Crece tensión política entre independentistas de Cataluña y Gobierno español

El Consejo de Ministros españoles celebrado en Barcelona fue tomado por los independentistas de Cataluña como un acto de provocación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Así, la tensión política entre ambos bandos se incrementó y concluyó en manifestaciones que cerraron calles y derivaron en enfrentamientos con la policía.

Aunque los independentistas convocaron manifestaciones pacíficas, la actitud hostil de los policías llevó a que se generaran choques entre separatistas y los funcionarios, arrojando un saldo de 13 detenidos y 77 heridos, de los cuales 35 son agentes, según cifras reseñadas por las autoridades regionales.

AFP reseñó que, durante la jornada, manifestantes encapuchados lanzaron contenedores, piedras, vallas, huevos, botellas y petardos a los agentes. En uno de los incidentes, estos replicaron con pelotas de goma.

Además, se registró una grave agresión a un periodista español que cubría las protestas para un medio de comunicación conservador, registró el portal mexicano de La Jornada.

Más de 77 heridos dejó  enfrentamientos en Barcelona

Los lemas que entonaban los protestaban de distintos grupos tenían que ver con el llamado a bloqueo de todas las vías de Barcelona, entre ellos «Desbordémoslos» o «Seremos ingobernables».

Mientras, al unísono, los Comités de Defensa de la República (CDR) cortaron varias carreteras en Cataluña y luego 40.000 independentistas colmaron el Paseo de Gracia de Barcelona, bajo el lema «Tumbemos el régimen», citó EFE.

En medio de la multitud, se veían letras gigantes de colores amarillas y blancas que formaban las palabras «Freedom» (libertad) y «Peace» (paz). Sin embargo, varios manifestantes expresaron su sentir:

«Hace tiempo que deberíamos haber dado un golpe sobre la mesa, parar el país económicamente, en referencia a Cataluña. Nosotros no tenemos armas, lo único que podemos hacer es tocarles el bolsillo», dijo Joan Ventura, un jubilado de 72 años a AFP.

Otro comentario no menos sutil, fue el del actor Pep Planas, quien desde la tarima dijo: «Mientras dure la represión, el gobierno español no es bienvenido en nuestro país».

Decisión no acertada

Los pro independentistas de Cataluña alegan que la decisión del presidente Pedro Sánchez, «no fue la más acertada». Sin embargo, el Mandatario indicó que quiso reunir a su gobierno en Barcelona para rebajar tensiones con el Ejecutivo regional catalán, en manos de los independentistas.

Además, señaló que el jueves mantuvo un encuentro con Quim Torra que buscó «encauzar políticamente la salida del conflicto en Cataluña» y concluyendo en la fracasada tentativa de secesión del año pasado.

El dispositivo de seguridad trataba de mantener alejados a los manifestantes

«Lo que hemos venido a hacer aquí es un acto de afecto, de aprecio a Cataluña» y Barcelona, indicó la portavoz del ejecutivo socialista, al culminar el Consejo de Ministros.

El Consejo se celebró en el palacio de la Llotja de Mar, en medio de un fuerte dispositivo policial para mantener alejados a los manifestantes. En el encuentro se aprobó que en 2019 se implementarán dos medidas: un incremento del salario mínimo del 22 % y una subida de los sueldos de los funcionarios del 2,25 %.

Además, el Gobierno decidió que el aeropuerto de Barcelona-El Prat pasará a llamarse «Josep Tarradellas», en honor del que fuera presidente catalán en el exilio durante el franquismo y primer presidente regional con la democracia.

Consejo de guerra

Pedro Sánchez condenó el consejo de guerra que en 1940 y en la dictadura franquista, decidió el fusilamiento de Lluís Companys, expresidente catalán proclamador infructuosamente de la independencia en 1934.

«Venir a Barcelona para cambiar el nombre del aeropuerto (…) a lo mejor no hacía falta», cuestionó la portavoz del gobierno regional, Elsa Artadi.

La reunión del gobierno tuvo lugar justo a un año de los comicios regionales que revalidaron la mayoría separatista en el Parlamento regional, disuelto en octubre de 2017 por el gobierno conservador de Mariano Rajoy, tras la declaración unilateral de independencia.

Los independentistas mantienen su posición de la separación de España, y Sánchez insiste en una negociación pacífica

Comunicado conjunto

Un día antes del encuentro de ministros, Pedro Sánchez se reunió con Quim Torra, quien mantiene su posición de hacer realidad una República catalana independiente de España y ambos elaboraron un comunicado conjunto donde se comprometen a «un diálogo efectivo».

La firma del documento está destinada a «avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica». Pero, las críticas llegaron por parte de la oposición conservadora.

Pablo Casado, líder del Partido Popular, dijo que «parecía una cumbre entre dos gobiernos de dos países distintos» y lo tachó de «acto de traición a España».

Mientras, Ciudadanos, partido liderado por Albert Rivera y que rechaza la secesión de Cataluña, también vio de mal gusto la posición del gobierno de Sánchez.

Meritxell Batet, ministra de Política Territorial, respondió a las críticas de la derecha afirmando que el derecho a la autodeterminación planteado por Torra «no existe». «No cabe en nuestro ordenamiento jurídico, además de no resolver el problema de fondo», sentenció.

A su vez, Celaá —vocera del gobierno— insistió en que la apuesta que hace Sánchez servirá para «encauzar políticamente las relaciones con Cataluña». Los contactos con la Generalitat durante los últimos seis meses «han dado sus frutos con medidas concretas».

Sánchez busca acceder de manera directa al Gobierno de Cataluña para evitar la separación

Medidas concretas

A juicio de Sánchez, es factible reconstruir el bloque que le permitió acceder al gobierno nacional. Su equipo intenta alargar la legislatura y sostiene que los puentes entre Barcelona y Madrid permitirían reeditar esa alianza después de las próximas elecciones.

Otros consideran que el Mandatario no esconde la preocupación por el desgaste que sufre cada vez que intenta un acercamiento hacia Torra y su gobierno, por más que deje claro que cualquier medida que se aborde con la Generalitat «será en el marco de la seguridad jurídica», como reza el documento pactado con el gobierno catalán.

El problema de la ambigüedad del documento acordado radica en que, mientras para el gobierno nacional esa seguridad jurídica impide ir más allá de un nuevo Estatuto para Cataluña, la Generalitat sigue persiguiendo el objetivo de un referéndum de independencia, y negándose a decir con claridad que abandona la vía unilateral que en 2017 motivó la intervención de la autonomía.

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