Denuncian que el Pentágono ha boicoteado los esfuerzos de Obama de cerrar la cárcel de Guantánamo

Reuters lo deja en claro: el Pentágono, ministerio de Defensa de Estados Unidos, ha estado boicoteando una solución para quizás el punto más negro de la política exterior de este país en la última década: la cárcel de Guantánamo.

El área donde Estados Unidos retiene sin proceso formal a decenas de supuestos talibanes o enemigos del país es una ofensa doble: en primer lugar, la cárcel se mantiene en funcionamiento pese a denuncias formales de tortura documentadas por la Cruz Roja, Naciones Unidas, medios de comunicación y organismos de defensa de los derechos humanos, y en segundo lugar, ejerce la tortura en un territorio ocupado dentro de la isla soberana de Cuba, negándose a devolver ese espacio que rompe la integridad territorial del país.

Según Reuters, en un completo reporte exclusivo, firmado por los periodistas Charles Levinson y David Rohde, existe un patrón de “obstruccionismo” en funcionarios del Pentágono, que ha retrasado la transferencia o liberación de muchas de las personas retenidas.

Uno de los abogados de los reos, Omar Farah, señalo que “las revelaciones prueban que no hay línea que el Pentágono no cruzará para frustrar los esfuerzos del Presidente para cerrar Guantánamo”.

El informe de Reuters también señala que según fuentes militares, el general John Kelly, a cargo del Comando del Sur que incluye a Guantánamo, no concuerda con la política de Barack Obama de cerrar la cárcel, uno de los puntos vitales del fracaso del gobierno en este tema. Un factor clave: uno de los hijos de Kelly fue muerto combatiendo a los talibanes en Afganistán…

Los oficiales del Pentágono se han negado a proveer fotografías, completar records médicos y otra documentación básica para los gobiernos extranjeros que están dispuestos a recibir detenidos, señala el reporte de Reuters.

Asimismo, personal del Departamento de Defensa han puesto trabas a la visita de delegaciones oficiales de gobiernos, o limitado el tiempo que pueden tener para dialogar con los detenidos. Por ejemplo, han perjudicado además el acceso a entrevistas de video grabadas dentro de la cárcel por visitantes de esos gobiernos extranjeros, que buscan evaluar la transferencia de detenidos.

Los esfuerzos perjudicaron, entre otros, el caso de cuatro afganos, Khi Ali Gul, Shawali Khan, Abdul Ghani y Mohammed Zahir. Estuvieron presos sin condenas ni pruebas en su contra por 7 años. Luego de ser autorizada su liberación en Afganistán, pasaron 5 años más en la cárcel, hasta ser finalmente liberados en 2014.

La misma inacción o resistencia de parte del Pentágono ha perjudicado la transferencia de 6 prisioneros a Uruguay, 5 a Kazajstán, uno a Mauritania, y otro a Inglaterra.

Especialmente problemático es el caso del prisionero Tariq Ba Odah, quien lleva 14 años preso, y 5 años en espera con completa autorización para ser transferido. Su abogado, Omar Farah, ha denunciado su caso insistentemente. El detenido ya lleva 7 años en huelga de hambre, obligado por el personal de la cárcel a ser alimentado forzadamente. Ha perdido la mitad de su peso, de 148 libras a 74 actualmente. Incluso sus récords médicos son retenidos por el Pentágono, aduciendo preocupaciones por su «privacidad». El abogado Farah denuncia este hecho como un «descaro», considerando que Tariq Ba Odah ha firmado el consentimiento pleno para que sus récords médicos sean hechos públicos.

Tanto funcionarios de la Casa Blanca como del Pentágono negaron que haya una confrontación entre ambos organismos. Sin embargo, Reuters señala que bajo el gobierno de Bush no hubo problemas para transferir a detenidos, y 532 lograron salir de Guantánamo. En lo que va del gobierno de Obama, sólo 131 han sido transferidos, a`´un quedando retenidos sin juicio ni proceso judicial 107 personas.

En contexto…

El tema es extremadamente simbólico para Obama, quien declaró en 2007 antes de su primera elección en 2008 que de ser elegido presidente, cerraría la cárcel de Guantánamo, para firmar dos días después de asumir la presidencia, el 22 de enero de 2009, la orden de cierre “en un año”. Siete años después, su promesa permanece pendiente, y decenas de detenidos sin juicio y víctimas de tortura, aún esperando una solución legal a sus casos.