El gobierno del Reino Unido ha aprobado nuevos poderes de vigilancia que opositores han tachado de «peligrosos» y «terroríficos», indica Zack Whittaker, del sitio web ZDNet.
La nueva ley fue presentada en mayo de 2012 por la entonces secretaria de Interior Theresa May y sobrevivió a dos intentos previos de ratificación por numerosos conflictos con la anterior coalición gobernante. Cuatro años más tarde, con May ejerciendo el cargo de primera ministra, ambas cámaras del parlamento dieron luz verde al proyecto.
Organizaciones promotoras de libertades civiles han criticado el libelo, argumentando que a partir de ahora el gobierno podrá «registrar todo lo que hacemos en internet».
La ley obliga a los proveedores de internet a grabar cada año el historial de sus clientes en tiempo real, poniendo la información a disposición de numerosas reparticiones del Estado. También concede un poder a las agencias de inteligencia para hackear computadores y aparatos electrónicos de ciudadanos, exceptuando a periodistas y otros profesionales, que contarán con protecciones marginales.
Según el director de Open Rights Group, Jim Killock, se trata de la iniciativa «de vigilancia más extrema que haya sido aprobada en democracia», lo que generó incluso el rechazo de representantes de Naciones Unidas y empresas privadas.
Hay, eso sí, algunas garantías, ya un actor judicial independiente deberá autorizar expresamente los registros, cuyo uso estará fiscalizado por un comisionado especial de investigaciones.
El gobierno ha dicho insistentemente que la ley no es nueva sino una mera actualización de la antigua Regulation of Investigatory Powers Act (RIPA), revelada durante el escándalo de Edward Snowden, que permitía intervenir las redes.