El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, habría utilizado -según documentos del Congreso de ese país- más de 600 millones de dólares robados a Venezuela con el falso argumento de lucha contra la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico, para ejecutar las obras del xenófobo muro fronterizo colocado en la frontera con México.
En un artículo escrito por David Adams de Noticias Univisión, titulado «La batalla legal entre EEUU y Venezuela por los miles de millones de dólares confiscados a funcionarios corruptos», señala que el gobierno de Trump «ha incautado» -por no decir robado- «cientos de millones de dólares en cuentas bancarias», entre otros bienes «de funcionarios venezolanos corruptos y sus intermediarios en Estados Unidos. Pero nada de ese dinero ha sido devuelto al pueblo venezolano».
«El gobierno interino de Venezuela dice que quiere acceso a los fondos que se les confiscaron en Estados Unidos a funcionarios corruptos y alega que pertenecen al pueblo venezolano. Pero las autoridades estadounidenses tienen otros planes. El Departamento del Tesoro desvió 601 millones de dólares el año pasado (2019) de su fondo de confiscación para ayudar a construir el muro fronterizo del presidente Trump», describe el artículo.
Según Univisión, Guaidó y su equipo ahora sí buscan defender el dinero robado por los Estados Unidos, proceso que se ejecutó precisamente con la ayuda de este grupo extremista opositor venezolano que promovió el secuestro de los recursos del país en el extranjero y el bloqueo total contra los ciudadanos, una jugada que les salió en contra y no como ellos esperaban.
«Conforme Venezuela se hunde más en su crisis política y financiera, están acumulando polvo los miles de millones de dólares de activos públicos (…) que han sido retenidos por gobiernos de todo el mundo, incluyendo el de Donald Trump. Ahora (…) Juan Guaidó (…) está acelerando sus esfuerzos para intentar recuperar ese dinero«, agrega el texto.
Añade que en medio de ese contexto, Washington «libra una batalla en los tribunales para mantener el control de cientos de millones de dólares de esas ganancias ilegales y que forman parte de un tesoro de activos confiscados en todo el mundo».
«Hay una obligación moral de examinar detenidamente este tema. La necesidad en Venezuela está aumentando y la corrupción es de una magnitud industrial», dijo Michael Camilleri, quien redacta un informe, sobre los fondos confiscados, para Diálogo Interamericano, un grupo de expertos de Washington DC que promueve la democracia en América Latina.
Camilleri estimó que «más de 1.000 millones de dólares en dinero robado» se encuentra actualmente retenido en Estados Unidos, «ya sea en cuentas bancarias congeladas o en fondos de confiscación del Gobierno. La cifra retenida en cuentas podría ser del orden de los 24.000 millones de dólares, principalmente en Europa».
«Incluso si se pudiera recuperar una pequeña fracción de este dinero, sería una suma mucho mayor que la asistencia humanitaria total que la comunidad internacional ha podido reunir para Venezuela», resaltó Camilleri.
Más de 600 millones robados para el muro
Adams indica en su artículo que hasta ahora la a administración Trump «parece hacerse de la vista gorda ante la creciente cantidad de dinero procedente del enjuiciamiento por parte de autoridades federales de importantes figuras venezolanas acusadas de soborno y lavado de dinero».
«En el proceso, las autoridades estadounidenses han decomisado cientos de millones de dólares en cuentas bancarias, casas de lujo, automóviles, yates y relojes caros. Pero nada de ese dinero, resultado de la corrupción oficial que incluye el comercio de divisas y la malversación de fondos públicos de la empresa petrolera estatal, PVDSA, se le ha devuelto a Venezuela», ni siquiera a Guaidó, añade.
Explica que la mayor parte del dinero ha sido recaudado por los Departamentos de Justicia y Tesorería de Estados Unidos y se mantiene en fondos especiales de confiscación que se utilizan principalmente para financiar investigaciones policiales.
«Una pequeña porción del dinero se comparte con gobiernos extranjeros en casos en los que pueden demostrar que brindaron asistencia y merecen una parte de los ingresos. Pero, hasta ahora, Venezuela no ha recibido nada», indica.
Al respecto, Andrés Oppenheimer, periodista argentino residenciado en Miami, escribió un artículo de opinión sobre el tema, dónde detalla que la noticia del uso de estos recursos robados a Venezuela, es una noticia importante que pasó por debajo de la mesa en medio de la pandemia del coronavirus y la crisis generada por las masivas protestas antirraciales y contra el abuso policial.
«Aquí hay una noticia que pasó casi desapercibida en medio de la pandemia de COVID-19 y las protestas raciales en Estados Unidos, pero que merece atención: señala que el presidente Donald Trump habría usado fondos incautados a la dictadura de Venezuela para pagar su inútil muro fronterizo».
