Consejo de Seguridad de la ONU condenó a la junta militar de Myanmar por represión en manifestaciones

El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) condenó por primera vez a la junta militar Myanmar, mientras cientos de policías y soldados lanzaron una redada en Rangún, la ciudad más grandes de Birmania, contra trabajadores ferroviarios en huelga.

El documento, adoptado por sus 15 miembros, entre ellos China y Rusia, critica a los militares de una manera sin precedentes y les pide la «mayor moderación», aunque no menciona la palabra «golpe» ni posibles sanciones.

El Consejo de Seguridad, que «condena firmemente la violencia contra manifestantes pacíficos, entre ellos mujeres, jóvenes y niños», pide a las partes «buscar una solución pacífica», reseñó la AFP.

El documento redactado por el Reino Unido pide también «la inmediata liberación de los detenidos arbitrariamente» desde el 1 de febrero, cuando los generales derrocaron el gobierno civil de Aung San Suu Kyi.

Estados Unidos, no obstante, anunció poco después que congeló los activos en su país de dos hijos del jefe de la junta militar birmana, Min Aung Hlaing, «en respuesta al golpe» y «su brutal matanza de manifestantes pacíficos».

Amnistía Internacional denunció «ejecuciones extrajudiciales» y el uso de armas de guerra contra manifestantes. Afirma haber analizado 55 vídeos, grabados entre el 28 de febrero y el 8 de marzo por civiles y la prensa local, que muestran que el ejército birmano utiliza «la fuerza letal» de «forma planificada, premeditada y coordinada».

Aprovechando la división hasta ahora de la comunidad internacional, que se enfrentaba a los vetos de Moscú y Pekín, aliados tradicionales de la junta militar, los generales mantuvieron la represión.

Médicos, profesores, empleados de compañías eléctricas y ferroviarias y muchos funcionarios dejaron de trabajar desde el golpe de Estado.

Los principales sindicatos llamaron a «la paralización total de la economía» para aumentar la presión sobre los militares.

La junta ordenó a los funcionarios que regresen a trabajar, si no quieren ser despedidos y exponerse a represalias.

En el barrio de Okkalapa se practicaron un «centenar de detenciones», según un socorrista. «Algunos manifestantes fueron golpeados, hay heridos», agregó.

Al menos 60 civiles han muerto y casi 2 mil personas han sido detenidas desde el 1 de febrero, según la Asociación para la Asistencia a los Presos Políticos.

Los militares también han hecho redadas contra medios independientes y les han retirado licencias de operación. Una veintena de periodistas están detenidos.

El ejército niega estar implicado en la muerte de manifestantes y justifica su golpe por un eventual fraude en las elecciones legislativas de noviembre que ganó el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND).

Los diputados que no reconozcan la legitimidad de la junta se convierten en culpables de «alta traición», un delito castigado con la pena de muerte o con 22 años de detención, advirtieron los militares.

En este contexto, al menos 136 birmanos se refugiaron en India desde el golpe de Estado y decenas más esperan en la frontera poder hacerlo, anunciaron las autoridades indias.

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