Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Madrid realizaron una operación conjunta que permitió poner al descubierto las condiciones infrahumanas en que vivían 61 migrantes que por 250 euros al mes compartían un sótano y unos trasteros sin ventilación como vivienda.
Los seis responsables de este entramado delictivo fueron detenidos y acusados de favorecimiento de la inmigración ilegal, coacciones y contra la salud pública, publicó el diario El País del país ibérico.
Entre las personas que fuentes policiales señalan en su nota como “liberadas”, se encontraban familias con menores, un bebé de pocos meses y una mujer embarazada. Estas infraviviendas han sido municipalizadas en los distritos madrileños de Carabanchel y Vallecas.
En la mayoría de los casos, los cubículos tenían una superficie de unos nueve metros cuadrados que eran compartidos por tres o cuatro personas, que hacían frente al pago de los citados 250 euros sin estar sujetos, por supuesto, a contrato de arrendamiento alguno.
Algunas separaciones de aquellas superficies mayores, se habían dividido con tabiques de pladur para rentabilizar cuanto fuera posible el habitáculo.
Respecto al mobiliario, las fuentes policiales señalaron que, por ejemplo, algunos efectos, como colchones para dormir, eran recogidos de la basura.
Los testigos hablan de chinches, cucarachas y ratas como compañeros de viaje en esta estadía subterránea. Solo había un baño por cada diez habitaciones y dos cocinas en las que se permitía a los migrantes usarlas por turnos estrictos.
“Todos ellos (los migrantes) eran vigilados por un sistema de cámaras que controlaba la entrada a los habitáculos, y que eran manejadas remotamente con el móvil de uno de los arrestados”, se informó en una nota conjunta de los cuerpos actuantes.
El diario español La Vanguardia, por su parte, reseñó que los agentes policiales tuvieron conocimiento de que un número importante de personas residía en un sótano de un inmueble, en lugares que no reunían las mínimas condiciones de habitabilidad.
Realizaron dos inspecciones en las que localizaron un total de 23 trasteros divididos por paneles de pladur con puertas y con zonas comunes para todos, dos cocinas y dos baños para compartir.
El lugar no cumplía con las mínimas condiciones de seguridad ni higiénico sanitarias y, además, no contaba con salida de emergencia o dispositivos contra incendios, indicó la nota referida de la agencia EFE.
En el interior había gran acumulación de basura y material de obra para, supuestamente, realizar nuevos alojamientos por parte de su propietario.
Los agentes constataron que el encargado de la explotación de los habitáculos recogía a los inquilinos en lugares donde se suelen encontrar ciudadanos extranjeros solicitantes de protección internacional, ofreciéndoles habitación a un precio muy bajo.
Una vez instalados en los trasteros procedía a pedirles más dinero bajo coacciones y amenazas, incluso con agresiones físicas si el pago se demoraba.
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