Según Oppenheimer, los abogados de Juan Guaidó, a quien menciona «como presidente de la Asamblea» y que «es reconocido por Estados Unidos como el presidente legítimo de Venezuela», han solicitado que el dinero sea entregado «al gobierno interino de Guaidó» para ser distribuido «–bajo supervisión estadounidense–» entre los venezolanos «que sufren la crisis humanitaria del país».
«Los bienes incautados están siendo retenidos por el Departamento de Justicia y el Fondo de Confiscación del Departamento del Tesoro. Y, según registros del Congreso y documentos judiciales, se han utilizado alrededor de $ 601 millones del Fondo de Confiscación del Tesoro para construir el muro fronterizo de Trump», describe Oppenheimer en su artículo publicado en El Nuevo Herald y el Miami Herald.
«Cuando le pregunté sobre el artículo, el embajador del gobierno interino de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, me dijo que tanto él como el fiscal general del gobierno de Guaidó, José Ignacio Hernández, han solicitado oficialmente al gobierno de Trump que se destinen esos fondos para ayudar a los venezolanos durante la pandemia del coronavirus, y para los más de 5 millones de refugiados venezolanos», comenta el periodista argentino.
Oppenheimer agregó que Vecchio -falso embajador de Venezuela y miembro del grupo sedicioso Voluntad Popular, que se ha encargado de robar los recursos y mantener secuestrados los bienes de la refinería CITGO, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), valorados en más de 60.000 millones de dólares- dijo que no sabía si ese dinero lo habían gastado en el muro.
“No sé si el dinero fue usado para el muro fronterizo o no’, me dijo Vecchio. ‘Lo que sé es que estamos haciendo todo lo posible para que ese dinero vaya a un fondo y sea entregado de manera transparente al pueblo venezolano”, acotó Oppenheimer.
El control de los recursos robados lo tiene Trump
Luego Vecchio le dijo a Oppenheimer «que espera firmar un acuerdo con el Gobierno de Trump ‘este año’ para crear ese fondo», esto a pesar que se suponía que Venezuela, bajo el falso mandato de Juan Guaidó, tenía control de estos recursos desde enero de 2019, una confesión que echa por tierra que los recursos del Estado venezolano -congelados y secuestrados en el -están siendo «resguardados» para «protegerlos de la dictadura» de Maduro y dárselos a los venezolanos.
«Gran parte del problema radica en establecer un marco legal mediante el cual los activos recuperados puedan agruparse en un solo fondo, en lugar de tener que ser litigados caso por caso», explicó Vecchio.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, explica Oppenheimer, el Gobierno de Estados Unidos tiene al menos 450 millones de dólares en activos venezolanos «vinculados a la corrupción». Gran parte de ese dinero fue incautado en el sur de la Florida.
«El senador Bob Menéndez (de Nueva Jersey), que patrocinó la ley VERDAD para asegurar la entrega de estos fondos a un futuro gobierno democrático de Venezuela, me señaló en un email que ‘en lugar de utilizar estos fondos para apoyar a los venezolanos que necesitan desesperadamente ayuda humanitaria o la futura reconstrucción de Venezuela, me consterna saber que la Administración Trump puede estar desperdiciándolos en el vergonzoso muro fronterizo del presidente Trump”, comenta el periodista argentino.
Agrega Oppenheimer que «es hora de que Trump dé una explicación detallada sobre si ese dinero ha sido usado para pagar parte del muro fronterizo. Como lo hemos dicho muchas veces, el muro de Trump es un proyecto increíblemente costoso que sirve de muy poco».
«Al contrario de la demagogia xenófoba de Trump, el número de inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera es muchísimo menor de lo que era a principios de la década de 2000, según cifras de la Patrulla Fronteriza. Además, casi la mitad de los indocumentados mexicanos no llegan a Estados Unidos cruzando la frontera, sino que llegan en avión y se quedan más allá de lo permitido en sus visas», subraya.
Añade que «lo más importante» para Venezuela «es que Trump debería acelerar la creación de un mecanismo legal para liberar estos fondos» y que el gobierno estadounidense «ha contribuido muy poco» para ayudar con recursos a los venezolanos.
«En comparación con Colombia, Perú, Ecuador y otros países, Estados Unidos ha contribuido muy poco como porcentaje de su producto bruto para ayudar al pueblo venezolano. Peor aún, a diferencia de Colombia, Perú y Ecuador, Trump se ha negado a otorgarle el estado de protección temporal migratoria a los venezolanos. Es hora de que Trump sea más generoso con las víctimas de la dictadura de Venezuela. ¡Y el dinero está ahí!», cierra el artículo.
Oppenheimer no es precisamente un defensor del Gobierno venezolano, sino por el contrario, ha sido históricamente un promotor de las campañas mediáticas de mentiras de EEUU contra Venezuela para sostener un continuado ataque que busca controlar el poder político y económico en el país suramericano.
