En enero de 2013, durante un juicio militar contra cinco hombres acusados de planificar los ataques del 11-S, un abogado defensor mostró una imagen relacionada con el programa de cárceles secretas de la CIA. Repentinamente, una entidad misteriosa cortó el audio de su alegato.
Se pensó que un sistema de censuras había sido activado por el juez militar, coronel James Pohl. No obstante, la autoridad se encargó rápidamente de desmentir dicha información, apuntando a un órgano externo que intervino para evadir el atento oído de la prensa que observaba desde las galerías.
Tres documentos revelados ahora por el sitio web The Intercept señalan como culpable de este hecho a la CIA, mostrando un conjunto de normas reservadas que apartan del escrutinio público informaciones vertidas en juicios militares contra presos de Guantánamo.
Los papeles llevan la marca de “secretos” y fueron distribuidos entre abogados defensores y funcionarios del Pentágono que deben concurrir a las audiencias para prestar servicios de seguridad.
Una guía de 2008, por ejemplo, ordena tratar con extrema reserva datos relativos al “tratamiento de los detenidos”, las “condiciones de confinamiento” y “falsas acusaciones de tortura”, prácticas que años más tarde fueron verificadas por una investigación del Senado de EEUU a cargo de la congresista Dianne Feinstein.
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