La Policía Nacional ha desarticulado una organización de origen nigeriano asentada en Málaga y ha liberado a diez mujeres, además de detener a 15 integrantes de esta red criminal. Las víctimas eran captadas en Nigeria y trasladadas por diferentes rutas hasta España.
Eran obligadas a prostituirse en condiciones infrahumanas en clubes de alterne de la provincia de Málaga y en el polígono Guadalhorce de la capital. Para pagar una deuda con la organización que oscilaba entre 25.000 y 55.000 euros.
Los agentes lograron desarticular la rama de la red especializada en trasladar a Nigeria las ganancias obtenidas de la explotación sexual de las víctimas, según informó la Policía Nacional en un comunicado.
La investigación comenzó a finales de 2017 por la declaración de una víctima quien relató haber sido captada en Nigeria a principios del mismo año. Tras ser trasladada a España, fue explotada sexualmente durante ocho meses en el polígono Gualdahorce, en Málaga.
Tras analizar todos los datos obtenidos, los agentes establecieron el correspondiente dispositivo y arrestaron a 15 personas en Málaga (13), Madrid y Algeciras (Cádiz). En los seis registros efectuados en diferentes domicilios de Málaga incautaron 53.000 euros y 11.000 libras así como ordenadores, teléfonos móviles, documentación relacionada con las víctimas y efectos del vudú.
Mujer explota a su mismo género
Tras varias gestiones, los agentes comprobaron que la organización estaba liderada por una mujer asentada en Nigeria, siendo la principal encargada de la captación de las víctimas en ese país. Las víctimas se encontraban en la más absoluta precariedad económica y, aprovechando ese estado de necesidad, les exigían entre 25.000 y 55.000 euros haciéndoles creer que los pagos serían fáciles de afrontar y que en pocos meses habrían satisfecho la deuda.
El compromiso se consolidaba mediante rituales de vudú que se realizaban tanto en Nigeria como en Málaga, constituyendo un infalible mecanismo de control puesto que, en caso de incumplimiento, las víctimas creían que tanto ellas como sus familias sufrirían males que podrían llegar hasta la muerte.
La ruta terrestre Nigeria-Níger-Libia era la más peligrosa puesto que las víctimas tenían que atravesar el desierto y, una vez en Libia, permanecer varios meses en un campamento donde sufrían todo tipo de vejaciones y abusos hasta que se subían a una embarcación rumbo a Italia.
Ganancias exorbitantes
La policía constató el volumen de ganancias de la organización desde el año 2017, al detectar que las víctimas empezaron a ser trasladadas en avión directamente desde Nigeria hasta Málaga. De esta forma se aseguraban que las víctimas llegaran rápidamente a España. El empleo del traslado aéreo aumentaba la deuda exigida a las féminas.
Una vez en Málaga, les informaban que debían prostituirse para pagar la deuda contraída con la organización. La actividad la realizaban todos los días durante maratonianas jornadas, debiendo entregar de forma semanal el dinero ganado a sus tratantes.
Estructura criminal organizada
Además de la captadora en el país de origen, la organización disponía en ambas vías migratorias de miembros que se encargaban de planificar el viaje y controlar a las víctimas hasta que llegaban a su destino.
La rama de la organización que operaba en España era encabezaba por otra mujer quien mantenía nexos con la asentada en Nigeria. Se valían de un entramado de personas dedicadas al traslado del dinero obtenido de la explotación sexual para que el mismo llegara al país africano. Para ello utilizaban transacciones bancarias y envíos de dinero por medio de transporte denominadas “mulas humanas”, es decir, personas que viajaban de España a Nigeria llevando ocultas grandes cantidades de dinero.
Durante el presente año, la Policía Nacional ha llevado a cabo unas 500 operaciones contra la trata y explotación sexual logrando más de 1.200 detenciones y liberando a 223 víctimas. Además se han realizado 1.250 comunicaciones por parte de la figura del Interlocutor Social que en cada provincia mantiene contacto directo con fiscalías de extranjería y diversas ONG’S especializadas para atajar este delito desde una perspectiva multidisciplinar.
La suma económica detectada a estas organizaciones durante en el mismo periodo asciende a los 38 millones de euros. Las mujeres rescatadas principalmente de nacionalidad rumana, nigeriana, china y dominicana. Además de lograr la identificación, localización y liberación de 20 menores de edad.
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