Desde enero de 2019, Washington utiliza la fachada de Guaidó y la creación de un falso Estado paralelo en Venezuela, con el que ha logrado robar recursos de Venezuela en el extranjero, recrudecer el bloqueo total, sabotear la industria petrolera y asfixiar al pueblo para ver si generan una implosión social que no ha tenido efecto. Pasan los meses y lo único que han dejado en evidencia es el vil robo de miles de millones de dólares que han originado una agudización de las carencias en la calidad de vida de los venezolanos.
No falta dinero, sobran los ladrones
Agrega Adams, en su artículo, que Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas con Maduro, al cual el Departamento de Justicia ha acusado de «corrupción masiva y narcotráfico»; y Guaidó, por otro lado, «no tiene acceso al poder y no controla ninguna de las agencias de aplicación de la ley del país que puedan proporcionar asistencia en la aplicación de las leyes de Estados Unidos».
«¿Por qué Estados Unidos querría compartir algo con Maduro si él no coopera y el dinero lo robaron sus funcionarios gubernamentales en primer lugar?», dijo David Weinstein, ex fiscal federal en Miami, entrevistado por Adams, quien añade que «sería bueno» ayudar a un «nuevo gobierno» que surja en Venezuela, «pero ¿por qué recompensarlos si no han participado en ninguna de estas investigaciones o no han hecho nada para ayudarnos?».
Las autoridades estadounidenses dicen que las confiscaciones ordenadas por la corte se envían a dos fondos, uno administrado por el Departamento de Justicia y otro por el Departamento del Tesoro. La mayoría de los bienes incautados terminan en el Departamento de Justicia, mientras que los bienes sancionados, las multas impuestas por la corte y los impuestos adeudados, van al Departamento del Tesoro.
«Los fondos confiscados pueden devolvérsele a un país extranjero solicitante. Sin embargo, esa determinación se realiza caso por caso y en base a hechos específicos», dijo un portavoz del Departamento de Justicia citado en el artículo, quien añade que «el Departamento del Tesoro» termina usando «los fondos» «para pagar investigaciones y gastos como dinero para recompensas, contratistas externos y almacenamiento de bienes incautados, como drogas, así como el pago de salarios de horas extras, viajes, combustible, capacitación y equipo».
«Los ingresos también se comparten con otras agencias federales, agencias policiales estatales y locales y países extranjeros, según su nivel de participación en la investigación», añade.
Guaidó no sabe cómo hacer para quedarse con algo
Explica el artículo de Univisión que en supuestos «documentos legales», los abogados de Guaidó han alegado que la estatal PDVSA «es una ‘víctima’ de la codicia de los funcionarios del gobierno y, por lo tanto, merece la restitución de sus activos confiscados».
«En virtud del derecho internacional, incluyendo la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 2003, es posible que Estados Unidos no tenga mucho derecho a los fondos«, agrega el texto con base en una declaración del asesor financiero, José Gonzáles, quien dice que «el dinero no le pertenece a Estados Unidos. Es dinero de Venezuela«.
Pero los fiscales federales de Miami respondieron en mayo diciendo que PDVSA «no califica como víctima» debido a su «complicidad en las tramas de soborno y lavado de dinero» y porque una entidad soberana no se puede considerar víctima de delito.
Los fiscales alegaron que la ley de indemnización a las víctimas de delitos solo se aplica a las personas directamente perjudicadas. No se aplica donde «el número de víctimas identificables es tan grande que hace que la indemnización sea inviable», añadieron, señalando que Venezuela era una nación de 30 millones de personas.
En otro artículo escrito por Adams y titulado «Gobierno de Guaidó busca acuerdo con EEUU para recuperar el dinero de la corrupción de Venezuela», basada en una entrevista a Vecchio, el miembro del grupo sedicioso Voluntad Popular dijo que «comenzó a planear una estrategia para persuadir al Congreso de Estados Unidos de aprobar una ley, escribiendo cartas a dos senadores influyentes, el republicano Marco Rubio, de Florida, y el demócrata Bob Menéndez, de Nueva Jersey».
«Les dijimos que había que cambiar el criterio de víctimas», aseguró Vecchio, promotor también del robo de recursos a Venezuela y de su refinería CITGO.
Según el artículo, «en los últimos meses», el falso «Procurador Especial» de Guaidó, José Ignacio Hernández, «ha comenzado a impugnar algunas confiscaciones en los tribunales federales de Estados Unidos».
Añade que, según Vecchio, la idea no es «ir caso por caso», sino centrarse «en un convenio para compartir los activos con las autoridades estadounidenses».
«No queremos litigar caso a caso, necesitamos llegar a un acuerdo integral sobre esto», dice Vecchio, quien confiesa que lo más conveniente para ellos es establecer una cifra y «un porcentaje de distribución» del dinero robado a Venezuela.
«Nosotros decimos que no hay ningún tipo de problema, que establecemos todos los mecanismos necesarios, con representantes de Estados Unidos y organizaciones internacionales», añadió, al sugerir que se podría repartir con los gobiernos de Colombia, Perú y Ecuador, que han recibido «millones» de venezolanos.
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