El presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, decidió este martes promulgar un decreto para que el país deje de formar parte de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI) de forma inmediata. La propuesta fue aprobada por el Parlamento burundés casi unánimemente la semana pasada y llega tras las quejas de muchos líderes del continente que aseguran que el TPI acusa de forma desproporcionada a los africanos.
El Tribunal Penal Internacional, que investiga los crímenes cometidos durante la crisis política que el presidente Pierre Nkurunziza desencadenó al querer permanecer en el poder un tercer mandato en contra de lo que establece la Constitución, que permite hasta dos.
La moción, tramitada a propuesta del Ministerio de Justicia, fue aprobada con 94 votos a favor de los 110 diputados del Parlamento, que entienden que el Tribunal de la Haya se ha convertido en un instrumento de presión y desestabilización de los Gobiernos africanos: «Desde el establecimiento de la TPI, solo los africanos han sido procesados, como si el resto del mundo tuviera inmunidad ante la Corte», destaca el texto aprobado.
También censura que algunas investigaciones contra gobernantes africanos hayan sido instigadas por grandes potencias que ni siquiera han ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de este órgano de justicia internacional.
El Gobierno de Burundi asume la responsabilidad de preservar su soberanía ante esta retirada y afirma que «es hora de que los países africanos» tomen un camino similar al suyo.
«Burundi no pierde nada, porque ya tiene un código penal para castigar los crímenes. Tenemos todos los instrumentos para sancionar en nombre de la soberanía nacional y sin la interferencia de la comunidad internacional», argumenta el Ministerio de Justicia.
Rechazo a Naciones Unidas
Hace unos días, el Gobierno de Nkurunziza prohibió la entrada a tres investigadores de las Naciones Unidas, a los que declaró «personas no gratas», tras la publicación de un informe en el que denunciaron graves violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades que podrían constituir crímenes contra la humanidad.
Además, anunció el fin de «toda cooperación y colaboración, hasta nueva orden, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR)».
Hasta la fecha, las autoridades han rechazado el despliegue de 228 policías aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU para ayudar a estabilizar el país tras meses de tensión política.
Siguiendo los pasos de Kenya
Burundi es el segundo país del continente que adopta esta medida después de Kenya, cuya Asamblea Nacional apoyó la salida de la corte en septiembre de 2013, coincidiendo con el inicio del juicio contra su vicepresidente, Willi Ruto, por crímenes de lesa humanidad.
Kenya es uno de los grandes estados africanos que más duramente han cuestionado la eficacia del TPI, denunciando que prácticamente investiga y persigue sólo delitos en África. Cada vez son más los países que se suman a este malestar y ahora es Sudáfrica, un referente democrático en el continente y con una legislación más avanzada, quien amenaza de abandonar la Corte.
9 de los 10 casos que actualmente tiene abiertos el TPI son por violaciones de los Derechos Humanos en África. Este jueves la Corte condenó al exvicepresidente de la República Democrática del Congo Jean-Pierre Bemba por sobornar a los testigos y falsificar pruebas en el juicio por crímenes de guerra que lo condenaron al menos a 18 años de cárcel.
Burundi sufre una crisis desde que, el pasado abril de 2015, Nkurunziza anunció que se presentaría por tercera vez a las elecciones, algo que prohibía la Constitución y violaba los acuerdos que acabaron con una larga guerra civil en 2005. La crisis política ha causado cientos de muertos en el último año y ha hecho que unas 400 mil personas huyeran de sus hogares, según datos de la ONU.
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