El caso de la adolescente ecuatoriana Paola Guzmán, quien se suicidó tras ser abusada sexualmente durante dos años por directivos de su colegio, llegó este martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Costa Rica, con el propósito de crear entornos escolares más seguros para los menores de edad.
«El caso creará estándares internacionales que los Estados de América Latina deben cumplir para garantizar los derechos de las niñas y adolescentes en el colegio, para protegerlas de la coerción y violencia sexual», afirmó Catalina Martínez, directora para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, en Nueva York.
Martínez agregó que, a través del caso de Paola, la Corte se podrá pronunciar acerca del derecho a la autonomía como pilar fundamental de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Guzmán tenía 14 años de edad en 2001, cuando comenzó a sufrir acoso, abuso y violación sexual por parte del sexagenario Bolívar Espín, a la sazón vicerrector del colegio público femenino Miguel Martínez Serrano, de Guayaquil, Ecuador.
El problema duró dos años, hasta que Guzmán quedó embarazada fruto del abuso, Espín la obligó a abortar y el médico del colegio, Raúl David Ortega, le dijo que solo realizaría el procedimiento si tenía relaciones sexuales con él.
«Nos encontramos ante una niña adolescente completamente vulnerada, que no sabía que era víctima de abuso: la situación, de público conocimiento, le generó una culpabilidad y un sufrimiento que la llevó a quitarse la vida. Tomó fósforo blanco, no la atendieron, la pusieron a rezar y murió», relató Martínez a Sputnik por vía telefónica.
Para la experta, se trata de un tipo de violencia sexual invisibilizada en América Latina, y que se sustenta en una dinámica de poder ejercida por una figura de autoridad que manipuló a una menor hasta engañarla y abusar de ella.
A Guzmán le fue negada atención médica oportuna para salvar su vida, y después que el sistema judicial ecuatoriano fallara en contra de una demanda presentada por la madre de la víctima, Petita Albarracín, esta recurrió en 2006 al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Dicho mecanismo declaró que la menor fue víctima de violencia de género cometida por agentes estatales, y envió el caso a la Corte Iberoamericana, con sede en Costa Rica, donde este martes tuvo lugar una audiencia considerada histórica.
«Es la primera vez que la Corte conoce sobre un caso de abuso sexual contra niñas y adolescentes en el contexto educativo», destaca una nota de prensa emitida por el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro Ecuatoriano para la Acción y Promoción de la Mujer, de Guayaquil.
La parte demandante exige que el Estado reconozca la autonomía y el consentimiento como parte fundamental de los derechos sexuales y reproductivos y que reconozca que el consentimiento puede ser viciado por diferencias de edad y poder entre la víctima y el agresor.
Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en América Latina 1,1 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años de edad han sufrido violencia sexual al menos una vez en la vida, y una de cada tres estudiantes de entre 13 y 15 años de edad han sufrido acoso sexual en el contexto educativo.
Fuente: Sputnik
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