Las autoridades llenaron tres autobuses (dos de hombres y uno de mujeres) en la procesadora de carne de pollo Koch Foods Inc. en el pueblo de Morton
Agentes migratorios federales allanaron el miércoles varias plantas procesadoras de alimentos en Mississippi, y arrestaron a 680 trabajadores (en su mayoría hispanos) en la operación más grande de su tipo en la última década, y que forma parte de un diseño de política de Estado para amedrentar a los inmigrantes.
Las redadas, planeadas desde hace meses, forman parte del programa piloto para acelerar el proceso migratorio de familias atrapadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés); sin embargo, ocurrieron horas antes de que el presidente Donald Trump realizara una visita a El Paso, Texas, ciudad fronteriza habitada mayormente por latinos y en la que un sujeto vinculado a un largo manifiesto publicado en línea sobre una “invasión hispana” es el principal sospechoso de matar a tiros a 22 personas.
Las autoridades llenaron tres autobuses (dos de hombres y uno de mujeres) en la procesadora de carne de pollo Koch Foods Inc. en el pueblo de Morton, a 64 kilómetros (40 millas) al este de Jackson. Los detenidos fueron llevados a un hangar militar para ser procesados por violaciones migratorias.
Un niño de 13 años, cuyos padres son de Guatemala, lloraba mientras se despedía desde lejos de su madre, empleada de Koch, y permanecía junto a su padre. Algunos trabajadores trataron de escapar a pie, pero fueron capturados en el estacionamiento.
La redada estuvo conformada por unos 600 agentes que inspeccionaron las plantas de varias compañías y rodearon los perímetros para evitar que los trabajadores escaparan. Las operaciones se realizaron en pequeñas localidades de los alrededores de Jackson que tienen una fuerza laboral conformada principalmente por inmigrantes latinos: Bay Springs, Carthage, Canton, Morton, Pelahatchie y Sebastapol.
El director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, Matthew Albence, dijo a The Associated Press que la operación podría ser la más grande de su tipo hasta ahora en un solo estado.
Cuando se le preguntó sobre el hecho de que las redadas coincidieron con la visita de Trump a El Paso, Albence respondió: «Esta es una operación de largo plazo planificada de antemano. Nuestras operaciones para hacer cumplir la ley son racialmente neutras. Las investigaciones están basadas en evidencias».
La operación fue otra muestra de la emblemática prioridad nacional del gobierno de Trump de combatir la inmigración ilegal. Si bien fue planeada desde hace meses, coincidió con la visita de Trump a El Paso para darles sus condolencias a los residentes tras la masacre del sábado.
Trump contra los inmigrantes
El Gobierno que preside Donald Trump ha puesto en marcha un programa piloto para acelerar el proceso migratorio de familias atrapadas por el ICE, con la intención de poder deportarlos más rápidamente y que sirva para disuadir a otros indocumentados.
Este plan afecta en principio sólo a 56.000 personas en 10 ciudades, desde Baltimore (Maryland) hasta Los Ángeles (California), según ha informado la agencia de noticias The Associated Press.
El Gobierno ha elegido a personas arrestadas en esos lugares durante los últimos 10 meses, en un intento de devolverlas a sus países antes de que puedan echar raíces en el país norteamericano. Los solicitantes de asilo que pasan la primera prueba de miedo creíble y obtienen así derecho a comparecer ante un juez de inmigración, logran permiso para trabajar a los seis meses si no se resuelve antes su causa.
Generalmente, seis meses no es tiempo suficiente, y de hecho pueden acumularse años de retraso. En los últimos nueve meses, han sido interceptados casi 700.000 migrantes, y usualmente nueve de cada diez pasan la prueba de temor creíble.
Luego, sólo tres de cada diez consiguen finalmente el asilo (en 2012, con Barack Obama en la Casa Blanca, era el doble), pero hasta la resolución final pueden pasar años, durante los cuales estos inmigrantes hacen su vida en Estados Unidos, lo que convierte su expulsión en más dolorosa.
El Gobierno de Trump ha probado varias estrategias para evitarlo: contratar a más jueces de inmigración, para reducir así un retraso de casi un millón de casos pendientes; obligar a los inmigrantes a esperar la resolución de sus peticiones en México; intentar negar el asilo a todos los que hayan cruzado ilegalmente la frontera en vez de pedirlo en los puertos de entrada; o negociar acuerdos con México y los países centroamericanos para obligar a los migrantes a solicitar asilo antes, so riesgo de que les sea denegado en EE. UU.
Desde septiembre del año pasado hasta junio de este año, se tramitaron así 56.000 casos, según datos del Departamento de Seguridad Nacional obtenidos por la citada agencia. La mayoría aún no han sido resueltos, pero en una de cada cinco ocasiones los afectados no se presentaron ante el juez, por lo que se ordenó su deportación.
Esta cifra depende del lugar: en San Francisco (California), por ejemplo, sólo faltaron a su cita el 4 %, mientras que en Atlanta (Georgia), fueron uno de cada tres. Abogados migratorios han denunciado a The Associated Press que estas diligencias apresuradas les impiden construir su caso adecuadamente.
En tres años de gobierno, en medio de centenares de muertes a raíz de tiroteos, Donald Trump no ha hecho casi nada para endurecer el control de armas. Ahora busca hacerlo a cambio de una reforma migratoria.