Corte de Apelaciones de EE.UU. mantiene orden que bloquea deportaciones bajo ley de tiempos de guerra

El Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia rechazó este miércoles retirar una orden que impide la deportación de migrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta ley, invocada por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, fue utilizada por el gobierno del presidente Donald Trump para deportar a cientos de personas bajo el argumento de que la pandilla Tren de Aragua constituía una «fuerza invasora».

También puedes leer: Venezuela denuncia trato «cruel y degradante» hacia migrantes ante la ONU

Un panel de tres jueces, en una decisión dividida, mantuvo la suspensión de las deportaciones impuesta por el juez federal James Boasberg el pasado 15 de marzo. La orden bloquea temporalmente el traslado de migrantes venezolanos detenidos en Texas, permitiendo que los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) continúen su lucha en nombre de cinco venezolanos afectados.

Las juezas Patricia Millett, nominada por el expresidente Barack Obama, y Karen LeCraft Henderson, nominada por el expresidente George H.W. Bush, votaron a favor de mantener la prohibición. Millett argumentó que la medida sólo mantiene el estado actual mientras se resuelven cuestiones legales de gran importancia. Henderson, por su parte, advirtió sobre el riesgo de «exiliar a los demandantes a tierras que no son su país de origen».

El juez Justin Walker, nominado por Trump, emitió una opinión disidente, señalando que las demandas deberían resolverse en Texas y advirtiendo sobre el impacto negativo en las negociaciones de seguridad nacional.

Este fallo se produce en medio de crecientes tensiones entre la Casa Blanca y los tribunales federales, en un caso que plantea interrogantes sobre el uso de leyes de tiempos de guerra en un contexto sin conflicto militar.

El presidente de Democracy Forward, Skye Perryman, celebró el fallo como una victoria para el debido proceso, subrayando que «el presidente Trump está sujeto a las leyes de este país», y que estas no permiten el uso de poderes de guerra sin que Estados Unidos esté formalmente en conflicto.

El juez Boasberg ha prometido investigar si el gobierno desafió su orden de traer de vuelta a los aviones que transportaban a los migrantes deportados. Mientras tanto, el gobierno ha invocado el privilegio de secretos de estado para no proporcionar más información.

Este fallo subraya la compleja interacción entre el poder ejecutivo y el sistema judicial en decisiones sobre inmigración, así como el debate sobre los límites del poder presidencial en tiempos de paz.

Foto: X

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0
💬 https://t.me/ciudadanomx
📰 elciudadano.com