Los grupos por los derechos de las mujeres en Chile están expresando su preocupación por lo que podría significar el próximo régimen del multimillonario conservador Sebastián Piñera, en términos del hito histórico para los derechos reproductivos logrado bajo la administración de Michelle Bachelet: la ley de aborto en tres causales.
Así lo expone Charlotte Mitchell para el medio Al Jazeera, en un reportaje publicado el 5 de enero.
La nueva legislación, que fue aprobada en agosto de 2017, legitima la práctica del aborto en tres causales excepcionales: si peligra la vida de la madre, si el feto es inviable y si hubo violación.
La ley puso fin a una prohibición total sobre el aborto que había operado durante 30 años. Esta resolución fue el resultado de una lucha de ciertos políticos por aprobar la reforma, versus el «derecho a la vida» de los que «están por nacer» consagrada en la Constitución. Pero finalmente y gracias a los esfuerzos sostenidos de los grupos defensores de los derechos de las mujeres y la presidenta de centro-izquierda, la ley se aprobó.
Ahora, con la elección de Piñera, quien ha dicho en el pasado que «el estado siempre será pro-vida», los grupos progresistas han mostrado su preocupación sobre cómo será implementada la ley una vez que el presidente electo asuma el poder.
«Creo que era inevitable que ganara un gobierno conservador», dijo Claudia Dides, directora ejecutiva de Miles Chile, la ONG que promueve los derechos sexuales y reproductivos en Chile. «Todo lo que tenemos que hacer es mirar cómo [los políticos de centro-derecha] votaron la ley de aborto para saber que habrá problemas en su implementación», señaló Dides a Al Jazeera.
Creando obstáculos
La coalición política de derecha Chile Vamos actualmente no tiene mayoría en el Senado o la Cámara de Diputados, lo que significa que tiene pocas probabilidades de barrer con la ley una vez que asuma el mando en marzo de 2011.
Pero incluso sin la mayoría necesaria, hay opciones abiertas para Piñera, dice Mitchell, quien consultó con Augusto Quintana, profesor constitucionalista en la Universidad de Chile.
«Lo más probable es que establezca algunas restricciones o requerimientos adicionales a la práctica del aborto en hospitales públicos o en los privados cuyas políticas institucionales permiten el aborto», dijo Quintana.
La Iglesia Católica en Chile ya ha logrado un exitosos lobby para ajustar la reforma original de acuerdo a sus preceptos. Esta intervención consiguió que el personal médico tenga la facultad de optar por no realizar un aborto, basándose en el principio de «objeción de conciencia».
Por su parte, Human Rights Watch (HRW), la organización internacional dedicada a defender los derechos humanos, dice que espera que Sebastián Piñera intente presionar por una agenda anti aborto.
«Más allá de las correcciones [a la reforma], esperamos que la implementación de la ley encuentre obstáculos prácticos bajo el nuevo gobierno», dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW de América..
«La ley requiere información y entrenamiento de los trabajadores de la salud y medidas positivas para segurar el acceso de las mujeres al procedimiento. Considerando el gran número de objetores de conciencia que habrá en los hospitales públicos y privados, es probable que los actuales planes de echar a andar esas medidas sean suspendidos bajo el nuevo gobierno», agregó Vivanco.
«El estado siempre será pro-vida»
La postura de Piñera sobre el aborto es algo ambigua. Si bien ha dicho que no considera tomar medidas para salvar la vida de una mujer en el contexto del aborto, también ha declarado que bajo su liderazgo el estado «siempre será pro vida».
«[El papel del estado es] siempre favorecer la vida de todos, especialmente la vida del niño o niña por nacer, que es una criatura absolutamente indefensa y una persona totalmente inocente», dijo Piñera en un evento de campaña en agosto de 2017 en Santiago.
«Ha habido comentarios ambivalentes de parte de Piñera», dijo a Al Jazeera Leticia Zenevich, abogada de derechos humanos y coordinadora de Women on Waves, una ONG que brinda acceso seguro al aborto a mujeres que viven en países donde es difícil o ilegal someterse al procedimiento. «Es un hombre de negocios y está haciendo negocios con la dignidad de las mujeres», sentenció la abogada.
Un tema polarizante en una sociedad cambiante
El cambio en la ley de aborto fue una victoria para la presidenta Michelle Bachelet, quien hizo de esta reforma una parte central de su campaña.
Hasta entonces, Chile era uno de los únicos cinco países en prohibir totalmente la práctica del aborto, una medida que comenzó a ejecutarse en 1989, el último año de la dictadura de Augusto Pinochet.
Pero el aborto sigue siendo extremadamente contencioso en un país predominantemente católico, con algunos grupos que buscan derogar la ley mientras otros dicen que no es lo suficientemente progresista.
«Es una ley muy buena y los movimientos sociales lucharon mucho para conseguirla, pero también sabemos que no es suficiente», dijo Zenevich. «Hemos intercambiado más de 15.000 correos electrónicos con mujeres en Chile este año y recibimos más de 1.500 solicitudes de medicamentos abortivos, pero solo unas pocas [de estas mujeres] encajan en las tres causales», relató.
En la posición opuesta está Fabiola Torres, directora para América Latina del grupo de defensa de los derechos antiabortistas Save the 1, la ley es un «gran paso atrás» para las mujeres y los niños en Chile. «Como organización queremos contribuir a que el aborto sea impensable en Chile y en el resto del mundo», dijo a Al Jazeera.
En una publicación en Facebook del 18 de diciembre, Save the 1 expresó sus esperanzas de que Piñera «tome medidas para derogar» la ley de tres causales. Esta postura tiene el apoyo irrestricto de las iglesias católica y evangélica, que tienen gran influencia en el pensamiento político de los chilenos que defienden las ideas tradicionales de maternidad y familia.
«Continuaremos luchando»
El debate sobre el aborto en Chile refleja un país que se está polarizando cada vez más, comenta Mitchell.
A pesar de un futuro incierto, los grupos de derechos humanos están comprometidos a garantizar que las mujeres chilenas tengan acceso a abortos seguros y legales. «La ley provino de una base social muy grande y las personas que lucharon por la ley todavía están allí, así que pase lo que pase, la gente continuará luchando por el acceso al aborto», dijo Zenevich, de Women on Waves.
«Las mujeres seguirán teniendo abortos… Incluso si se vuelve a criminalizar, continuarán haciendo lo que siempre han hecho», dijo.
Para Claudia Dides, los próximos cuatro años serán un reto para los activistas pro-aborto y aquellos que apoyan la ley. «Tenemos mecanismos para defender la ley», dijo. «No pueden derogar una ley que fue apoyada por una mayoría absoluta y que tiene un apoyo público muy alto», agregó.
«Pero no tengo dudas de que habrá obstáculos y que, durante los próximos cuatro años, tendremos que estar alerta y vigilando todos los días», puntualizó Dides.