque, contrasta fuertemente con la actitud de la clase política. Mientras Halevi sugiere la necesidad de una investigación más amplia que incluya a otros escalafones del poder, el gobierno opta por el silencio y el encubrimiento, resistiéndose a cualquier intento de indagar más allá de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Este bloqueo de una investigación imparcial refuerza la percepción de que Netanyahu y su coalición están más interesados en protegerse políticamente que en asumir responsabilidades o hacer justicia para las víctimas. La negativa a formar una comisión independiente parece una estrategia para evitar que los errores de planificación y gestión de seguridad se traduzcan en consecuencias políticas, lo que debilita aún más la confianza de la ciudadanía en sus líderes.

Al cerrar la puerta a la indagación, el gobierno no solo erosiona la confianza pública, sino que también siembra dudas sobre su capacidad para prevenir futuras amenazas.

Foto: Redes

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