Estados Unidos tensó aún más la cuerda con la que pretende asfixiar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, con la presentación de 18 nuevos cargos en su contra.
De acuerdo con el reporte de The Washington Post, entre los cargos que se presentaron este jueves en un gran jurado del estado de Virginia hay uno por espionaje y otro por publicación de documentos altamente clasificados.
Estas acusaciones podrían significar para el australiano una condena de hasta 170 años, reseñó EFE.
Para justificar sus violaciones contra todas las normas internacionales, el secretario adjunto del fiscal general de EE. UU., John Demers, manifestó en un comunicado que «Assange no es un periodista. Nuestro departamento se toma en serio el papel de los periodistas en nuestra democracia».
Con declaraciones como las de Demers, Washington intenta minimizar y opacar la labor de Assange y se contrapone al argumento de la defensa del australiano que ha justificado sus acciones alegando que es parte de su labor periodística.
La primera acusación que hizo EE. UU. se presentó en abril por presuntamente conspirar con la exsoldado Chelsea Manning, quien en 2010 filtró al portal más de 700.000 documentos clasificados. Por este señalamiento, Assange se enfrenta a una posible pena de cinco años de prisión.
Desde el pasado 11 de abril, Assange se encuentra en poder de la justicia británica que lo ha condenado por violación de medidas cautelares en 2012, mientras Washington cruza los dedos y espera su extradición para «cobrarse» las innumerables filtraciones que dejaron en evidencia sus políticas más oscuras.
La ira por el caso que lo tiene bajo la mira de la justicia por sospechas de corrupción, denominado «INA Papers», y la sumisión a los dictámenes de Estados Unidos inscribieron el pasado jueves 11 de mayo al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en la lista de aquellos que violan la Constitución de su país y las normas internacionales para complacer a un imperio.
El rumor empezó a sonar con más fuerza desde la semana anterior a la de la decisión, tras algunos indicios que se reflejaron a finales de 2018, hasta que ese día se concretó la expulsión de Assange de la Embajada de Ecuador en Londres.
En 2018, una serie de hechos dejaron claro que algo tramaba Moreno con los Gobiernos de Estados Unidos y de Reino Unido contra el australiano.
En noviembre, El País reveló que Washington desarrollaba en secreto una estrategia judicial para arrestarlo y solicitar su extradición. Los planes quedaron al descubierto al incluir por error una información clasificada en un documento judicial público. El asunto era que, según lo que trascendió, el Departamento de Justicia tenía ya preparada una acusación formal contra Assange, la cual querían mantener en secreto hasta su arresto.
Previamente, en octubre, el Gobierno ecuatoriano le impuso un régimen casi dictatorial, el cual fue denunciado por los abogados como “una actuación unilateral y arbitraria».
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