Tras recorrer las instalaciones del centro de detención para menores migrantes Homestead, en Florida, Estados Unidos, la corporación financiera Bank of América anunció que dejará de financiar compañías que operen centros de detención de prisioneros e inmigrantes o centros de detención privados a nivel estatal y federal.
Las pésimas condiciones sanitarias y psicológicas a las que son expuestos los menores en los centros de detención han servido como detonante para esta disposición. Luego de una revisión realizada por el comité ambiental, social y de gobierno del banco, que incluyó visitas a centros y consultas a clientes, líderes de derechos civiles, expertos en justicia penal y académicos esta semana.
El pasado miércoles, Bank of América confirmó que ha decidido salir de la relación con clientes que brindan esos servicios.
“Hemos tenido una relación intensa con el número limitado de clientes a los que ofrecemos estos servicios. Agradecemos las medidas que han tomado para ejecutar debidamente sus responsabilidades contractuales y humanitarias”, informó una portavoz de Bank of America en un correo electrónico enviado al Miami Herald.
La decisión de Bank of America llega también tras importantes presiones políticas y de la sociedad civil.
El pasado miércoles, la etiqueta #WayfairWalkout marcó tendencia en las redes sociales, esto debido a una protesta de los trabajadores de la tienda de muebles Wayfair en rechazo a que su empresa vendía mobiliario a centros de detención de migrantes.
Un gran prestamista
De acuerdo con información de The Miami Herald, la institución ha sido prestamista de la entidad que administra el centro de detención de menores Homestead, Caliburn International, el centro más grande de su tipo en Estados Unidos, con capacidad para albergar a 3.200 menores.
El ente financiero también ha sido socio principal de empresas como CoreCivic y GEO Group Inc., dos de las mayores compañías de prisiones privadas de Estados Unidos.
Bank of America se suma así a otros como JPMorgan y Wells Fargo al romper relaciones con empresas del sector penitenciario y migratorio, a partir de una fuerte presión de la opinión pública, de activistas hasta inversionistas y políticos, bajo la campaña #FamiliesBelongTogether, que busca frenar el financiamiento de construcciones de este tipo de centros de detención.
Según publica GEO Group, la resistencia del público a estas alianzas público-privadas para instalaciones correccionales y de detención podrían impedir obtener nuevos contratos y afectar la capacidad para obtener o refinanciar deuda y conseguir contratos comerciales.
Varios bancos, tanto grandes como pequeños, todavía entregan más de $ 2.600 millones en crédito al sector, según un informe reciente publicado por varios grupos: In The Public Interest, Public Accountability Initiative y el Center for Popular Democracy.
La migración como negocio
Según informa la revista Forbes, 70 % de los inmigrantes detenidos actualmente se encuentran en instalaciones privadas que tienen un claro incentivo financiero para encerrar a la mayor cantidad de personas posible.
Las cárceles privadas han estado en el centro de la atención últimamente. Este viernes, la precandidata presidencial demócrata, Elizabeth Warren, pidió que se prohibieran los centros penitenciarios y los centros privados de detención, lo que ocasionó un desplome en las acciones de los operadores privados de prisiones.
Mientras tanto, la administración Trump ha sido criticada por las condiciones de los niños migrantes en una instalación de Aduanas y Protección Fronteriza en Clint, Texas.
El lunes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que 250 niños migrantes que se encontraban en esas instalaciones serían trasladados al sistema de refugios de la agencia.
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