Cardenal del Vaticano será enjuiciado por presunto abuso sexual en Australia

Un tribunal de Australia anunció hoy la apertura de una causa penal contra el cardenal George Pell, jefe de las finanzas del Vaticano, por múltiples cargos históricos relacionados con presuntos abusos sexuales.

La juez Belinda Wallington estimó que hay suficientes pruebas para enjuiciar al prelado de 76 años por los delitos sexuales que se le atribuyen, en la lectura del fallo en la corte de distrito de Melbourne.

El cardenal se declaró «no culpable» de las acusaciones, cuyo número y detalles no pueden ser divulgados en su totalidad por motivos legales, según confirmaron a Efe fuentes judiciales por correo electrónico.

La lectura del fallo, que duró 70 minutos, concluyó una fase de instrucción iniciada hace dos meses y en la que la magistrada descartó la mayoría de las acusaciones más graves presentadas contra Pell.

«La presunta ofensa más seria no habría ocurrido en el período de tiempo supuesto», dijo la juez que recalcó que la prueba presentada «no es suficiente para que sea analizada por un jurado», dijo Wallington en su declaración citada por la agencia local AAP.

Los cargos que afrontará Pell se refieren a presuntas ofensas sexuales ocurridas en una piscina en la década de 1970 cuando era sacerdote en Ballarat, su ciudad natal, y en la Catedral St’Patrick’s en la década de 1990 cuando era arzobispo de Melbourne.

Entre los cargos desestimados había acusaciones de delitos sexuales en un cine y una capilla en Ballarat hace más de 40 años.

El abogado de Pell, Robert Richter, dijo que la más «canalla» de las acusaciones había sido desestimada, en declaraciones recogidas por la cadena ABC.

La juez también ordenó al procesado permanecer en el país ante el procedimiento que se celebrará en un tribunal del estado de Victoria, cuya capital es Melbourne, de acuerdo a las fuentes judiciales citadas.

Se prevé que mañana se celebre una sesión instructiva en la que podría fijarse la fecha del inicio del juicio.

Durante los primeros diez días de las vistas sumarias, decenas de testigos declararon a puerta cerrada, lejos del público y de los medios, de acuerdo con la normativa estatal en supuestos casos de delitos sexuales que mantiene las pruebas bajo secreto de sumario.

Pell, a quien la policía de Victoria acusó formalmente en junio de 2017, es la máxima autoridad de la Iglesia católica que afronta un juicio por presuntos abusos sexuales en la historia de esta institución.

El anuncio tiene un impacto «positivo» en las víctimas, quienes podrán apreciar que «nadie está por encima de la ley», remarcó la gerente nacional de Abusos de la fima legal Shine Lawyers, Lisa Flynn, en un comunicado.

Flynn indicó que las lecciones de este juicio son que si se hacen denuncias de abuso sexual de menores la Policía debe tratar a los acusados como tales sin reparar en el lugar donde vive, su trabajo o su religión.

El actual proceso de Pell comenzó después de que el cardenal declarara en tres ocasiones como testigo ante la comisión real que investigó la respuesta de las instituciones públicas y religiosas de Australia a los abusos sexuales de menores cometidos en su seno.

Según esa comisión, la Iglesia católica recibió quejas de 4.500 personas por presuntos abusos a menores cometidos por unos 1.880 miembros de la institución, sobre todo sacerdotes, entre 1980 y 2015, aunque algunos casos se remontan a la década de 1920.

La comisión no investigó los presuntos casos de pederastia de Pell.

Iglesia confirma la excedencia

El Vaticano confirmó que continúa vigente el periodo de excedencia concedido por el papa al cardenal australiano George Pell, después de que se conociera que la justicia de su país le ha enjuiciado por presunta pederastia.

«La Santa Sede toma nota de la decisión de las autoridades judiciales en Australia que tienen que ver con su eminencia, el cardenal George Pell», subrayó el portavoz vaticano Greg Burke en un breve comunicado.

Además recordó que el año pasado el pontífice concedió a Pell, su prefecto para la Secretaría para la Economía, de 76 años, un periodo de excedencia para poder viajar a Australia y defenderse de las acusaciones.

«Esa disposición sigue siendo válida», zanjó Burke.